El decreto entrará en vigor el viernes 18 de marzo, al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este jueves el decreto de interpretación de la propaganda gubernamental aprobado hace unas horas por el Congreso de la Unión, para permitir que los servidores públicos promuevan la consulta de Revocación de Mandato sin ser sancionados.
A pocas horas de ser aprobado por el Senado de la República, el DOF explicó en su publicación que “no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas” ni tampoco la información de interés público que debe ser difundida bajo cualquier formato por los funcionarios de Gobierno.
"El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público (poderes de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos, o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público), con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", explicó el decreto.
"Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas", agregó.
El decreto entrará en vigor el viernes 18 de marzo, al día siguiente de su publicación.
Durante este jueves, el Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones del proyecto de decreto que establece que la difusión de la consulta popular de Revocación de Mandato no sea considerada como propaganda gubernamental y que les permita a los funcionarios promoverla.
Entre los diversos gritos de la oposición que se quejaba porque el tiempo fue insuficiente para que todos los senadores votaran, los cambios fueron avalados con 67 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones.
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron un enfrentamiento verbal y reclamaron la falta de institucionalidad porque Verónica Camino Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva, exintegrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ahora de Morena, que presuntamente no tomó en cuenta los votos de Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”, se señaló.
🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 17 de marzo de 2022. https://t.co/7Uszc2C2bC
— Senado de México (@senadomexicano) March 17, 2022
Sin embargo, la única restricción que se presenta es que no deben ser utilizaos recursos públicos.
“Es una vergüenza lo que ha hecho la secretaria de la Mesa Directiva. La falta de institucionalidad en esta Mesa Directiva es clara, nosotros aceptamos esperar, si ustedes no tenían quórum. Presidenta, usted debería, señora Olga Sánchez Cordero, debería hacer política, debería respetar el reglamento. Es una lástima la forma en la que se comportan”, aseguró Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN.
Sin embargo, pese a las quejas, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, señaló que la secretaria sí realizó el cuestionamiento sobre quién faltaba por votar y aseguró que le fue compartido el audio del momento.
Asimismo, Sánchez Cordero resaltó que cumplió con sus funciones y se basó en el cierre del tablero porque los senadores que se registraron fueron los que participaron en la votación.
Este decreto delimitaría al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las atribuciones que tienen respecto a la vigilancia electoral establecida en la Constitución Política.
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La consulta revocatoria, programada para el próximo 10 de abril, es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o que renuncie.
La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.
