El Congreso de San Luis Potosí aprobó esta semana tipificar la violencia vicaria, entendida como aquella que se ejerce contra hijos e hijas con el fin de dañar a las mujeres, con ello se convirtió en el noveno estado en legislar sobre el tema, mientras que en al menos 24 de las 32 entidades del país ya se presentaron iniciativas.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Alexandra tiene más de dos años sin ver a sus hijas e hijos, mientras que Jennifer cumplió 18 meses en la misma situación; una en la Ciudad de México y otra en el Estado de México han tenido que lidiar con denuncias de sus exparejas, amparos y otros procesos legales que hacen cada vez más difícil el contacto con ellos.
Su búsqueda por justicia las llevó a fundar en 2021 el Frente Nacional contra Violencia Vicaria (Frente Nacional), donde miles de mujeres organizadas visibilizan el impacto que tiene este tipo de agresión por razón de género en las mamás y las infancias.
Nueve estados ya aprobaron reformas para reconocer la violencia vicaria, San Luis Potosí lo hizo esta semana, pero defensoras alertan que aún hay grandes pendientes, por ejemplo, en el sistema de justicia.
La violencia vicaria se entiendo como aquella que cometen las parejas y exparejas de las mujeres a través de sus hijas e hijos a quienes agreden psicológica o físicamente, en algunos casos los agresores los sustraen y, en su forma más extrema, puede culminar con su asesinato.
De acuerdo con el Frente Nacional, otras características de esta violencia son que los agresores buscan dañar la imagen de las mujeres frente a sus hijas e hijos y las amenazan con nunca volver a verlos, además de promover procesos legales que dilatan, todo esto con la intención de “romper el vínculo materno filial”.
San Luis Potosí se sumó esta semana a la lista de estados que ya tipifican esta violencia, ahora está pendiente que reforme su Código Penal y Familiar para establecer sanciones contra los agresores. Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Baja California Sur, Sinaloa y Colima aprobaron legislaciones sobre el tema este año, mientras que en al menos 24 de las 32 entidades del país ya se presentaron iniciativas.
Jennifer Seifert Braun y Alexandra Volin-Bolok Lovett, fundadoras del Frente Nacional, han identificado que este tipo de violencia se comete al amparo de la violencia institucional, pues juzgados estatales aceptan iniciar y continuar procesos legales en contra de las mujeres sin analizar los casos con perspectiva de género.
«Los procesos van desgastando a las mujeres, emocionalmente, económicamente, te deja sin tiempo y sin oportunidades», lamenta Jennifer, quien fue denunciada por su exesposo a seis años de divorciarse y cuando ella le exigió el pago de la pensión alimenticia para sus hijos, ella comenta que lo más importante es transmitir a las autoridades que las mujeres comienzan sus procesos legales en contextos desiguales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció la gravedad de estas agresiones. En un foro realizado el 11 de octubre, el Ministro presidente Arturo Zaldívar llamó a los juzgadores a reconocer la responsabilidad que tienen en estos casos.
«La violencia vicaria requiere muchos cambios, requiere nuevas leyes procesales, requerimos revolucionar totalmente los procesos familiares, también requerimos cambiar la mentalidad de las juezas y los jueces para que juzguen con perspectiva de género, para que sepan cómo interpretar los testimonios de las niños y los niños, y en todo eso hay criterios de la Primera Sala dela Corte que lamentablemente muchos no se siguen por muchas fallas estructurales», expuso el Ministro.
A la violencia institucional se suma que las mujeres pasan meses, incluso años sin poder ver a sus hijas e hijos. Una encuesta realizada por el Frente Nacional a 2 mil 231 mujeres de todo el país y presentada en mayo de este año reveló que en 80 por ciento de los casos, las víctimas de violencia vicaria fueron separadas de sus hijos e hijas de una forma inesperada con previas amenazas y se les impidió contactarlos.
Los datos muestran que los procesos penales y civiles que los agresores inician contra ella tardan en promedio entre 1 y 1.5 años. «La víctima dedica una tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales, juicios y demás procesos para la recuperación de los menores. Generando desgaste emocional, físico y psicológico», alertó la agrupación.
«La violencia vicaria está dirigida a vulnerar a la mujer con lo que que más quiere, que son sus hijos», explicó la abogada Gabriela Amores Moya, quien representa a víctimas de esta violencia en entrevista con SinEmbargo Al Aire hace unos meses.
El caso de Alexandra Volin-Bolok es muestra de ello. En los últimos dos años no ha visto a sus hijos, pero recuerda que la violencia contra ella y sus hijos comenzó desde el matrimonio, pues durante tres años su ahora expareja los convenció con juguetes y dulces de ocultar infidelidades.
“En el matrimonio, durante tres años los violentó haciéndolos guardar esta carga emocional. Les enseñó a mentirme. Más que la infidelidad me dolió que hizo a mis hijos partícipes y los enseñó a mentir. Y si los enseñó a mentir y los tuvo manipulados durante tres años que guardaron silencio, claro que podría llevarlos a una fiscalía a mentir en contra de mí”, dice en entrevista.
Has pasado dos años desde la última vez que Alexandra vio a sus hijos, su expareja los sustrajo después de que saliera a comer con ellos, a la par de llevárselos, presentó una denuncia en su contra nte el ministerio público de la Fiscalía de Niñas, Niños y adolescentes de la Ciudad de México por violencia.
“Yo también quería entender de dónde salía esta carpeta de investigación y por qué se me estaba acusando, por eso pedí la intervención de una autoridad, sin embargo, pero mi agresor empezó a a meter procesos dilatorios, se amparó, apeló y mis hijos nunca fueron presentados al juzgado de lo familiar. Hasta el día de hoy un Juez de lo familiar no conoce a mis hijos, nunca los han visto. Aunque él promovió una carpeta en mi contra, ahora evade la justicia, evade llevar a los niños porque sabe que su denuncia se basa en mentiras”, lamenta la ahora defensora de los derechos de las mujeres, quien espera la tipificación de la violencia vicaria en la Ciudad de México y así tener herramientas legales contra su agresor.
De acuerdo con la Diputada Nancy Núñez, en el Congreso capitalino «están las condiciones y hay un buen ánimo» para aprobar durante la legislatura actual la iniciativa que incluye este tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso), que ella presentó.
El que cada vez más estados propongan legislar sobre el tema es un logro de las mujeres que han padecido esta violencia, reconoce la legisladora, pues son ellas quienes se acercan para compartir sus vivencias y dar propuestas para atender esta problemática. Una muestra de ello es que integrantes del Frente Nacional plantearon la necesidad de atribuir responsabilidades a más dependencias, después de escuchar las propuestas de las mujeres, este mes la morenista presentó una iniciativa complementaria que reformaría nueve artículos de la Ley de Acceso para involucrar a las secretaría de Salud, de las Mujeres, la de Educación y el DIF en tareas como la difusión de información sobre la violencia vicaria.
«Hay testimonios de mamás que, por ejemplo, han denunciado que en un hospital si su hijo está grave no les quieren dar informes porque la guardia y custodia sólo la tiene el padre, por eso se necesita un esfuerzo de capacitación, de sensibilización, de difusión de lo que es la violencia vicaria, también que se reconozca y no se siga reproduciendo», menciona como ejemplo sobre las responsabilidades que podría tener la Secretaría de Salud.
Alexandra espera que se aprueben reformas en la Ciudad de México, mientras tanto menciona que sigue entregando información a jueces y ministerios públicos que llevan su para sensibilizarlos sobre qué es la violencia vicaria y cómo se vive.
«(Los agresores) quieren exhibirnos como agresoras, como violentas, se trata de desmantelar y desarticular carpetas de investigación una por una, sigo en la lucha por mis hijos, porque se haga justicia», menciona.
En el mismo sentido se pronuncia Jennifer Seifert, ella enfrenta procesos legales para recuperar a sus hijos en el Estado de México, donde ya se reconoce la violencia vicaria en la Ley de Acceso, aunque aún no se tipifica como delito, ya agrega información sobre cómo se entienden estas agresiones en las carpetas familiares, mientras tanto, denuncia que pese a tener elementos que sustentan las agresiones de su expareja, no ha podido volver a estar con ellos.
“Sí logré que mis hijos fueran presentados ante el DIF en diciembre, que reconoció en un informe que estaban en un lugar en donde no se les estaba dando un sano desarrollo. La conclusión fue que los niños están siendo manipulados por parte del papá, aleccionados a decir ciertas cosas, están actuando como niños que no son de su edad», recordó.
La activista llamó a jueces y ministerios públicos a sensibilizarse con sus casos y los de las miles de mujeres que pasan por una situación similar.
«La mayoría de los procesos legales los inician ellos sin la intención de terminarlos porque no se quieren presentar a las audiencias, huyen. El papá de mis hijos ha cambiado de casa como tres o cuatro veces con mis hijos, se vuelve complicado, es un secuestro», también es enfática al asegurar que «sin la violencia institucional, definitivamente la violencia vicaria no existiría».
