El Fondo Monetario Internacional consideró que se cumplieron todas las metas cuantitativas del Gobierno de Argentina en el marco del plan de refinanciamiento de una deuda de unos 45 mil millones de dólares.
Por Almudena Calatrava
BUENOS AIRES, 9 de junio (AP).— El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a la primera revisión de las metas económicas contempladas en el acuerdo de refinanciación de deuda suscrito con Argentina, lo que supondrá un desembolso de cuatro mil 030 millones de dólares para el país sudamericano, al tiempo que se recrudecieron las protestas sociales en contra de las políticas de ajuste atribuidas al organismo.
El FMI dijo en un comunicado que "se cumplieron todas las metas cuantitativas del programa para el primer trimestre de 2022" y "se están logrando avances en las reformas que fomentan el crecimiento".
El Gobierno del Presidente peronista Alberto Fernández cerró en marzo un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI para refinanciar una deuda de unos 45 mil millones de dólares tomada por el país en 2018 por el cual recibe desembolsos de parte del organismo para hacer frente a sus obligaciones durante dos años y medio y a cambio debe someterse a revisiones trimestrales.
Este acuerdo, que conlleva medidas como la reducción del gasto, ha generado crecientes tensiones dentro de la coalición gobernante en Argentina y también entre el Poder Ejecutivo con organizaciones sociales y políticas que consideran que acarreará más ajuste y pobreza.
El jueves, decenas de miles de manifestantes, muchos de ellos desempleados o con trabajos precarios, ocuparon de nuevo las calles de Buenos Aires en reclamo de empleo formal y mejor remunerado y en contra de ese entendimiento con el organismo de crédito. Después de marchar durante horas, los manifestantes se congregarán frente al Ministerio de Desarrollo Social, lo que bloqueará una de las principales arterias de la ciudad.
El FMI acotó en su comunicado que la primera revisión técnica está sujeta a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo "en las próximas semanas". Una vez culminado ese paso, Argentina tendrá acceso a cuatro mil 030 millones de dólares.
También indicó que su personal y las autoridades argentinas acordaron que los objetivos económicos anuales establecidos en el acuerdo "permanecerán sin cambios... específicamente aquellos relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales".
Al respecto el FMI precisó que las autoridades argentinas planean reorientar el gasto público para lograr la meta de déficit fiscal primario de 2.5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022, reducir el financiamiento monetario al 1 por ciento del PIB y lograr una acumulación de reservas de cinco mil 800 millones de dólares para todo el año.
El Fondo puntualizó que aunque no habrá cambios en las metas anuales, se propone modificar las metas trimestrales interanuales del déficit fiscal primario y de acumulación de reservas "por el impacto inicial de los shocks externos" a causa de la guerra de Rusia y Ucrania y el efecto generado "en los patrones estacionales de gasto e importación".
Otro de los efectos negativos de esa guerra en Argentina, que es uno de los países con más inflación del mundo, ha sido la aceleración de la suba de precios.
En el marco del Programa de Facilidades Extendidas se definió una suba de precios para este año en el país sudamericano del 48 por ciento, cifra que está por debajo de las estimaciones de consultoras económicas que calculan que superará el 70 por ciento a fin de año.
En Argentina las protestas de organizaciones sociales y políticas se han multiplicado en los últimos meses al calor de la disparada de los precios y los bajos salarios y en un contexto de pobreza que afecta a más de 37 por ciento de la población de unos 47 millones de personas. En abril la inflación fue de 6 por ciento y de 58 por ciento en los últimos 12 meses.
Los manifestantes que periódicamente toman las calles exigen mayores ingresos para afrontar la suba de los precios. En pocos días más, líderes de las principales organizaciones sociales y políticas, de tendencia izquierdista y peronista, se reunirán para definir un calendario de protestas en contra de las políticas del Gobierno.
