El principal problema de la iniciativa de Reforma Electoral que ha presentado el Presidente López Obrador es que en el hipotético caso de que se aprobara “sin quitar o ponerle una coma” tendría la simpatía de todos los que coincidimos en que nuestro sistema electoral es de los más caros y ofensivos del mundo pero, como viene el planteamiento presidencial, prácticamente podría dejar sin recursos al sistema de partidos porque estos entes públicos solo recibirían financiamiento público en época de elecciones que suena muy atractivo a primera vista pero conlleva otros problemas para construir consensos legislativos.

Y es ahí, donde empiezan los diferendos, ¿a que partido o bloque favorece esta miscelánea de cambios que pasa por la conversión del INE en otro organismo de elecciones y consultas, la desaparición de las OPLES estatales, la sui generis parlamentarización de la representación política a través de listas por circunscripción o estado…?

En el medio académico sabemos que toda reforma electoral tiene efectos directos en el sistema de partidos, pero muy especialmente cuando se introducen cambios en tres de sus piezas estructurales: el tamaño de los distritos electorales, la fórmula de conversión de los votos en escaños y el umbral mínimo electoral para ser parte de la representación política federal o de los estados y, en México, agregaría el tema del arbitraje electoral y el financiamiento público.

La propuesta del Presidente busca desaparecer el sistema de representación mixta (mayoría relativa y representación proporcional) para ir a un sistema de representación proporcional puro donde cada partido tendrá o no representación en función de los votos obtenidos, es decir, volveríamos en alguna forma a lo que teníamos hasta antes de 1963 cuando se incluyó en la legislación electoral la figura de diputados de partido. Claro, a diferencia de entonces, tenemos un sistema de partidos robusto, altamente competitivo y más a través de las coaliciones electorales.

Esto lleva al tema de la conversión de votos en escaños que en un sistema proporcional puro con partido dominante favorece a este y perjudica a las minorías que ya sabemos muchas de ellas son franquicias familiares o de grupo, pero las minorías, están llamadas a mostrar el mosaico de intereses de la República, lo que significa un pilar de nuestra democracia, porque lo otro muy probablemente derive en el bipartidismo que existió en buena parte del siglo XIX entre liberales y conservadores dejando fuera lo que no incluya esa matriz política. Y dicho de paso, es parte del relato permanente del Presidente López Obrador.

El umbral mínimo electoral al parecer quedaría como está con un tres por ciento de la votación emitida. Esto es, que para alcanzar una cuota mínima de representación en el caso de asistieran a las urnas el 50 por ciento de la actual lista nominal que es de aproximadamente 94 millones de ciudadanos registrados les tendría que votar prácticamente 1.5 millones de electores. Un mundo para los partidos pequeños y los de nueva creación.

Sabemos de la obsesión del presidente contra el INE y sus consejeros electorales, de su voluntad machacona por desaparecerlo de ahí que plantee la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que federalizaría el sistema electoral por encima de la soberanía de los estados lo que trastoca el pacto federal y eso obligaría a una reforma constitucional donde los estados cederían soberanía en beneficio de la federación.

Finalmente, está el tema del financiamiento público a la política, que efectivamente gracias a un diseño institucional y un mecanismo progresivo consume cada vez mayores recursos públicos lo que exige una revisión a fondo para que las elecciones -y ahora las consultas que se van a popularizar- no cuesten más a los contribuyentes.

Si esta oferta de rediseño institucional se aprobara y aplicara en los comicios federales de 2024, Morena sería el partido que tuviera mayores ventajas porque es el que tiene mayores prerrogativas económicas, además, de las provenientes del ejercicio del poder en la federación y hoy en dieciocho estados.

Entonces, a mi juicio, la iniciativa de reforma constitucional y reglamentaria está más pensada como bandera de agitación electoral que como oferta de negociación política, aquí no cabe lo ocurrido en la Corte con el cuarto voto que elevó a constitucional la reforma eléctrica y que hoy es la justificación de la campaña contra los “traidores a la patria”.

La oposición nunca aceptará la reforma como viene porque no tiene incentivos y sobre todo porque abre MÁS las puertas al financiamiento ilegal que inclina la balanza a favor del poder pues en 2021 estuvo claro, que este provino principalmente de los distintos cárteles del crimen organizado, que descaradamente bajó y subió candidatos a los cargos de representación política en varios estados y principalmente por razones más que obvias de la costa del Pacífico.

En esta oferta de rediseño institucional está en juego mucho, ya que si hay menos dinero público el sistema de partidos se va a desfondar y el dinero ilegal va a fluir en favor de sus candidatos estén en Morena o en cualquier otro partido, y eso es muy grave, estaríamos caminando ya no hacia un Estado fallido sino a un Narcoestado legitimado en las urnas.

Entonces, la oposición leal, si le creemos a Alberto Anaya, dirigente del PT, que dijo en el cónclave de Palacio Nacional que su partido va a apoyar en esta reforma al Presidente, o al Verde, estaría haciéndose el harakiri porque sobrevive gracias a las candidaturas plurinominales que al eliminarlas perjudicarán a los partidos que obtengan menos votos, porque habrá menos que repartir, con la reducción de 500 a 300 escaños federales y la parte correspondiente en el Senado pero, sobre todo, en las legislaturas locales e incluso en los cabildos municipales.

O sea, que no hay incentivos para los aliados, como tampoco para la verdadera oposición PRI-PAN-PRD-MC, y eso ya lo vio el minúsculo PRD, que fue el primero en decir que sus diputados no votaran a favor de la iniciativa presidencial.

Y si Morena solo tiene los votos que se manifestaron en la Reforma Eléctrica nuevamente serán insuficientes para sacarla adelante, aunque claro, seremos testigos como sucede con el PAN que ofrece revisar para ver si la apoyará total o parcialmente o solo ejercer con fines mediáticos una suerte de diplomacia parlamentaria, pero, al final, hasta por razones de estrategia política y por mantener la cohesión dentro de la coalición ¡Va por México!, terminaran votando en contra del Presidente.

Finalmente, haciendo un ejercicio con los triunfos de mayoría de 2021, nos podemos dar cuenta de lo que podría implicar hipotéticamente para ambas coaliciones un voto a favor de la conversión del sistema mixto en un sistema de representación proporcional puro.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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