La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León fue quien realizó la aprehensión del exmandatario estatal este martes cuando salía de un rancho, como resultado de la denuncia que presentó el actual Gobernador de la entidad, cuando era Senador por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El actual Gobernador de Nuevo León, Samuel García, festejó la detención de su antecesor directo en el cargo, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como «El Bronco», quien es acusado por el desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas que le ayudaron a conseguir su candidatura presidencial independiente en la contienda de 2018.
«Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin LO LGORAMOS», escribió García en una de sus stories de Instagram, añadiendo los hashtags #Broncofirmas y #NLIncorruptible.
En una presentación pública este mismo martes, Samuel García aseguró que su Gobierno es «incorruptible». «Quién la hizo, la paga. Quién robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, o a campañas, va a ir a la cárcel», sentenció.
Además, dijo que quien robó dinero público a los «Corleones», o a sus campañas, «van a ir a la cárcel». «Ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado», completó.
Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.#NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas pic.twitter.com/HGLXp84HjH
— Samuel García (@samuel_garcias) March 15, 2022
El exgobernador neoleonés (2015-2021) fue detenido este martes en el municipio de General Terán por el presunto desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas que le ayudaron a conseguir su candidatura presidencial independiente en la contienda de 2018.
De acuerdo con los primeros reportes, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León fue quien realizó la aprehensión del exmandatario estatal cuando salía de un rancho, esto como resultado de la denuncia que presentó Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de la entidad, cuando era Senador por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.
Posteriormente, Rodríguez Calderón fue trasladado al Penal Número 2, con sede en el municipio de Apodaca, donde quedará a disposición de un Juez de control, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.
La FEDE de Nuevo León confirmó en un comunicado la detención, donde recalcó que Rodríguez Calderón permanecerá bajo resguardo del centro de reinserción social estatal a disposición de un Juez de Control, que resolverá su situación jurídica.
«Esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución», finalizó.
LA INVESTIGACIÓN CONTRA “EL BRONCO”
La Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por el presunto desvío de recursos públicos que le habrían permitido obtener las firmas necesarias para registrarse como candidato independiente a la Presidencia nacional, reportó Reforma.
El titular de la ASE, Jorge Guadalupe Galván, confirmó al diario que una unidad especial de la dependencia, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, ya estudia el caso.
De acuerdo con Guadalupe Galván, los resultados se darán a conocer en octubre de 2019 como parte del informe de la cuenta pública del Estado correspondiente a 2018.
La carpeta de investigación contendrá la solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto, destacó Galván.
En mayo pasado el INE informó que Rodríguez Calderón,“El Bronco”, recibió financiamiento ilícito de empresas por más de 12 millones 800 mil pesos que recibió durante el periodo electoral de recolección de firmas ciudadanas.
El INE resolvió tres procedimientos de queja en materia de fiscalización durante la etapa de apoyo ciudadano en contra del independiente tras acreditarse financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos.
Este órgano explicó que las quejas se sumaron a otras tres multas impuestas, las cuales asciendieron a un total de 739 mil pesos, al comprobar un financiamiento irregular por 12 millones 800 mil 329 pesos.
De acuerdo con el INE, Rodríguez Calderón obtuvo el financiamiento irregular a partir de tres actos: el primero es por el empleo de 652 servidores públicos de 29 dependencias de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, quienes se habrían desempeñado como auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano.
“Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de cuatro mil pesos por auxiliar; de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este proyecto es de dos millones 608 mil pesos”, precisó el consejero Ciro Murayama.
Una segunda sanción de 226 mil 243 pesos llegó al independiente luego de simular el supuesto recibo de recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”, por un monto involucrado de cuatro millones 494 mil pesos.
“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, señaló Murayama.
De acuerdo con el INE, las personas morales Dyjoma, SA de CV, y Comercializadora Zelcy, SA de CV, presuntos aportantes, no cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se ubica en un mismo bien inmueble, por lo que tuvieron que dar parte al Servicio de Administración Tributaria y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León.
Asimismo, “mil 35 auxiliares recibieron pagos por la prestación de servicios para la recopilación de firmas de obtención de apoyo ciudadano, en favor del entonces aspirante Rodríguez Calderón por un total de seis millones 630 mil pesos, mediante “Tarjetas Saldazo Oxxo”, provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones, SA de CV, Grupo Comercial Gutren SA de CV, y Attar 2715 SC.”
Cuando se dio a conocer la denuncia el consejero Ciro Murayama precisó que el único financiamiento privado que es legítimo por la legislación mexicana es el que hacen ciudadanos, de recursos propios y, además, que no son aportaciones anónimas.
“Aquí lo que tenemos es que este conjunto de ciudadanos hizo las aportaciones pero no con recursos propios, sino que ellos sólo fueron un vehículo para mover el dinero que salió de empresas. Es una trama de triangulación para ocultar un financiamiento de origen no legal”, señaló.
