Por Gracy Pelacani*

Fernando es un niño migrante abandonado en Colombia. Tiene cinco años y desde hace dos años está bajo el cuidado del Estado colombiano. En ese tiempo, no se ha podido encontrar a su familia, y no se sabe si esta tiene la posibilidad y voluntad para acogerlo nuevamente. La entidad responsable del cuidado de niños, niñas y adolescentes estima que, en Colombia, mil 200 niños migrantes se encuentran en esta misma situación. Y como Fernando, hay niños abandonados en la frontera entre Estados Unidos y México, en Europa y en muchos otros países más.

¿Cuál es la respuesta más adecuada a la situación de Fernando y a la de otros miles de niños y adolescentes migrantes que son abandonados por sus padres o cuidadores en los Estados de tránsito y de destino de su recorrido migratorio?

Esta es una situación que requiere una solución urgente, ya que una respuesta excesivamente lenta, parcial o equivocada impactará aún más en la vida de miles de niños abandonados.

Son muchas las dificultades que hay que sortear: ¿Cómo remediar la falta de documentación de estos niños? ¿Cómo buscar a sus padres o familiares, sobre todo en contextos de mucha vulnerabilidad, como son las condiciones en que migran y viven estos menores de edad y sus familias? ¿Cómo contribuir a su proyecto de vida y a su derecho a tener una familia, sin menoscabar su voz?

En lo que va del 2022, algunos países han avanzado respuestas posibles para encontrar soluciones estables y duraderas para los niños y adolescentes migrantes abandonados en sus territorios. España ha dado pasos importantes hacia la supresión de los obstáculos que todavía existían para el acceso expedito a un estatus migratorio regular por parte de niños abandonados bajo el cuidado de los servicios de protección de menores, y de los jóvenes de entre 18 y 23 años, para que no llegaran a la mayoría de edad en situación migratoria irregular.

Por su lado, desde mayo de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha modificado los requisitos de acceso al estatus de Joven Inmigrante Especial. Este estatus ahora puede ser obtenido, entre otros, por los menores de 21 años migrantes que hayan sido abandonados, cuando un tribunal estatal de menores haya determinado que el regreso a su país no es una solución acorde con sus intereses. Aunque esta modificación no resuelve muchas de las dificultades a las que se enfrentan estos niños y niñas cuando ingresan al sistema de cuidado nacional, sí es un paso adelante hacia una residencia permanente.

¿Cuál ha sido la respuesta de Colombia?

Hace pocas semanas la Corte Constitucional colombiana ha resuelto un caso muy similar al de Fernando. Aunque el texto completo de la sentencia todavía no es público, lo cual hace que sea difícil pronunciarse sobre los méritos de la decisión, es cierto que, para bien o para mal, esta crea un camino posible allí donde la actual normativa no daba una respuesta adecuada y dejaba maniatadas a las autoridades responsables del cuidado de los niños y niñas migrantes abandonados.

En el caso de un menor de edad abandonado, sea extranjero o nacional, es claro que el primer paso es la búsqueda de sus padres, familia extensa o adulto que pueda hacerse cargo de su cuidado. El objetivo de esa búsqueda es lograr su reintegro en el medio familiar, que es la solución más deseable, siempre y cuando la familia pueda hacerse cargo del menor de edad, garantizar sus derechos y se encuentre en un país hacia el cual el niño pueda ser regresado.

Ahora bien, en el caso de Colombia y de los niños de nacionalidad venezolana, en particular, la búsqueda de la familia es una tarea especialmente compleja para las autoridades debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia desde febrero de 2019. Esta situación impide que la autoridad colombiana encargada del cuidado de estos menores de edad pueda comunicarse y apoyarse en su homólogo en Venezuela con el fin de encontrar a los padres y a la familia del niño. Aunque se ha intentado encontrar caminos alternativos, estos mecanismos no han dado los resultados esperados y su alcance es todavía limitado.

Así que, ante la imposibilidad del retorno a su familia, un niño migrante abandonado está condenado a vivir bajo el cuidado del Estado colombiano hasta alcanzar la mayoría de edad. Esto es así porque la adopción, que es el otro camino posible para estos menores de edad, no era una posibilidad, ya que los niños extranjeros no pueden ser dados en adopción por las autoridades colombianas.

Es aquí donde la sentencia de la Corte Constitucional colombiana de mayo de 2022 puede hacer la diferencia. En esta decisión, la corte ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar la nacionalidad colombiana a un menor de edad de cinco años de nacionalidad venezolana, el cual se encuentra desde hace más de dos años bajo el cuidado del Estado colombiano, sin que se haya podido ubicar a su familia.

Las autoridades, además, deberán evaluar la medida de la adopción como última alternativa en su caso, una solución que ahora sería viable tratándose de un niño colombiano. Por orden de la misma corte, esta decisión cobijará a todos los niños que sean migrantes de origen venezolano, en situación migratoria irregular y abandono que lleven como mínimo un año en Colombia, hasta que no haya una ley o regulación de la materia o se mantenga el “bloque institucional”, en palabras de la corte.

Pocos días antes de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, el Gobierno nacional radicó un proyecto de ley que busca otorgar la nacionalidad colombiana a todo menor de edad migrante que se encuentra bajo el cuidado del Estado y respecto al cual no sea posible el reintegro familiar. Aunque mucho puede ocurrir hasta la eventual aprobación de este proyecto ―que se presenta a un Congreso de la república recientemente renovado y en vísperas de un cambio de gobierno― es probable que las tres ramas del poder estén involucradas para dar una respuesta a los niños, niñas y adolescentes migrantes abandonados en Colombia.

Es muy temprano para afirmar si las respuestas del Estado son las más adecuadas. Pero, lo que muestran estas actuaciones recientes es que, ante la situación de los niños y niñas migrantes abandonados, no puede haber silencio. Ni en Colombia ni en ningún otro país.

*Gracy Pelacani es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Clínica Jurídica para Migrantes, miembro del Centro de Estudios en Migración (CEM) y del Grupo de investigación Derecho, Migración y Acción Social (DMAS) de la misma universidad. Dirige el Semillero de Investigación en Derecho y Migración en Colombia.

Latinoamérica 21

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