México, (EFE).- Los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años, en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según un informe presentado ayer por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El documento, titulado «Situación de la Tortura en México», será llevado este martes 30 de octubre ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986.
«La tortura sigue siendo una herramienta constantemente utilizada por las fuerzas de seguridad y fomentada por el actual pasivo de las autoridades ministeriales y judiciales», dijo en rueda de prensa en la capital mexicana la portavoz de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), Agnieszka Rzczynska.
Este informe, realizado por las 73 organizaciones que constituyen la Red TDT, junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), muestra la «preocupación» que suscita una «situación agravada por la falta de avances en políticas públicas».
El texto incluye los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que muestran un incremento de más de 300% entre las 392 denuncias recabadas en 2007 y las 1,669 de 2011, y aquellos casos documentados por organizaciones de la sociedad civil.
«Es difícil contar con cifras, pues la mayoría de casos no se denuncian, pero a pesar del subregistro, el número de casos del 2006 a la fecha ha aumentado en un 500 por ciento», precisó el portavoz del colectivo contra la tortura y la impunidad, Javier Enríquez.
De acuerdo con el informe, «la militarización de la guerra contra el crimen» es uno de los principales factores que ha motivado este incremento y, como prueba, señalan el aumento de las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mientras en 2006 hubo 182 denuncias por tortura contra este organismo, en 2011 fueron 1,626, lo que «da una idea del incremento de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército».
«Lo que plasmamos es una preocupación de que la tortura es fomentada por el diseño de las actuales políticas públicas en materia de seguridad pública, especialmente por la participación de las fuerzas militares en la detención, retención e interrogación de civiles», aseveró Rzczynska.
Los firmantes del informe denuncian, además, la existencia de un modo de operar «enmarcado en un patrón de lucha contra el crimen organizado» que comienza por una «detención arbitraria» y culmina en un proceso judicial donde se admiten declaraciones bajo tortura.
Asimismo, precisan que las palizas, los intentos de asfixia, el simulacro de ejecución, la atadura de extremidades o las amenazas de muerte al detenido y a su familia son las formas más habituales de tortura, en medio de una situación caracterizada por la falta de contacto con abogados o autoridades judiciales.
«La tortura es tolerada por un sistema que utiliza criterios judiciales para admitir como pruebas las confesiones arrancadas mediante tortura o coacción y por la negativa de realizar investigación en los casos de tortura», afirmó Rzczynska.
Ante esta situación, confiaron en que las resoluciones que emita el Comité contra la Tortura hagan al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones y admitir que no es un asunto puntual, sino «sistemático y en proceso de normalización».
