El Embajador aseguró que los 30 mil millones de dólares en disputa están relacionados con algunos proyectos de inversión que ya habían iniciado, mientras que otra parte corresponde a planes que aún no se ejecutaban.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Estados Unidos y el Gobierno mexicano se encuentran en una disputa por acuerdos con empresas del sector energético que involucran más de 30 mil millones de dólares en inversión extranjera, dijo el Embajador estadounidense Ken Salazar a la agencia Reuters.
En entrevista para el medio, Salazar aseguró que la administración de Joe Biden estaba analizando los problemas que afectan a 17 compañías estadounidenses en México, tales como operadores de terminales de combustible y generadores de energía renovable.
El diplomático no dio nombre de las empresas en cuestión, pero aseguró que algunos de los proyectos en disputa ya han avanzado y se está haciendo una revisión de cuáles podrían resolverse en su totalidad con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Salazar detalló a Reuters que se estimaba que los 30 mil millones de dólares que están por de medio eran inversiones que ya se habían empleado en equipo como terminales de combustible completadas e instalaciones de energía renovable, y otra parte del monto correspondía a proyectos pendientes.
La administración de López Obrador y el sector privada extranjero han tenido múltiples desencuentros, pues tras el anuncio de la iniciativa de la Reforma Eléctrica propuesta en el Congreso de la Unión mexicano, funcionarios estadounidenses y empresarios expresaron su descontento e inconformidad.
La Reforma Eléctrica enviada a la Cámara de Diputados, misma que fue votada en abril y no avanzó al Senado, contempla fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la limitación de la participación de la iniciativa privada, así como cambios a la normatividad en beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Legisladores de EU se pronunciaron en contra por considerar que los cambios reglamentarios propuestos por la administración mexicana no sólo afectan a las empresas estadounidenses, sino que también atentan contra los compromisos contraídos por México en el T-MEC.
