De acuerdo con el estudio, estas desigualdades afectan a las mujeres de todas las edades: desde aquellas que comienzan en el campo laboral, una madre que combina el trabajo con el cuidado infantil o una mujer que esta pronta a jubilarse. Por ello, las autoridades mundiales llamaron a los gobiernos a garantizar la igualdad económica.
Ciudad de México, 1 de marzo de (SinEmbargo).– Alrededor de 2 mil 400 millones de mujeres en el mundo que se encuentran en edad de trabajar no cuentan con la igualdad de oportunidades económicas, y sólo acceden a tres cuartas partes de los derechos que se les reconocen a los hombres, lo que revela la disparidad y desigualdad que aún viven las mujeres.
Según el reporte del Banco Mundial (BM) La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, son 178 países que aún tienen barreras legales que impiden que las mujeres participen plenamente en la economía, mientras que en 86 países las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral y 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
«Si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de 172 billones de dólares, es decir, casi dos veces el Producto Interno Bruto (PIB) anual del mundo», señaló Mari Pangestu, Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial.
«A medida que avanzamos hacia un desarrollo verde, resistente e inclusivo, los gobiernos deben acelerar el ritmo de las reformas legales, para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse de manera plena y equitativa», insistió.
Los datos del estudio mostraron que al menos son ocho áreas en las que las mujeres se ven afectadas:
-Movilidad.
-Trabajo.
-Remuneración.
-Matrimonio.
-Parentalidad.
-Empresariado.
-Activos.
-Jubilación.
Por ello, el Banco Mundial puntualizó que en el mundo la calificación de acceso a los derechos económicos de las mujeres sólo es de 76.5 de 100 puntos, y que únicamente 12 países, todos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen paridad jurídica entre los géneros. Además, la institución económica resaltó que en comparación con el 2020, la cifra del reciente año que terminó es medio punto más alta.
EL REZAGO EN AMÉRICA LATINA
A nivel regional, las mujeres de América Latina y el Caribe acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres.
En total, de las 32 economías de la región sólo dos promulgaron reformas en esta materia el año pasado: por un lado, Argentina contabilizó explícitamente los periodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación; mientras que Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo.
En ese sentido, sólo la mitad de las economías de la región garantizan algún tipo de licencia remunerada para los padres.
La mujer, la empresa y el derecho 2022-BMTambién en 2021 las regiones de Oriente Medio y Norte de África y África al sur del Sahara mostraron las mejoras más significativas en el índice del estudio del BM, pero aún así continúan rezagadas en términos generales con respecto a otras partes del mundo.
Gabón se destaca por haber introducido amplias reformas en su código civil y por haber promulgado una ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. La puntuación de este país aumentó de 57.5 en el 2020 a 82.5 en el 2021.
A nivel mundial, el mayor número de reformas correspondió a los indicadores de parentalidad, remuneración y trabajo.
Muchas modificaciones legislativas se centraron en la protección contra el acoso sexual en el trabajo, la prohibición de la discriminación por razones de género, la extensión de la licencia remunerada para los nuevos padres y madres, y la eliminación de las restricciones laborales para las mujeres.
Si bien los indicadores de remuneración y parentalidad mostraron los puntajes promedio más bajos del índice, pero durante el último año se elevaron en 0.9 y 0.7 puntos, respectivamente, y alcanzaron promedios de 68.7 y 55.6. «Los avances en el indicador de parentalidad se han referido en gran medida a la licencia por paternidad y a la licencia parental compartida, pero su baja puntuación destaca la necesidad de acelerar las reformas en esta área», recalcó la institución global.
«Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar», afirmó Carmen Reinhart, Vicepresidenta Sénior y Economista en Jefe del Grupo Banco Mundial. «Eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones», sentenció la funcionaria del BM.
En todo el mundo, 118 economías garantizan 14 semanas de licencia remunerada para las madres. Más de la mitad (114) de las economías analizadas estipulan una licencia remunerada para los padres, pero la duración promedio es de sólo una semana.
El año pasado, la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), que anteriormente ofrecía 10 semanas de licencia remunerada por maternidad, estableció la duración mínima recomendada de 14 semanas. Armenia, Suiza y Ucrania incorporaron la licencia remunerada por paternidad.
Colombia, Georgia, Grecia y España, además, establecieron la licencia parental remunerada, que ofrece a ambos progenitores algún tipo de licencia pagada para cuidar al niño o niña después del nacimiento. Las leyes que promueven la licencia remunerada para los padres pueden reducir la discriminación en el lugar de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.
En México recientemente se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para incrementar de 5 a 15 días la licencia remunerada para padres de familia.
POR UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA
Por otro lado, en el área de pago, sólo 11 economías de Latinoamérica y el Caribe cuentan con legislaciones que obligan a una remuneración equitativa por igual trabajo, pero 9 aún limitan el tipo de trabajo que las mujeres pueden desempeñar en la industria, entre ellos Argentina, Colombia y Uruguay. De los 30 países de todo el mundo que no prohíben la discriminación en el empleo, 7 están en la región, entre ellos Bolivia, Guatemala, Jamaica y Dominica.
Entre las economías de la región con mejores indicadores de leyes equitativas de género aparecen Perú y Paraguay, seguidos por Ecuador, El Salvador, Bolivia y México. En el último lugar se encuentra Haití.
De acuerdo con el reporte de «La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022», para esta edición se incluyeron estudios piloto en dos nuevas áreas: el entorno jurídico referido a los servicios de cuidado infantil y la implementación de las leyes. Los resultados arrojaron que un número creciente de economías están invirtiendo en el cuidado infantil con el fin de mejorar sus habilidades y reconocer el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres, quienes suelen asumir una mayor cantidad de tareas de cuidado.
Además, en esta investigación se analizó la legislación de 95 economías y se observó que la mayoría de las economías de ingreso alto de la OCDE y de Europa y Asia central regulan servicios públicos de cuidado infantil, mientras que en Oriente Medio y Norte de África y en Asia meridional, las normas obligan al sector privado o a los empleadores a brindar servicios de cuidado para los hijos o las hijas de sus trabajadores.
«Para que el cuidado infantil resulte más asequible y se utilice ampliamente, algunos países ofrecen apoyo financiero a las familias o a los proveedores de estos servicios», recalcó la institución.
En el otro ámbito, la aplicación de leyes, el BM recalcó que éstas por sí solas resultan insuficientes para lograr mayor igualdad de género, pues entran en juego no sólo su implementación y cumplimiento, sino también las normas sociales, culturales y religiosas. «Los derechos económicos de las mujeres deben ser fortalecidos para que les sea garantizada la igualdad en el acceso a los programas de apoyo público y a la tecnología digital, como por ejemplo, los teléfonos móviles o los ordenadores e Internet», se finaliza en el informe.
