Tenía que ser en una mañanera. El economista, pero sobre todo político, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera que preside, presentó formal denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por hechos de corrupción política, descritos ampliamente por la propia UIF.

Sin duda es alentadora la noticia de que un expresidente sea investigado y eventualmente sancionado por conductas ilícitas que tienen que ver con la disposición patrimonialista de que han hecho gala todos los gobernantes de México desde tiempos inmemoriales.

Hasta ahora la regla ha sido barrer la escalera de la corrupción de abajo para arriba, porque al presidente, o expresidente, no se le puede tocar por una inmunidad casi monárquica, de la que ha gozado históricamente el titular del Poder Ejecutivo del país.

Es obvio que procesar a un expresidente marcaría un hito en la historia de la república. Pero con una brizna de escepticismo puedo afirmar que no estamos cerca de un suceso de tal envergadura. En el caso presente, se antoja pensar que la investigación, traducida en una persecución real de delitos, ha llegado tarde en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

No es responsabilidad, desde luego, del actual titular de la UIF, que recién capitanea esa dependencia, de la que salió Santiago Nieto, luego de su boda de ensueño en la vecina república de Guatemala.

En realidad se trata de una dilación lamentable, por decirlo suavemente. No falta quienes sostengan la existencia de un pacto de impunidad con el expresidente para la consolidación del triunfo electoral de López Obrador en 2018 y la transición tersa que tuvimos ante nuestros ojos.

Distante, por ahora, de ese tema, lo que sí pienso, por experiencia propia, es que va para largo el desenlace de la acusación que se cierne, a partir del trabajo presentado por Pablo Gómez, al escrutinio de la sociedad mexicana.

Sirva de abono a esa afirmación que, de acuerdo a la información oficial, la investigación de la UIF comenzó apenas el pasado 20 de octubre de 2021, “cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos”. ¡Tres años después!

Si ese tiempo transcurrió a contrapelo del poder presidencial, el trabajo de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, imaginemos lo que se tardaría la eventual extradición del expresidente, que dicho sea de paso, contestó que sus actividades son legales, que lo demostrará y que espera contar con un aparato judicial para ese fin.

A mi juicio, y desde luego esta es una valoración eminentemente política, toda la corrupción del sexenio 2012-2018 tuvo en su vértice a Enrique Peña Nieto, que tomó las decisiones, así como sus secretarios de Hacienda, en especial Luis Videgaray, y uno que otro que ya no vivió para contarlo.

Con esto quiero decir que lo primero de lo primero, para aniquilar una mafia del poder, es empezar por la cabeza principal.

Dicen que algo es algo, y es cierto. Pero eso no es obstáculo para afirmar que el presidencialismo sigue teniendo un poder enorme, aún después de haber concluido los mandatos. Peña Nieto es el ejemplo de hoy.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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