Decenas de mujeres han sido condenadas a años de cárcel en El Salvador después de haber vivido diversas emergencias obstétricas, las cuales se persiguen penalmente como abortos. Con el apoyo de colectivas feministas, algunas han logrado dejar atrás la prisión pero viven todavía las consecuencias de una persecución jurídica en su contra.
Por Marcos Alemán
SAN SALVADOR, 22 de febrero (AP).— En El Salvador hay un relato que desde hace unos años se ha vuelto familiar: una mujer embarazada sufre un incidente de salud que la lleva a una sala de urgencias para pedir ayuda y, en vez de recibir apoyo, obtiene una condena de prisión.
Kenia, Karen y Evelyn son sólo tres nombres detrás de ese tipo de historias. En un país donde el aborto es penalizado bajo cualquier escenario, estas salvadoreñas pasaron varios años en la cárcel acusadas de homicidio agravado a pesar de que la interrupción de sus embarazos no fue provocada. Ahora, tras su liberación en diciembre de 2021, hablan ante la prensa sobre las consecuencias que los señalamientos en su contra siguen teniendo en sus vidas.
La vida de Kenia dio un giro con una llamada telefónica. A sus 17 años, tras sentirse mal en medio de su embarazo, decidió llamar a urgencias, pero tras ser hospitalizada en una institución pública despertó en una camilla con la noticia de que sería acusada de abortar y ese señalamiento derivaría en una condena de 30 años de cárcel.
«Me privaron de mi libertad. Fue algo injusto. Perdí mi juventud, perdí mi familia, todos mis sueños se vinieron abajo», dijo el martes a decenas de periodistas con voz entrecortada y lágrimas en los ojos. Según contó, cuando despertó estaba rodeada de policías que le tomaban fotos y uno de ellos la amenazó. «Me dijo que él se encargaría de que me pudriera en la cárcel y así fue. Él fue el testigo principal en mi contra. Era su versión contra la mía; fue algo duro», agregó.
Kenia pasó nueve años en la cárcel y fue liberada el 17 de enero. Antes de ella, el 23 de diciembre, también dejaron la cárcel Karen, Evelyn y otra mujer llamada Kathy. Todas cumplían 30 años de cárcel y aunque el Presidente Nayib Bukele llegó al poder gracias al impulso de un partido político conservador, su Gobierno fue el que permitió que recuperaran su libertad. Hasta el momento no se ha comentado la razón detrás de esa decisión.
En las ultima décadas, cerca de 181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, con la lucha del colectivo feministas, 62 han recuperado su libertad. Otras 12 siguen enfrentado condenas.
El relato de Karen es similar. A sus 21 años, ya embarazada, estaba sola en la casa donde vivía con su abuela y se desmayó.
Cuando despertó en el hospital «estaba esposada a una camilla» y muchos policías la cuidaban. Ella —asegura— se sentía como criminal, ellos le hacían preguntas y Karen dijo que trató de explicarles que se trató de un accidente pero nada les importó. «Ya me habían juzgado», contó el martes a la prensa. «Ya en la cárcel también me señalaron. Me juzgaron las mismas compañeras que estaban presas. Es difícil todo esto», agregó.
Karen fue a juicio y como a otras mujeres que no tiene dinero para pagar abogados, «también me condenaron a 30 años de prisión siendo inocente». Siete años después, logró su libertad y espera aprovecharla con su hijo de 14 años. Sin embargo, asegura que por lo pronto no todo es felicidad. «Sigo siendo juzgada y señalada por la sociedad. Siempre nos miran feo, hacen malos comentarios, pero sigo luchando porque mi proyecto de vida es sacar adelante a mi hijo».
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y Republica Dominicana. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años.
Elsy lo vivió en carne propia. En junio de 2011, siendo una madre soltera de 28 años, se encontraba trabajando como empleada domestica cuando se sintió mal y buscó ayuda, pero en lugar de recibir atención médica fue arrestada de inmediato bajo sospecha de haberse provocado un aborto y después de un proceso judicial, que los activistas de señalan lleno de irregularidades, fue sentenciada a tres décadas por homicidio agravado.
La lucha de organizaciones feministas que apoyan a las mujeres que son condenadas bajo este panorama la beneficiaron y ahora Elsy está libre, pero si situación fue un calvario. «Fueron 10 años muy difíciles que pasé en la cárcel. Estuve lejos de mi hijo, de mi familia. Ahora quiero seguir adelante para ver a mi hijo creciendo», aseguró.
Evelyn le acompañó en la conferencia de prensa del martes para narrar su historia y también visibilizó la vulnerabilidad que las salvadoreñas padecen si están embarazadas y sufren un incidente que las lleve a perder a sus hijos. Según explicó, el Estado las condena «con una ley injusta que nos criminaliza por ser mujeres, por ser mujeres pobres. Yo, al igual que mis compañeras, soy inocente».
«Esta ley me condenó y me apartó de mi hijo, de mi familia, por 13 años. Mi hijo estaba bien pequeño. Ha sido difícil para mi estar lejos de ellos», dijo la mujer de 34 años que fue procesada en 2009.
«No es contra todas las mujeres», afirmó ante la prensa Morena Herrera, que dirige la organización sin fines de lucro Agrupación Ciudadana Por la Despenalización de Aborto, que desde 2009 investiga el grave problema que se vive en este país centroamericano. Herrera dijo que las investigaciones confirman que la criminalización se ejerce es contra mujeres jóvenes, que viven en una situación de pobreza, con niveles relativamente bajo de educación y con situaciones de vulnerabilidad que les impide el acceso a una defensa efectiva y a servicios de salud.
Incluso al salir de la cárcel, el reto que enfrentan es grande. Para Kenia, el sueño de rehacer su vida a sus 26 años y después de pasar casi una década en la cárcel, aún hay mucho por hacer. «Recuperé a mi familia y no me quiero estancar. Quiero seguir estudiando, estudiar inglés, perfeccionarme en cosmetología para así poder ayudar a mi familia».
