La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como Gobernador de Tamaulipas está por terminar. En la ASF está el registro de la manera en que fue utilizado el dinero federal que es enviado a las entidades para fines específicos como educación, salud, infraestructura y seguridad, pero en este tiempo las anomalías en el gasto superaron los 13 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- De 2017 a 2020, en sólo cuatro años de Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las irregularidades en el gasto federalizado de Tamaulipas alcanzaron los 13 mil 467 millones 901 mil 209 pesos, de acuerdo con los hallazgos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Gobierno de Tamaulipas en estos cuatro años de revisión compró medicamentos a precios más altos; contrató a gente que trabajó en puestos inexistentes; pagó el sueldo de 40 trabajadores fallecidos; pagó por libros de texto que no fueron entregados; se otorgaron gratificaciones salariales por encima de lo establecido y con el dinero destinado a la educación pagó actividades que nada tenían que ver con esos fines.
En 2017, su primer año de Gobierno, las inconsistencias fueron por mil 219 millones 088 mil 945 pesos y en 2018 fue el año en que más dinero quedó pendiente de aclarar o de regresar a la Tesorería de la Federación (Tesofe): fueron 9 mil 758 millones 424 mil 325 pesos detectados en dinero que simplemente no se utilizó; del que no hubo pruebas de dónde quedó, porque no se cobraron multas a empresas que retrasaron la entrega de obra o que entregaron obra de mala calidad o porque se pagaron alimentos y hospedaje con el dinero de la nómina educativa.
Para 2019 fueron mil 546 millones 807 mil 889 pesos y en 2020, último año de revisión, la cantidad ascendió a 943 millones 580 mil 050 pesos.
Ese dinero quedó pendiente de que las autoridades estatales comprobaran el ejercicio del gasto y si éste efectivamente se utilizó para los fines establecidos, lo que supone un daño al erario federal.
Durante los últimos tres años, el Gobernador panista de Tamaulipas ha estado en medio de problemas políticos, legales y acusaciones de presunta corrupción.
Francisco García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados federal, que aprobó la solicitud de la FGR, que lo acusa de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
El Congreso de Tamaulipas rechazó la declaratoria de procedencia de homologación. Desde entonces el caso se encuentra en la Suprema Corte, en donde ha permanecido sin ser discutido durante un año. No obstante, la protección que le da a Cabeza de Vaca su cargo como Gobernador terminará el próximo 30 de septiembre, fecha en la que culmina su gestión.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas, las de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti; sus hermanos Ismael y José Manuel; su esposa Mariana Gómez Leal; el padre de ésta, José Ramón Gómez Reséndez, y del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del mandatario y el único detenido por la indagatoria federal.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República tiene tres denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en donde se detalla un presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo.
En julio de 2021 el entonces titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, declaró que había cinco denuncias vigentes en contra del Gobernador de Tamaulipas y sus principales allegados.
En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, de acuerdo con las denuncias de la UIF que hoy están en manos de la FGR.
LOS HALLAZGOS DE LA ASF
Las principales anomalías detectadas en el periodo de revisión fueron del dinero de la nómina educativa, el de servicios de salud y el de seguridad, lo que sobresale al ser Tamaulipas una de las entidades con los mayores índices de violencia.
En 2017, el primer año de Gobierno de García Cabeza de Vaca alcanzó cerca de 59 irregularidades por más de mil 219 millones de pesos. Ese año el más afectado fueron los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. La ASF detectó el pago a 996 trabajadores que estuvieron adscritos al Hospital General de Matamoros Alfredo Pumarejo, al Hospital General Tampico Dr. Carlos Canseco y al Hospital General Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú, pero que nunca se les encontró. La totalidad de sus sueldos fue por 334 millones 415 mil 712 pesos.
Otros 121 millones 102 mil 828 pesos se gastaron casi de la misma manera. Este monto fue para salarios de 407 trabajadores de los cuales, los responsables de los establecimientos de Salud no validaron su existencia.
También con los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, el Gobierno estatal pagó 33 millones 435 mil 491 pesos a 574 trabajadores fantasma; 7 millones 870 mil 984 pesos a 92 trabajadores que tampoco fueron localizados y 507 mil 361 pesos para el pago de sueldo de 8 trabajadores, los cuales sólo se presentan a firmar sus comprobantes de pago.
De los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, Tamaulipas generó 105 millones 330 mil 312 pesos de rendimientos financieros; ese dinero, que también está contemplado para usarse en obra pública, no se usó ni tampoco se reintegró a la Tesofe.
De las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el Gobierno estatal no logró demostrar en qué usó 217 millones 210 mil 455 pesos y además, se encontró que decidieron utilizar 24 millones 449 mil pesos por realizar “pagos en exceso” en gratificaciones salariales que estuvieron por encima de lo máximo autorizado.
Otra anomalía que sobresale del primer año de García Cabeza de Vaca es el pago de 13 millones 780 mil 813 pesos por mil 875 bienes tácticos, es decir, equipamiento de seguridad como botas tácticas, chalecos tácticos, chalecos y cascos balísticos, que no se localizaron y que se presume nunca fue entregado.
Para 2018, año electoral, fueron un total de 46 anomalías por 9 mil 758 millones de pesos y el dinero más afectado fue el de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, ya que 8 mil 777 millones 194 mil 908 pesos se marcaron como posible daño al erario porque las autoridades no presentaron información de sus contratistas como la razón social, RFC y cuenta bancaria, lo que no permitió que se verificaran los contratos celebrados por la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas.
Otros 600 millones 904 mil 155 pesos fueron por obra pública de la que no se pudo acreditar la entrega-recepción de los bienes y servicios contratados, mientras que 42 millones 504 mil 027 pesos fue por obra pagada que no se entregó.
En lo que respecta a 2019, la ASF detectó 15 anomalías por mil 546 millones 807 mil 889 pesos. De nueva cuenta fueron las Participaciones Federales a Entidades Federativas la partida más afectada: 693 millones 242 mil 954 pesos de 62 categorías que correspondieron a 7 mil 544 empleados que no tuvieron plazas autorizadas.
Otros 640 millones 885 mil 353 pesos de anomalías fue por sueldos que estaban por arriba de lo establecido y que la autoridad competente no pudo justificar. Además, 39 millones 975 mil 475 pesos derivaron de sueldos que se pagaron a trabajadores que estaban dados de baja o con permiso de licencia sin goce de sueldo.
Este año esa causa fue una recurrente. De acuerdo con la ASF, el Gobierno de Tamaulipas no logró acreditar la razón por la que ciertos funcionarios gozaron de sueldos superiores a lo establecido. Únicamente las anomalías de dicho fondo sumaron mil 449 millones 342 mil 196 pesos.
Para 2020, el último año de fiscalización disponible en la Auditoría, se detectaron 27 inconsistencias por 943 millones 580 mil 050 pesos y fueron las Participaciones Federales a Entidades Federativas las más afectadas con 156 millones 248 pesos derivados de la falta de comprobación de un pago que se hizo a través de una transferencia bancaria de una bodega de la Secretaría del Bienestar.
Además de eso continuaron los sueldos anómalos: 214 millones de pesos se invirtieron en sueldos excesivos y otros 11 millones 954 mil pesos por pagos compensaciones también por arriba de lo establecido.
