La petición de desechar las declaraciones de Emilio Lozoya escaló a una denuncia penal presentada ante Sandra Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, de la que SinEmbargo tiene una copia.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio peñista, Carlos Treviño Medina (2017-2018), presentó una denuncia contra el Fiscal General Alejandro Gertz Manero y contra el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos López, su mano derecha, por el posible delito de tortura psicológica por «presionar» a Emilio Lozoya Austin y a sus familiares con «amenazas» para que firmara una denuncia de «hechos falsos» en carácter de criterio de oportunidad, incluyendo en su contra, lo que le da carácter de ofendido.
Una de las consecuencias de la tortura es la obligación que tiene el Estado de investigarla, pero siendo el perpetrador el propio titular de la Fiscalía General «es evidente que eso no sucederá», por lo que recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expone la denuncia de la que SinEmbargo tiene una copia.
Lozoya Austin, actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, declaró en agosto de 2020 ante la Fiscalía luego de ser extraditado de España que Treviño Medina supuestamente había sido uno de los funcionarios que participó en los sobornos de Odebrecht. Hace unas semanas, se filtró un audio donde se escucha una conversación previa a la extradición en la cual el Fiscal Gertz pidió al padre de Emilio Lozoya que cambiara de abogado y se desistiera de ampararse contra cualquier orden de aprehensión en su contra, por lo que la defensa legal de Treviño, Óscar Zamudio, pidió en un escrito al Fiscal desechar esa denuncia con declaraciones «falsas».
La petición por escrito escaló a una denuncia penal presentada el viernes ante Sandra Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
«Mi defendido, Carlos Alberto Treviño Medina, tiene el carácter de ofendido por haber sido objeto de señalamientos falsos como consecuencia de los actos de tortura perpetrados directamente contra el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin y sus familiares [padres y hermanos]», afirma la denuncia.
Derivado de la declaración de Lozoya, se emitió una orden de aprehensión contra Treviño por supuestos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa del caso Odebrecht.
«Sin lugar a dudas, la denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Lozoya fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República, que también lo obligó a allanarse materialmente al procedimiento de extradición y a cambiar de defensores por unos elegidos por la propia Fiscalía que no se opusieran al plan fraguado por su titular», resume la denuncia.
La denuncia presentada apela a una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la información que se obtenga para incriminar a alguien con motivo de la práctica de la tortura –física o psicológica– nunca es fiable, ni tiene vínculo lógico con la realidad material.
ARGUMENTOS DE LA DENUNCIA CONTRA GERTZ
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien habría sido víctima de tortura según el denunciante, salió del país a finales de mayo de 2019 ya con una orden de aprehensión en su contra y fue detenido hasta febrero de 2020 en España.
A la par, el Fiscal de Control Juan Ramos –el otro denunciado por tortura– asesoró al padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalman, previo a la audiencia inicial de su esposa, Gilda Margarita Austin, para que no fuera encarcelada, dice la denuncia.
«[El Fiscal Juan Ramos] le aconsejó cometer un delito mediante la obtención de un certificado médico falso. Además de ese privilegio, creó presión sobre el señor Emilio Lozoya Austin con la amenaza de regresar a su madre a la cárcel en cualquier momento», asegura la denuncia basada en audios filtrados sobre una conversación del Fiscal Juan Ramos con el padre de Lozoya.
Por su parte, expone la denuncia, el Fiscal General Alejandro Gertz entabló comunicación directa con el padre de Lozoya y le exigió «con violencia verbal» que se produjera un cambio de defensor, lo cual ocurrió con el despido del abogado Javier Coello Trejo, a quien el Fiscal califica como «abogadete».
Con ello, afirma la denuncia, el titular de la Fiscalía General de la República violó los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 (acceso a la justicia) y 20, apartado B, fracción VIII (elegir libremente un defensor) de la Constitución mexicana.
«Es evidente que su voluntad [de Lozoya] estaba totalmente a merced de esa Fiscalía General de la República y que firmó, para que: 1) cesaran las presiones y 2) continuaran los privilegios. Eso es tortura», determinó el denunciante.
Como titular de la Fiscalía General Alejandro Gertz, argumenta la denuncia, «sujetó a tratos degradantes» al padre de Lozoya «para que aceptara cumplir con condiciones impuestas» que implicaban la renuncia a ampararse tanto él como su hijo Juan Jesús. «Todo a cambio de que su esposa pudiera ser liberada», lo que está prohibido por el artículo 22 constitucional.
«El titular de la Fiscalía General ha realizado actos intencionales por los que se infringió un sufrimiento mental a Emilio Lozoya Austin logrando con ello el propósito de que hiciera señalamientos falsos», plantea la denuncia.
«En su carácter de Fiscal General considera no tener ningún superior jerárquico (al menos legalmente) y ha decidido que en lugar de investigar basta con presionar personas mediante la amenaza o solicitud de la prisión preventiva de ellos y/o de sus familiares para hacerlos declarar incriminándose o incriminando a otras personas a quienes se pretende procesar penalmente».
El extitular de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España. Su exdefensa, Javier Coello, ha declarado que considera que su padre –luego de las conversaciones con los fiscales– fue quien delató su paradero.
«Unas semanas después de haber llegado al país, en cumplimiento a los acuerdos que fueron alcanzados por el Fiscal General de la República -mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles- con la familia Lozoya, el señor Emilio Lozoya Austin ya con su voluntad vencida, firmó la denuncia ‘voluntaria y espontáneamente’ de hechos falsos que dio lugar a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020», recuerda la denuncia.
Pero, dice el denunciante, aunque la información proporcionada «no fue veraz, ni útil para investigar delitos de mayor envergadura», la Fiscalía «a cargo del perpetrador de la tortura realizaba una persecución política contra diversas personas».
Meses después, Lozoya Austin fue captado en un restaurante del poniente de la Ciudad de México por la periodista Lourdes Mendoza, lo que derivó en que fuera puesto en prisión preventiva.
Para fortalecer su argumento de probable tortura perpetrada por el Fiscal, la denuncia expone que la extitular de Sedesol Rosario Robles –enemiga política de Gertz– lleva tres años en prisión preventiva por negarse a declarar contra el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda Luis Videgaray en los mismos términos que Lozoya.
También recuerda la «tortura» contra su familia política tras la muerte de su hermano Federico Gertz por una supuesta herencia que se habría quedado su cuñada Laura Morán, así como el conflicto del Fiscal contra la familia Jenkins por la marca de la Universidad de las Américas Puebla en la Ciudad de México, de la que él fue rector: ya como Fiscal, consiguió órdenes de aprehensión por una denuncia por presunto lavado de dinero que no había avanzado desde 2016.
«En el caso del señor Carlos Treviño hubiera sucedido lo mismo si se hubiera presentado, como lo pretendía la Fiscalía General de la República, en condiciones violatorias del debido proceso a una audiencia que fue solicitada con la intención de generar tendenciosamente su prisión preventiva», concluye.
