Para las grandes corporaciones transnacionales los mexicanos somos consumidores de segunda gracias a las complicidades que han establecido con diversas instituciones y funcionarios. ¿Cómo es que una empresa como la automotriz Hyundai importa a México de la India el modelo más barato que pone en el mercado con un nivel de seguridad que pone en riesgo la vida de los pasajeros si chocan a solamente 50 kilómetros por hora, mientras produce en México y exporta a Estados Unidos el modelo más barato que introduce a ese mercado con un sistema de seguridad que permite la sobrevivencia de los pasajeros en una colisión en las mismas circunstancias? En su modelo más barato vendido en México los pasajeros tienen un alto riesgo de morir y en el vendido en los Estados Unidos los daños a los pasajeros no serían graves.

¿Cómo es que no contamos con una norma que establezca las características básicas para que una mantequilla que compramos en el mercado sea realmente una mantequilla, para que un yogurt vendido en México por la empresa Danone tenga la misma cantidad de proteína que el que vende en Europa y no menos, cómo es que no podemos distinguir entre una tortilla elaborada con masa de maíz nixtamalizado y una de harina refinada “nixtamalizada” llena de aditivos, perdiendo las cualidades del grano entero?

Los grupos de cabildeo de las grandes corporaciones han establecido esta lógica en que la política pública suele someterse a sus intereses económicos. Durante años consumimos jugos que no eran jugos, panes integrales que no tenían harina integral, y seguimos consumiendo productos que nos engañan al hacernos pensar que están elaborados en base a frutas o verduras y nos las tiene o las tienen en una cantidad simbólica, así consumimos una gran cantidad de productos que no deberían recibir el nombre de alimentos, siempre sometidos al engaño.

Al inicio de esta administración, se dio un cambio profundo, muy importante, en los grupos de trabajo de las normas oficiales mexicanas que establecen las características que deben contener los productos, desde la seguridad de un auto hasta la cantidad de proteína en un yogur. Las dependencias que participan en las normas comenzaron a ponerse del lado de la evidencia científica, de la academia, llegaron a invitar a organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil no capturadas y manipuladas por las corporaciones. Una de las mejores expresiones de ese proceso, fue sin duda, el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. En las reuniones del grupo de trabajo de la norma se logró que prevalecieran las propuestas fundadas en la evidencia científica y no en los intereses económicos.

La experiencia que hemos tenido como organización al participar en la revisión de varias normas oficiales mexicanas nos ha permitido conocer en profundidad estos procesos. Las grandes corporaciones transnacionales intentan, por todos los medios, determinar la elaboración de estas normas, hacerlas a su interés. Lo venían haciendo de manera muy efectiva con la complicidad de las dependencias del Gobierno, en especial, de la Secretaría de Economía que lleva la coordinación de estos grupos de trabajo.

Las corporaciones no actúan en estos espacios, ni en otros, de manera directa, lo hacen a través de agrupaciones empresariales. El mayor grupo de presión de la industria de alimentos y bebidas venía siendo ConMéxico, bloqueando, de manera muy efectiva, que se establecieran las políticas que se recomendaban por todos los organismos internacionales y nacionales para combatir la epidemia de obesidad y diabetes, como sacar la comida chatarra de las escuelas, prohibir su publicidad a la infancia, los impuestos, el etiquetado, etc. En su informe sobre México, el exrelator del derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, señaló a ConMéxico como uno de los principales obstáculos para que el país implementara políticas de salud alimentaria. Sin embargo, hay ya un relevo, ahora el principal actor en la captura de la política pública en materia de alimentación es el Consejo Nacional Agropecuario, conocido por sus siglas, como el CNA. Un organismo emanado del Consejo Coordinador Empresarial.

El CNA ha defendido el uso de los transgénicos, está en contra de la prohibición del glifosato, actúa contra el etiquetado frontal y se pone al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y de sus intereses en las discusiones de las normas. Lo que me pareció incomprensible en el actuar de la CNA, al iniciar las discusiones de la NOM 051 sobre el etiquetado frontal de advertencia, ahora lo entiendo claramente. La representante de la CNA, en esas mesas de trabajo, era experta en edulcorantes no calóricos como el asparatme, la sucralosa, etc. Es decir, productos que nada tienen que ver con la producción agropecuaria del país. Como parte del CNA y detrás de ella, en el salón, se sentaban productores de caña de azúcar que estaban interesados en que la población entendiera que esos edulcorantes, que les estaban robando parte importante del mercado de endulzantes, tenían riesgos a la salud. Sin embargo, la postura de la CNA era la defensa de esos edulcorantes que, al final, se logró fueran etiquetados como no recomendables para niños. Era claro, la CNA no protegía a los agricultores nacionales, protegía a las trasnacionales que producen y utilizan esos ingredientes sintéticos.

Acaba de llegar a nuestras manos un documento reciente de la CNA donde muestra las condiciones que consideran les permitiría detener que se establezca la segunda etapa del etiquetado de advertencia que aplica un criterio de sodio más estricto en los productos para que lleven el sello octagonal de “Exceso de Sodio”. El documento muestra cómo el cambio de funcionarios en la dirección de normatividad de la Secretaría de Economía favorece a sus intereses. El documento también presenta cómo el retiro de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de los grupos de trabajo de las normas de alimentos le permitiría bloquear esta segunda etapa del etiquetado. Es conocido que esta Subsecretaría realiza un trabajo directo con los productores del campo y vela por sus intereses. La decisión de sacar a la Subsecretaría de Alimentación de los grupos de trabajo de las NOM fue tomada por el propio Secretario de la Sader, también defensor de los transgénicos, el glifosato y las grandes corporaciones. Así es como se allanan el camino las corporaciones.

Estas estrategias para capturar la política pública tienen sus consecuencias en la salud general de la población. El criterio de sodio que debe entrar en la segunda etapa es el criterio que se había establecido desde un principio en base a la evidencia científica para proteger la salud de la población. Si no se estableció desde un principio, fue porque se le dio una concesión a las empresas para cumplirla en una segunda etapa. Ahora, las corporaciones buscan no cumplirla. 

El consumo de sodio está muy relacionado con la presión arterial; ya que a medida que consumimos sodio también aumenta la presión arterial. Por ello, podemos ver que una de cada diez muertes y una de cada cinco muertes prematuras por causa cardiovascular son debido a un consumo alto de sodio. Y la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo diario de sodio sea menor de dos gramos (lo equivalente a cinco gramos de sal o una cucharadita diaria), nuestro país rebasa estas cantidades. El 64 por ciento de los adultos, el 82 por ciento de los adolescentes y escolares, así como el 73 por ciento de los pre-escolares consumen cantidades de sodio que representan un riesgo a la salud. La principal fuente de consumo de sodio son los alimentos procesados y ultraprocesados, ya que contribuyen entre el 39 y el 50 por ciento del total de sodio que consumimos. 

Es importante bajar el consumo de sodio a nivel poblacional, ya que es una de las estrategias más económicas y rentables para reducir la presión arterial, así como la mortalidad y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Esta es la evidencia y todo está establecido para avanzar en esta segunda etapa del etiquetado frontal. Sin embargo, es notorio que las corporaciones están rehaciendo sus vínculos con dependencias del Gobierno y funcionarios que más que servir a los intereses públicos, actúan en beneficio de los grandes intereses privados. 

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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