Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

Este lunes 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos/as Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa. Al respecto, el GIEI no ha escatimado en reconocer que la investigación entró en una nueva etapa a partir de la llegada de la 4T al Gobierno federal. Desde entonces, se ha mostrado voluntad al más alto nivel (el presidencial) para esclarecer el caso y se ha creado un andamiaje institucional específico para cumplir con ese objetivo, el cual está compuesto por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, la Unidad Especial de Investigación y Litigación, y se allanó el camino para el regreso y una intervención más contundente de parte del GIEI. Sin embargo, ni la voluntad presidencial ni la institucionalidad creada alrededor del caso han sido suficientes para lograr el objetivo primordial de determinar el paradero de los 43 estudiantes. Ante esto, la pregunta obligada es ¿por qué? Del tercer informe del GIEI podemos desprender dos claves para responder esta pregunta.

Primera clave, la construcción de la llamada verdad histórica trasciende a una institución y a un personaje en lo particular (a la PGR y a Murillo Karam), ya que se trató de una operación a gran escala de ocultamiento de la verdad, la cual movilizó al Estado mexicano en todos sus niveles. Al respecto, uno de los principales hallazgos presentado por el GIEI en su tercer informe es un conjunto de evidencia que demuestra que la Marina intervino y manipuló ilegalmente el basurero de Cocula, sitio fundamental en el relato de la verdad histórica, ya que, según ese relato, en ese lugar los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados. Ahora, el GIEI nos ha revelado cómo la Marina intervino burdamente el lugar, horas antes de que los trabajos ministeriales y periciales iniciaran formalmente y sin que quedara constancia alguna de su intervención en el expediente de la investigación. Además, la evidencia encontrada por el GIEI es muy sugestiva, se trata de una videograbación realizada por una aeronave teledirigida (dron) que, por sus características, sólo los más altos mandos de la Marina podían ordenar su utilización y el video se encontraba bajo resguardo de autoridades de inteligencia naval, por lo que queda descartada por completo la posibilidad de una actuación aislada e imprudente de un puñado de marinos de bajo o medio rango.

Segunda clave, existen cúpulas de poder que orquestaron la verdad histórica y lograron permanecer en las estructuras gubernamentales. A pesar de la voluntad presidencial, de la acción decidida de algunos funcionarios comprometidos y del aparatoso andamiaje institucional para resolver el caso Ayotzinapa, el camino del GIEI para llegar a la evidencia sobre la intervención de la Marina fue tortuoso. La voluntad del Presidente de resolver el caso no es compartida por todas las instituciones. De poco ha valido la existencia de un decreto presidencial que ordena a toda la administración pública federal colaborar plenamente para esclarecer el caso, ya que una gran cantidad de documentos y evidencia le han sido ocultados al GIEI por más de dos años, principalmente, por parte de las Fuerzas Armadas. Para obtener la información, materia de análisis en su tercer informe, el GIEI ha tenido que hacer múltiples y reiteradas solicitudes, plantarse afuera de las oficinas de autoridades militares y navales para pedir audiencia, así como apersonarse directamente en archivos militares y de inteligencia para solicitar que se les pongan a la vista miles de documentos, y, como último recurso, han tenido que apelar a la intervención directa del Presidente ante el desdén y negativa para entregarles la información más sensible. Esta resistencia a obedecer las órdenes presidenciales es una manifestación clara de que al interior de las Fuerzas Armadas hay un cierre de filas para obstaculizar la resolución del caso y mantener así la impunidad.

El caso Ayotzinapa parece que llega a otra nueva etapa, la de la última llamada. Ha transcurrido ya poco más de la mitad de la nueva administración y la asistencia técnica desde el ámbito internacional, aunque valiosa, se acerca a sus límites. Al respecto, debe recordarse que la responsabilidad final de resolver el caso es de las autoridades mexicanas; no del GIEI, este último ha sido muy claro en señalar y evidenciar dónde persisten las resistencias. Ante los hallazgos del GIEI, corresponde ahora a la cabeza del Estado mexicano asumir su responsabilidad de mando sobre las Fuerzas Armadas y hacer valer sus órdenes y la palabra que empeñó con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

* Humberto es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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