El 29 de junio de 2022 fue asesinado, afuera de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio de la Cruz, periodista con décadas de experiencia en Tamaulipas. Junto con Antonio, al momento de ser atacado, se encontraba su hija de 23 años, quien pasados unos días en estado de gravedad en el hospital también falleció. 

De la Cruz es el doceavo periodista asesinado en México en este año, y el noveno homicidio perpetrado en posible vínculo con la labor periodística. Este terrible crimen nos da una cifra de 154 asesinatos que se registran desde el 2000 hasta la fecha, de los cuales 34 han ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este lamentable asesinato es una muestra más de cómo la impunidad sigue siendo un incentivo para quienes quieren callar a personas periodistas. Además, es un paso más hacia el silencio en la ya de por sí silenciada Tamaulipas. El caso de Antonio nos hace preguntarnos también sobre el actuar de la Feadle y reiterar las afectaciones que la violencia hacia la prensa trae no solo hacia las personas periodistas, sino también hacia sus familiares.

Crítico de quienes ostentan el poder, en sus redes sociales Antonio también daba cobertura a temas de seguridad y corrupción. Mencionaba desde ataques armados hasta temas vinculados con el actual Gobernador de la entidad, así como también de integrantes del crimen organizado y sus posibles vínculos con otros partidos políticos. Tony -como le decían familiares y amigos- era un periodista de a pie, reconocido por su trabajo de más de 25 años, padre y amigo muy querido. Con su asesinato, la zozobra, el miedo y el dolor se volvió a imponer en Tamaulipas.

El medio para el que laboraba Antonio, Expreso, sufrió agresiones previas de diversa índole. Entre ellas, el asesinato del periodista Héctor González en 2018. Ese mismo año, colocaron una cabeza humana afuera de las oficinas del medio de comunicación con una amenaza. En 2012, Expreso sufrió un atentado con coche bomba. Recuerda lo sucedido con el diario El Mañana, cuyo director Roberto Mora fue asesinado en 2004. El medio también sufrió en 2006 y 2012 ataques a sus instalaciones con armas de fuego y explosivos. Fueron secuestrados tres reporteros de ese medio en 2010, de los cuales uno fue liberado y otros dos permanecen en calidad de desaparecidos. Todos estos actos violentos orillaron a la autocensura de El Mañana como única manera de sobrevivir. Parece que una nueva espiral de violencia contra la prensa busca repetir esa dinámica de inhibición forzada, ahora con Expreso.

La CIDH, en su informe “Zonas Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión” (2017), consideraba ya a Tamaulipas una zona de riesgo extremo para la prensa. Según el organismo regional,  ya desde hace un lustro se registraba “una  situación estructural de violencia, impunidad y autocensura en la prensa del estado”. Nada extraño para una entidad cuyos gobernadores más recientes se han visto envueltos en investigaciones  por actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Tamaulipas es un doloroso botón de muestra de lo que se conoce como “gobernanza criminal”: prácticamente todos los actores de poder se ven involucrados en actos ilegales de toda índole e impera una economía política del crimen.

De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, desde el 2000 se han registrado 14 asesinatos en la entidad. Asimismo, como se reportó en el informe anual Negación, en 2021 se registraron 28 agresiones contra la prensa, siendo uno de los 10 estados donde se ataca más a personas periodistas.

Sobre el caso de Antonio de la Cruz, el Presidente ha dicho que “no hay impunidad, cero impunidad, trátese de quien se trate, [...] no se protege a nadie. Así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad, y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados”. Además, el primer mandatario indicó que en “el caso de este lamentable homicidio se tomó la decisión de atraer el asunto porque, en efecto, el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, de los incendios forestales, pero también hay testimonios de cuestionamientos” que hacía en sus redes sociales a actores políticos.

Importante que Feadle-FGR y demás fiscalías realicen investigaciones que privilegien el análisis de contexto y busquen echar luz sobre autores materiales e intelectuales, así como redes y estructuras que posibilitaron el crimen, en aras de brindar justicia y garantizar la no repetición. En lo que va de la administración de Gertz Manero al frente de la FGR se han abierto once carpetas de investigación de 2020 a la fecha por homicidios de periodistas. En 2019 no se abrió ninguna. Contrasta la apertura de 40 carpetas por el mismo delito de 2016 a 2018.

La realidad se impuso al día siguiente de las declaraciones del Presidente y dos posteriores al asesinato de Tony. La tarde del viernes 1 de julio, al terminar una transmisión en vivo en la Casa Ejidal de Puerto Vallarta, la periodista Susana Carreño sufrió un atentado con un arma punzocortante. Ella realiza investigaciones sobre los desarrollos inmobiliarios irregulares en dicho municipio, tema que ha expuesto en el espacio de la conferencia matutina. Otra vez una periodista que va a denunciar a la ahora “máxima tribuna” del país ha sido atacada.

No hay sentido de crisis ni urgencia en el Gobierno federal ni los locales en cuanto a la violencia hacia la prensa. Más bien parece que lo importante es disputar la narrativa -con datos sesgados o endebles- a quienes critican la falta de acciones para prevenir o revertir este patrón de violencia. Se dice que no hay impunidad y se presenta cada 15 días, en voz del Subsecretario Ricardo Mejía, un conteo de detenidos/identificados/prófugos/vinculados a proceso en los casos de los periodistas asesinados, sólo de este año. 

Eso es insuficiente. Tenemos que profundizar más en la información: quiénes son  los autores intelectuales, cuáles fueron los móviles, cuáles son las redes de poder que están detrás de los crímenes. Se han asesinado, por lo menos, a otros 25 periodistas en este sexenio antes del 2022 y 120 si contamos de 2000 a 2018. ¿Por ellos y ellas no responde el Gobierno? Mientras tanto el silencio se extiende como una epidemia que resulta funcional a los poderes políticos y económicos, legales e ilegales, nacionales y locales. 

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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