El primer exgobernador de Morena en el país, Jaime Bonilla Valdez, dado que su mandato fue de dos años en una gubernatura de transición para empatar los procesos electorales estatales con los federales intermedios, y que además es proclive a la escena pública, ahora resulta que está ilocalizable.

Bonilla aparece en calidad de imputado, junto a once de sus excolaboradores, en la causa penal 4921/2022, cuyo número único de caso es el 02-2002-06977, y se le señala como sospechoso de, delitos de corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones, y peculado impropio.

El caso en el que es importante la participación del Gobierno federal, pues Jaime Bonilla contrató la construcción con la empresa Next Energy de una planta fotovoltaica, acción para lo cual no estaba facultado dado que el sector energético es de corte federal, y de hecho la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, había hecho del conocimiento del estado tal premisa al no otorgar los permisos para la edificación de la obra, integra una carpeta de investigación sustanciosa, incluso con documentos firmados por el propio exgobernador.

La cita para la audiencia es el 15 de agosto a las 9 de la mañana en la Sala Número 6 de la Unidad Judicial Río Nuevo en Mexicali.

Hasta hace una semana los once colaboradores del exgobernador, muchos de ellos que aun participan en su empresa privada a través de programas de televisión en PSN, ya había sido citados, no así Bonilla, pues una carta respuesta enviada por la presidente de la mesa directiva del Senado de la República, informaba al Poder Judicial bajacaliforniano, que Jaime Bonilla era Senador desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto del 2024. Sin embargo, la Fiscalía General de Baja California, presentó un recurso con la resolución de mayo de este 2022, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos la reincorporación de Bonilla al Senado de la república, justificando que estaba impedido para regresar a la Cámara Alta, “luego de haberse desempeñado como Gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos”.

El Tribunal Electoral hizo a la Cámara de Senadores de esta resolución para que Bonilla fuese retirado y en su lugar se llamase al suplente, precisamente el que hizo de Senador los más de dos años que Bonilla estuvo fuera, primero en calidad de delegado único del Gobierno de la República en Baja California, y posteriormente como candidato, Gobernador electo y Gobernador constitucional del estado, hasta el 31 de octubre de 2021.

La Fiscalía General de Baja California, obtuvo el triunfo en el recurso y el Poder Judicial del estado, pudo entonces citar a declarar para el 15 de agosto a Bonilla Valdez, dado que no es Senador y no cuenta con fuero que le proteja.

Pero, ahora resulta que Jaime Bonilla no ha sido localizado para ser notificado de la cita. El exgobernador, que hace unos días dijo que si lo citaban acudiría, se ha escurrido. Por lo menos en Tijuana y aun cuando no todos están en su declaración patrimonial de 2019, la última que hizo cuando fue funcionario federal (al tiempo que era senador con licencia), tiene tres domicilios conocidos, ninguno de los cuales es el que anotaron como oficial ante el Poder Judicial.

Efectivamente, Bonilla tiene dos propiedades registradas en su declaración patrimonial: el penthouse de unos edificios de lujo en la zona del Río, llamados New City, una casa en el fraccionamiento Libertad, donde dice se desarrolló los primeros años de su vida, y otra propiedad en el 9645 de la calle Gladiola en el fraccionamiento Jardines de La Mesa. A saber y aun cuando no forman parte de su declaración oficial, también posee dos residencias en San Diego, California, Estados Unidos, la última se trata de un condominio de lujo en la bahía sandieguina que le costó 3.9 millones de dólares y el cual adquirió siendo Gobernador en el año 2021.

Además, es conocido en Tijuana, que todos los días acude a sus oficinas privadas, las de PSN, donde se reúne con quien le pide cita, o con sus excolaboradores, el exfiscal, y algunos de los funcionarios de la actual administración estatal y de los ayuntamientos del estado. Dichas instalaciones, por cierto, remodeladas por una compañía que tenía y tiene contratos con el Gobierno del estado y cuando él era Gobernador, se encuentran en una céntrica zona de la ciudad.

Sin embargo, el domicilio que está registrado en el Poder Judicial como el de Bonilla, es en realidad la residencia de uno de sus hermanos. Hasta ahí se apersonó el notificador judicial para entregarle el citatorio al exgobernador, pero nadie abrió la puerta. Lo que hizo, fue colocarlo con material adhesivo a la puerta de la residencia.

Hasta el 5 de julio, Bonilla no había sido localizado. Ni él había salido a proporcionar alguna declaración pública al respecto del citatorio, que dijo atendería, ni sus abogados.

En la audiencia del 15 de agosto, la Fiscalía General del estado espera que la defensa del Gobernador no acepte que en esa misma audiencia se desahogue la vinculación, sino que solicitarán la ampliación de término 144 horas, después de que Bonilla sea imputado.

Eso claro, si lo localizan para notificarlo y si él decide presentarse a la audiencia, porque por ahora, el exgobernador, y presumido amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se está haciendo el escurridizo ante la autoridad judicial… y eso que todavía falta la investigación del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López.

Adela Navarro Bello

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