Por Carlos Samayoa y Ornela Garelli

Hace dos años, Greenpeace México comenzó a trabajar en conjunto con personas y organizaciones de Guadalupe, Nuevo León, municipio que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, con el fin de demostrar nuevas alternativas para lograr un consumo sustentable, una alimentación más nutritiva y el cultivo de nuestros propios alimentos con técnicas agroecológicas mediante el establecimiento de huertos urbanos. 

Compartimos un entusiasmo grande al ver cómo esa experiencia ha demostrado que las personas pueden integrarse y participar desde el núcleo de su comunidad para diseñar y construir un mejor futuro y marcando un nuevo rumbo hacia una forma de consumo más sustentable y socialmente justa. 

Sin embargo, ese sueño se ha visto obstaculizado por la escasez de agua que actualmente ocurre en el norte del país y la consecuente dificultad que tienen las autoridades para abastecer a la población. Mientras tanto, a falta de una Ley General de Aguas que el Congreso federal nos debe desde hace diez años, en la que se priorice este derecho para las personas, grandes industrias continúan extrayendo millones de litros de agua para procesar sus productos, lo cual les permite obtener inmensos beneficios económicos que en la mayoría de los casos terminan en países desarrollados y que no se reparten equitativamente para mejorar las condiciones de las localidades en las que operan, por ejemplo, para optimizar los sistemas de distribución de agua potable que regularmente tienen severas fallas. 

Paradójicamente, muchas de estas industrias pertenecen al sector de alimentos y bebidas. Son las mismas que nos dicen que saciarán nuestra sed, pero que en numerosos casos acaparan el agua de nuestras propias comunidades y nos la revenden a precios estratosféricos. Son las mismas que dicen alimentarnos, pero que nos están plagando con sus productos ultraprocesados que terminan por enfermarnos. Son las mismas que han propiciado que nuestros ríos y mares estén rebosantes de sus empaques plásticos, que están exterminando la biodiversidad del planeta y que lo están calentando a marcha acelerada. De ahí nuestra lucha por dejar atrás ese modelo de alimentación industrializada e insostenible.

Por su parte, los tres niveles de Gobierno también son corresponsables del cambio climático que está alterando el ciclo del agua y su disponibilidad. El crecimiento urbano tan acelerado que ha ocurrido en las ciudades mexicanas en las últimas décadas por malas políticas de planeación, así como corrupción y especulación inmobiliaria, como es el caso de Monterrey, ha traído consigo el aumento de temperatura, la pérdida de zonas de valor ambiental y de grandes extensiones de suelos que son fundamentales para la infiltración pluvial y la recarga de los acuíferos. Si no se protegen esos elementos ambientales, aunque se perforen más pozos de agua, como anunció recientemente el Gobierno de Nuevo León, el panorama futuro no será nada favorable.

Los gobiernos tienen que trabajar en conjunto y con la ciudadanía para comprometerse con la preservación de zonas de valor ambiental, destinar más recursos a los sistemas de gestión integral del agua, incluyendo la infraestructura para su extracción, distribución y necesario tratamiento. Necesitamos ciudades más verdes, ciudades que apuesten a los parques y jardines, a espacios destinados a iniciativas como los huertos agroecológicos, que no solamente representan una esperanza para gozar de una alimentación libre de la toxicidad de los transgénicos, plaguicidas y fertilizantes químicos, sino que también pueden darnos la oportunidad de generar espacios más plurales, incluyentes, que integren a las personas en nuevos esquemas de cooperación y de lucha contra el cambio climático. 

Greenpeace

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