Por: Natalia Cordero (@NataliaCordero9)*

 En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, el día de ayer la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó el Primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, emitida el 28 de noviembre de 2018, en el que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria y tortura sexual cometida en contra de 11 mujeres.[1]

Con motivo de esta sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano la elaboración de un diagnóstico del fenómeno de la tortura sexual que viven las mujeres en el país y formular propuestas de políticas públicas para erradicar este grave delito. El diagnóstico fue elaborado con la participación de las mujeres sobrevivientes de tortura del Caso Atenco y de sus representantes, y está basado principalmente en el resultado de jornadas de entrevistas realizdas a mil 280 mujeres sobrevivientes de tortura sexual[2] que se encuentran privadas de su libertad, quienes respondieron un cuestionario con 87 preguntas para identificar el contexto en el que se encontraban previo a su arresto, así como detectar posibles violaciones a sus derechos humanos desde el momento de su detención hasta su estancia en un centro de reinserción social.  Y mediante la recopilación de información de diversas instituciones públicas del periodo que corresponde del año 2006 al 2021, en torno a la administración y procuración de justicia en casos de tortura, así como atención a las víctimas de este delito.

Los hallazgos del estudio dan cuenta de que la tortura sexual persiste aún en la actualidad, que no son hechos aislados y que las mujeres son las principales víctimas de este crimen, cuyos cuerpos son violentados no sólo de manera física, sino que al mismo tiempo transgreden su integridad sexual como una forma de castigo y sometimiento por el hecho de ser mujer; paralelamente, en muchas ocasiones, estos actos de tortura están acompañados de violaciones al derecho al debido proceso, y la negación “fáctica” del acceso a la justicia que se traduce en largos periodos de investigación del delito de tortura y un reducido número de sentencias que condenen a los responsables de estos delitos. El diagnóstico revela que:

-Siete de cada 10 mujeres refirió haber sufrido algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual, a lo largo de su proceso penal (desde el arresto hasta la etapa de juicio y sentencia). El 68 por ciento de las mujeres entrevistadas tienen entre 20 y 40 años, el 62.8 por ciento señalaron contar únicamente con educación básica y la gran mayoría de ellas vivía en condiciones socio-económicas desfavorables previo a su detención, lo que complejizó su derecho a una defensa adecuada, así como a interponer y dar seguimiento a las denuncias de sus casos por actos de tortura.

-El 50 por ciento de las detenciones ocurren en el espacio público, el 36 por ciento ocurrió en los hogares de las mujeres y 10 por ciento de los casos se dio en sus espacios laborales.

-Los perpetradores son principalmente policías de investigación representando el 40 por ciento, seguido del señalamiento del 21 por ciento a elementos de la policía municipal y del 16 por ciento de la policía estatal. En cuanto a la denuncias en contra de elementos del Ejército Nacional estas representan el siete por ciento, de elementos de la Marina el seis por ciento y de la Guardia Nacional un dos por ciento.

-El tiempo transcurrido entre detención y presentación ante la autoridad ministerial osciló entre cuatro y 24 horas, de acuerdo con el 31 por ciento de las entrevistadas, momento en que fueron sometidas a actos de tortura física, psicológica y sexual.

-El 81 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló que no fue informada de sus derechos y el 65 por ciento dijo que no fue informada del delito que motivó su detención, actos que constituyen violaciones graves al debido proceso penal de las sobrevivientes de tortura.

-En cuanto a los reportes por actos de tortura, las Comisiones locales de derecho humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan 11 mil 949 quejas por tortura, de las cuales dos mil 550 corresponden a tortura contra mujeres y 316 señalan actos de tortura sexual, frente a estas quejas solo se han emitido 59 recomendaciones. Por su parte, las fiscalías reportaron 10 mil 678 denuncias y 221 hablan de tortura sexual. El poder judicial solo ha emitido siete sentencias por el delito de tortura sexual, cinco de ellas condenatorias y dos absolutorias. Lo que denota los altos niveles de impunidad y la desproporcionalidad entre el número de denuncias recibidas frente al número de casos que logran acceder a la justicia hasta concretar una sentencia.

El diagnóstico es un primer paso para reconocer la tortura sexual y las formas en las que se comete, y en él, se emiten una serie de recomendaciones a diversas instituciones a fin de prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta práctica. Como parte de las recomendaciones en materia de prevención resaltan la videograbación de las detenciones, la implementación de acciones para regular el uso de la fuerza en las detenciones, en especial cuando se trate de mujeres y, la eliminación de la figura del arraigo. En torno a la investigación se recomendó el fortalecimiento con recursos humanos, presupuestales y materiales de las Fiscalías Especializadas en Tortura ya existentes, así como crear las que aún están pendientes[3]. Tanto para las Fiscalías como para el Poder Judicial se recomendó reconocer el valor probatorio de los peritajes elaborados por peritos independientes, excluir las pruebas de las que razonablemente se desprenda una vinculación directa o indirecta con actos de tortura y capacitar a las y los operadores de justicia en sus obligaciones para prevenir y erradicar la tortura y, particularmente, la tortura sexual contra las mujeres. Finalmente, en relación a la atención a víctimas se recomendó impulsar la creación de áreas especializadas en las comisiones de atención a víctimas con personal suficiente que atienda a las víctimas de tortura y tortura sexual, con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos.

Si bien este diagnóstico es sumamente importante para caracterizar el fenómeno de la tortura en México, especialmente de la tortura en contra de mujeres, este sólo es el primer paso para erradicar esta grave violación y otorgar una atención y reparación integral a las víctimas de este delito. Por ello, uno de los grandes pendientes del actual Gobierno que al mismo tiempo es señalado como recomendación es la publicación e implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT), que tiene por objeto establecer estrategias y líneas de acción para la prevención, persecución, sanción y erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los diversos contextos en los que acontece; así como, establecer  medidas y acciones para la protección, atención y reparación integral de las víctimas.

A cinco años de haberse promulgado la Ley General en materia de Tortura, el Gobierno ha sido omiso en cumplir con la obligación de publicar el PNT, lo que ha dejado en estado de indefensión a las víctimas de este delito ante la falta de una política pública integral que defina las acciones y nivel de coordinación de las distintas autoridades, por ello aunque aplaudimos la emisión del Primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad, urgimos a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación a la publicación e implementación inmediata del Programa Nacional para Combatir la Tortura.

* Natalia es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

[1] Las sobrevivientes de tortura sexual que impulsaron el caso ante la Corte IDH son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo

[2] La muestra se hizo con una base de representación del 10 por ciento del total de mujeres que están en un centro de reclusión y se hizo a través de diversas jornadas donde se visitaron 66 centros tanto estatales como federales.

[3] Las Fiscalías Especializadas pendientes de crearse son de los estados de Sinaloa, Sonora y Guerrero.

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