El robo de combustibles, una de las actividades más boyantes del crimen organizado, continúa sin ser abatido a poco más de tres años de gobierno. La administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió, desde el inicio de su gobierno, a desmantelar las redes tanto en Pemex como en la delincuencia organizada y nada de eso ha ocurrido, por el contrario, los grupos criminales se mantienen no sólo impunes sino que continúan operando a lo largo y ancho del país.

Nada los detiene. Desde cualquier punto del país, los grupos criminales dedicados al robo de combustibles –El Huachicoleo, como se le conoce –siguen operando impunemente, pues ninguna autoridad civil ni militar impide que los miles de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigan siendo perforados para extraer gasolinas.

Las redes se mantienen en Pemex y siguen operando el hurto de combustibles en complicidad con ramajes criminales ligados a los grandes cárteles, como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, que han encontrado en el “huachicoleo” una fuente inmensa de ingresos. Después de las drogas sintéticas, en cuyo mercado han intervenido la mayoría de los cárteles, el saqueo de combustibles se enlista como la segunda fuente más importante de ganancias.

Y es que pese a ser uno de los problemas que más preocuparon al gobierno de la Cuarta Transformación desde el inicio de la administración en diciembre de 2018, el robo de combustibles se mantiene boyante en todo el país. La mayoría de las redes criminales están intocadas, mientras que los altos funcionarios de Pemex implicados en ese negocio permanecen impunes.

A tres años de la crisis de combustibles, propiciada por el cierre de ductos y la persecución de “huachicoleros” y distribuidores de gasolinas robadas, el negocio sigue en jauja; los llamados perforadores de ductos siguen operando sin tregua.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y junio de este año se han detectado unas poco más de cinco mil perforaciones en la red de ductos de Pemex, lo que indica que se realizan 29.3 orificios cada día. Los estados con mayores redes criminales dedicadas al robo de combustibles, según los mismos datos consultados, son Puebla, Estado de México e Hidalgo. En el primer estado gobierna MORENA, mientras que en los últimos el poder lo detenta el PRI.

Tanto en el mar, zonas fronterizas y en diversas zonas del país, los huachicoleros siguen explotando el combustible mediante perforaciones en las redes de ductos, los cuales cruzan por poblaciones completas, rancherías y comunidades rurales. Estos territorios, en su mayoría abandonados por las autoridades, existe un vacío legal que, a su vez, se ha convertido en el mejor asidero para la proliferación de estas bandas.

En varios casos, las organizaciones criminales están relacionadas con los cárteles de la droga. Es el caso de “Los Zetas”, cártel del Noreste y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Este último grupo criminal controla redes de “huachicoleo” desde Quintana Roo hasta Baja California. Esto indica que tiene presencia en las 32 entidades federativas del país.

Según datos de Pemex y de la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de combatir este delito, el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal, son operados por particulares y supera el 6.6 por ciento a las registradas en el primer semestre del año 2020.

La subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex dio a conocer un informe en el que indica que en los primeros seis meses de este año, el número de tomas clandestinas sumó las 5 mil 315, es decir, 331 más que los 4 mil 884 detectadas dentro del mismo periodo pero del año 2020. El estudio indica que este amento equivale al 6.6 por ciento.

Esos mismos informes establecen, además, que los grupos de la delincuencia organizada dedicada a la extracción de combustibles robados en ductos de Pemex realizó 25.5 perforaciones diarias; de esta manera se abrieron igual número de tomas clandestinas, lo que se traduce –indica el documento consultado –que se perforaron 1.14 ductos cada hora.

En el primer semestres de este año, esos mismos grupos del crimen organizado ejecutaron 29.3 perforaciones ilegales por día, lo que equivale a 1,22 cada hora. Así la dinámica criminal.

No sólo eso: Informes de Pemex indican, por otra parte, que los estados de Hidalgo, Estado de México y Puebla (Este último enclavado en la zona conocida como “El Triángulo Dorado del Huachicol” –siguen en los primeros lugares como las entidades con mayor robo de combustibles. Ahí ninguna autoridad ha podido poner orden.

Los datos hablan: De acuerdo con las cifras oficiales, esos tres estados reportan siete de cada diez tomas clandestinas realizadas por la delincuencia organizada a nivel nacional.

La dinámica del llamado “huachicoleo” se centra, en segundo lugar, en los estados de Michoacán –tiene de nadie --, Guanajuato –controlado por el CJNG y el cártel Santa Rosa de Lima --, Tlaxcala, Tabasco –la tierra del presidente López Obrador –Jalisco, Tamaulipas –aquí manda el narco –y Querétaro. En todas estas entidades se detectaron entre diez y 34 tomas clandestinas por donde se extraen gasolinas Magna, Premium y diésel.

Debido a los volúmenes de combustibles robados a Pemex este delito sigue impactando al más alto nivel del gobierno federal. La propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, en su reporte mensual, expuso que en agosto de este año el desvío de hidrocarburos de Pemex causó pérdidas considerables.

Pero el huachicol no se queda atrás, pues la extracción ilegal de petrolíferos se cuantifica en unos 4 mil barriles diarios y la actividad del crimen organizado en perjuicio de la empresa petrolera va a la alza, según indican los datos consultados.

Con base en datos estadísticos se establece, además, que esos 4 mil barriles diarios producto del llamado “huachicoleo” le redituaron al crimen organizado ingresos por unos 2 mil 290 millones de pesos en un semestre. Para sacar este cálculo, las autoridades tomaron como referencia el precio promedio nacional de gasolina –19.91 pesos por litro en gasolina regular --.

Utilizando los mismos parámetros –pero con un precio promedio por litro de gasolina de 11.14 pesos –el crimen organizado extrajo ilegalmente unos 4 mil 800 barriles diarios de combustibles. Las ganancias: 538.8 millones de pesos.

Esto indica que, aunque las tomas clandestinas lograron reducirse en 81 mil barriles diarios en noviembre de 2020 a 4 mil barriles en el primer semestre de este año –este delito sigue siendo uno de los más rentables para los grupos criminales.

En la impunidad  

           En diciembre de 2018, al tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador decidió enfrentar al crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos de Pemex. Desde años atrás, la paraestatal venía padeciendo un desmedido saqueo que mermaron sus finanzas. En buena medida, esto contribuyó a la quiebra de la principal empresa del gobierno. La estocada fue la corrupción atroz, documentada con los contratos amañados y las compras a sobreprecio –como fue el caso de la planta Agronitrogenados –adquirida por Pemex con un sobre-giro de más de 200 millones de dólares.

En aquel golpe al crimen se detectó, por ejemplo, que desde la torre de Pemex, ubicada en la Ciudad de México, había un piso destinado para operar todo el robo de combustibles. Ese espacio era el cuarto de control desde donde se enviaban las señales – la información sobre los horarios y el tipo de producto que bombearían a través de los ductos se le pasaba a la delincuencia organizada desde la propia sede de la paraestatal –para que las redes del crimen estuvieran alertas y así extraer las gasolinas.

Ahí operaban altos funcionarios de la paraestatal que resultaron ser parte de una amplia red criminal dedicada al saqueo de Pemex. Este negocio venía operando durante varios sexenios y siempre se encubrió a los responsables con el manto de la impunidad.

Tras el golpe asestado por López Obrador, sobrevino la crisis: Las empresas distribuidoras de gasolinas pararon sus actividades y se generó una escasez de gasolinas que no tiene precedentes en el país.

La crisis llegó a ser un verdadero escándalo internacional. Fue tan fuerte el impacto que el presidente López Obrador ordenó la compra de cien pipas para la distribución de gasolinas, ante el cierre temporal de los ductos.

La escasez de gasolinas se prolongó por varias semanas, hasta que paulatinamente se fue normalizando. El resultado de aquel intento de combate criminal, sin embargo, derivó en impunidad: ningún funcionario de Pemex y nadie de la delincuencia organizada está en la cárcel por ese delito.

Las perforaciones en los ductos de Pemex disminuyeron. También los volúmenes de combustible robado. Sin embargo, el delito sigue operando a nivel nacional, pero extrañamente no se combate ni se encarcela a los respon sables del saqueo a Pemex. De buenas a primeras, el tema salió del discurso presidencial. A veces se aborda, pero no hay combate pese a que las cifras siguen siendo alarmantes.

En agosto último, Pemex emitió un reporte sobre sus resultados financieros correspondientes al primer semestre del año. Expuso en dicho documento que las operaciones de la paraestatal está sujetas a riesgos por conductas criminales, pues el desvío de petróleo crudo, gas natural y productos refinados del sistema de ductos continúa. Esto implica riesgos mayores debido a que la delincuencia suele adulterar los productos.

Y en el mismo documento la paraestatal alertó que está en riesgo al estar expuesta a un mercado ilícito de combustibles, el cual es extraído de sus propios ductos, lo que se ha traducido en pérdidas multimillonarias que, hasta ahora, no se recuperan.

Una fuente consultada, quien se dedica al “huachicoleo”, dice que las redes dedicadas a este negocio ilegal operan como los cárteles de la droga. “Desde Pemex nos asignan zonas y rutas. Nosotros operamos, sacamos el producto, lo vendemos a los propios concesionarios de Pemex (los gasolineros) y luego entregamos un porcentaje de las ganancias a quienes nos brindan protección”.

Pese a todo, el negocio continúa como si nada pasara.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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