Por Ernesto Hernández Norzagaray*

El 10 de noviembre de 1975 el representante de México, Emilio Rabasa, votó en la Asamblea General de la ONU a favor de la resolución 3379 que definía al sionismo como una forma de racismo. A raíz del voto del Gobierno de Luis Echeverría, el liderazgo económico judío de Estados Unidos declaró un boicot turístico ―industria que se encontraba en pleno crecimiento― a México, lo que vació las playas de extranjeros.

Echeverría había adoptado como Presidente un discurso izquierdista o, mejor dicho, acorde con los tiempos, tercermundista, y abrazaba todas las causas revolucionarias, aunque internamente persiguiera a los miembros de la guerrilla urbana y rural. El concepto de tercer mundo, recordemos, aparecía en medios académicos y políticos en el contexto de la bipolaridad estadounidense-soviética.

El Presidente mexicano estaba por terminar su mandato y aspiraba a ser el líder del llamado tercer mundo y, de esa forma, alcanzar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, lejos estaba de lograr una u otra posición.

No obstante, aquel voto en contra de los intereses judíos trajo daños graves a la industria mexicana como consecuencia de una advertencia de viaje (travel advisory) a los estadounidenses que pretendían hacer turismo de invierno en México. Fue relativamente sencillo, pues, simplemente, los llamados tour operadores (muchos gestionados por empresarios judíos) insertaron en los sistemas de venta una falsa ocupación total en la hotelería mexicana, vaciando, así, los principales destinos turísticos del país. Ello representó una de las peores crisis para nuestra actividad turística.

¿Un remake de la crisis turística de los setenta?

Recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador reventó la llamada Cumbre de las Américas al advertir que de “no invitarse a todos los países de la región, él no asistiría”. Lo siguieron otros mandatarios y el Canciller Marcelo Ebrard remató el gesto en Los Ángeles reafirmando la posición de López Obrador. El cónclave terminó siendo un fiasco y, tras días de reuniones, no se llegó a ningún gran acuerdo político en los temas esenciales.

A pocos días del desplante de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno mexicano a través del llamado a sus connacionales para que evitaran viajar a México, y, si lo hacían, llamó a que tomaran medidas de seguridad por el entorno violento.

El llamado es por un tiempo indefinido, dada la situación de violencia que se vive a lo largo y ancho del país, dice el documento, con excepción de los estados de Campeche y Yucatán, que tienen mayores garantías. Sin embargo, para llegar a ellos, es inevitable pasar por zonas de riesgo, y para no ir más lejos basta con ver la violencia en Quintana Roo y Chiapas.

No le faltan razones al Departamento de Estado estadounidense para advertir a sus ciudadanos del peligro que existe cuando se transita por el país, dados los constantes actos de violencia y la escasa capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad del Estado como consecuencia, en parte, de una política de seguridad disuasiva de “abrazos, no balazos”.

Pero ante el desaire del Presidente, es inevitable imaginar que el Gobierno de Estados Unidos está respondiendo al Gobierno mexicano, y la primera medida explota precisamente la pata de palo de este Gobierno: la inseguridad.

No obstante, más allá de señalar las debilidades del Gobierno, la medida afecta la actividad turística, una de las fuentes más importantes de ingreso de divisas. Y no sería raro que, si esa es la lógica de la reacción por el desaire, muy pronto nuevas medidas pudieran afectar otras áreas, por ejemplo, las cuantiosas remesas que los connacionales envían a México y que el Presidente agradece, como si se tratara de un apoyo a su proyecto político de la 4T.

¿Hasta cuándo durará esta advertencia de viaje?

Que el Departamento de Estado estadounidense haya emitido esta advertencia de viaje complica la situación, pues mete miedo a los potenciales turistas de su país que hacen planes para los próximos meses y, de esta manera, podrían terminar volcándose hacia destinos más seguros.

Esta medida se enmarca en un contexto en el que, incluso, una fuerte campaña que el Gobierno de Estados Unidos está haciendo desde hace años intenta disuadir a los estadounidenses de que dejen de viajar al extranjero y solidariamente lo hagan en su país para mantener esas divisas dentro de sus fronteras.

Por otro lado, la economía de Estados Unidos ya muestra signos de debilidad (falta de crecimiento y una inflación galopante) y esto trae aparejado la contracción del consumo. Ante estas circunstancias, uno de los gastos que más rápidamente cae es el del turismo.

En definitiva, el desdén del Presidente López Obrador y su interés por el liderazgo político en América Latina (como hace cincuenta años lo intentó Echeverría Álvarez entre los países del llamado tercer mundo) tiene consecuencias. La primera de ellas es la alerta de viaje, que, ante un contexto global complejo, podría desestimular a muchos estadounidenses de viajar a México, por lo que afectaría gravemente la industria turística nacional. A su vez, con el pasar de los meses el Gobierno estadounidense podría tomar nuevas medidas que afecten la economía mexicana.

De momento, en los círculos del Gobierno no se está haciendo la lectura correcta y se interpreta esta nueva medida como una decisión injusta “entre amigos”. Incluso el Alcalde morenista del destino turístico de Mazatlán ha llegado a reprochar que “Estados Unidos tiene más violencia”. Esto nos demuestra una vez más que los presidentes deben leer mejor los mensajes de los adversarios y, sobre todo, escoger bien sus batallas.

En conclusión, en política no suele haber casualidades. Por lo general, una acción causa una reacción y, más aún, cuando esa acción es una disputa por el espacio de un liderazgo poderoso. La historia de México lo demuestra y casi siempre hemos perdido cuando se trata de jugar unas “venciditas” con nuestro vecino del norte.

*Ernesto Hernández Norzagaray es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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