Consideremos que vivimos en una pequeña comunidad en la que hubiéramos acordado establecer la atención a la salud a todos sus miembros. Esta atención se cubriría con la aportación de cada individuo de acuerdo a sus ingresos. El fondo garantizaría la atención en salud de los miembros de la comunidad.

Sin embargo, diversas enfermedades empiezan a dispararse en la comunidad por el consumo de productos que afectan la salud. En unos decenios ha aumentado el consumo de tabaco y alcohol gracias a su penetración en la comunidad, se han convertido en una adicción con fuertes daños en la salud. El consumo de alcohol ha contribuido a la descomposición social y una mayor violencia familiar, comunitaria y de género. En el caso del tabaco, uno de cada dos fumadores muere ya por alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo.

Los daños en salud comienzan a hacerse evidentes en el cuerpo de las personas al dispararse la incidencia de obesidad y sus consecuencias como la diabetes, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. La comunidad tiene la evidencia de que la principal causa está en el cambio en la dieta con la introducción masiva de productos ultraprocesados que han llegado a trastornar los hábitos de alimentación.

La salud de la comunidad se deteriora. El sistema de salud ya no alcanza para enfrentar estas enfermedades y muertes. Aumenta el gasto en salud y no son suficientes los recursos, los ciudadanos tienen que cubrir parte importante de la atención de sus bolsillos..

Los gastos aumentan para la comunidad y para sus individuos, mientras las empresas aumentan sus ganancias. La comunidad ve que los beneficios van para las empresas y los costos para la comunidad. La comunidad y los individuos subsidian a las grandes empresas sufriendo y pagando sus daños.

Las empresas reaccionan argumentando que la causa está en los individuos, en sus malas elecciones, “nadie les pone una pistola en la cabeza” para fumarse un cigarro, tomarse una Coca o beberse un alcohol. Mientras, mantienen el diseño adictivo de sus productos, su penetración en el mercado, su alta disponibilidad.

Los científicos señalan a estos productos como “los determinantes comerciales de la enfermedad”, convertidos en la principal causa de enfermedad y muerte en la comunidad. Las empresas alegan el libre mercado oponiéndose a las políticas regulatorias dirigidas a bajar el consumo de sus productos y que han demostrado éxito en otras comunidades. Incluso, niegan el daño de sus productos.

En el centro del problema, de la crisis sanitaria, está el subsidio que la comunidad y el bolsillo de los individuos que conforman esa comunidad, están dando a esas empresas que comercializan sus productos sin tomar responsabilidad de las externalidades que generan, de los daños que provocan.

La comunidad de la que hablamos es México y, hasta el momento, la 4T, como los gobiernos anteriores, mantiene este subsidio a las corporaciones del la comida chatarra, las bebidas endulzadas, el tabaco y el alcohol. Las “externalidades” pueden corregirse incorporándolas al costo de los productos a través de impuestos. A estos impuestos se les llama pigouvianos (llamados así por la contribución del economista inglés Arthur Pigou) que tienen como propósito corregir las “externalidades” llamadas “fallas del mercado” que derivan del consumo de bienes que se asocian con daños a la salud como el tabaco, el alcohol, la comida chatarra y las bebidas endulzadas.

Los argumentos lanzados por la maquinaria multimillonaria de estas grandes corporaciones, con un poder muy superior a la mayor cantidad de naciones del mundo, se lanza argumentando que estos impuestos no sirven ( a pesar de toda la evidencia científica que demuestra lo contrario), que van a afectar a los más pobres (a pesar de que serían los que más bajarían su consumo y los que sufren impactos catastróficos en sus economía por estas enfermedades) y que se perderán empleos (la experiencia muestra que la mayor parte de las corporaciones transitan a otros negocios).

Los ingresos por los impuestos no solamente deben dirigirse a cubrir las externalidades, deben dirigirse también a campañas y cambio de las condiciones ambientales para reducir su consumo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables (dispensadores de agua potable, espacios comunitarios, asistencia a personas con adicciones, instalación de talleres de oficios, etc). Ejemplos sobre los beneficios que puede traer el destino de los impuestos existen desde el impuesto al tabaco en Panamá hasta el impuesto a las bebidas endulzadas en Filadelfia.

Los impuestos son una herramienta esencial para enfrentar las profundas desigualdades sociales y una de las principales y más extremas desigualdades es la existente en salud. Las enfermedades y las muertes provocadas por el consumo de estos productos, tienen mucho mayor incidencia e impactos significativamente más graves en las familias y comunidades vulnerables.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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