De todas las auditorías hechas a las dependencias encargadas de la atención a la pandemia de COVID-19, resalta la del Instituto de Salud para el Bienestar, en donde se reporta un monto superior a los 2 mil millones de pesos pendientes de aclaración por presuntos malos manejos.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Pagos extras, entrega de “bonos COVID” a personal que no estuvo en el área de atención de esta enfermedad, adjudicaciones directas irregulares, compra de ventiladores que no se entregaron a tiempo, KN95 que nunca llegaron… todas esas irregularidades fueron detectadas en 2020, el peor año de la pandemia y generaron un posible daño al erario por 2 mil 651 millones 268 mil 268 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La auditoría hecha al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) revisó los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria. El periodo de fiscalización corresponde al 2020, el año más complicado de la enfermedad en el mundo. México no fue la excepción.
Las anomalías que señala la Auditoría se dieron en el marco de las necesidades inmediatas que se originaron por la pandemia, como la compra de ventiladores o la adquisición de material de protección básico como las mascarillas.
Se detectaron, por ejemplo, en el uso de los recursos para el pago de salarios, ya que se encontró que a personal médico, paramédico y afín que fue contratado, recibió un sueldo superior al establecido y eso tuvo un costo de 33 millones de pesos.
En ese grupo se encontraron 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales que no atendieron COVID, con un rango de edad de 60 a 65 años que no contaron con la autorización de dicho estímulo.
En lo que respecta a las adquisiciones, se detectó que dos contratos fueron entregados a dos proveedores extranjeros, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no explicó a la ASF cómo es que seleccionó a esas dos empresas, por lo que hay dudas en el proceso de licitación.
Para la adquisición de mil ventiladores a uno de los proveedores extranjeros, por 650 de éstos se pagó 920 millones de pesos y los ventiladores no fueron entregados en la fecha establecida –antes del 30 de abril de 2020–. Este retraso provocó que el Insabi tuviera que recurrir a un despacho legal.
Otra de las solicitudes de aclaración que pide la ASF al Instituto es por 40 millones 505 mil 854 pesos por la adquisición de 1 millón 050 mil mascarillas KN95 compradas el 29 de marzo de 2020 a la empresa de origen chino China Meheco Co., LTD. Se pagaron, pero no se entregaron.
Otras anomalías son por los pagos a cuatro proveedores para la compra de 2 mil 250 ventiladores de los que no hay documentación de cómo se adjudicaron y tampoco se sabe si se distribuyeron 8 millones 369 mil 670 artículos como batas, mascarillas, guantes.
LOS 27 MILLONES DE LA SEDENA
La ASF también revisó el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la atención de la pandemia generada por el Virus SARS-CoV2, causante de la COVID-19, tanto de su presupuesto autorizado como de los recursos que le fueron transferidos por el Insabi con motivo de los convenios de colaboración que ambas entidades suscribieron para tales fines.
Se detectaron 27 millones 664 mil 391 pesos pendientes de aclaración derivados de una diferencia entre el monto de los recursos reportados como pagados al personal de salud y mano de obra calificada para atender la pandemia.
De los recursos otorgados, la Sedena reportó que la Dirección General de Administración radicó a los diversos hospitales para el pago del personal.
Según la ASF, la Sedena no estableció ningún procedimiento conciliatorio que le permitiera aclarar de manera mensual las referidas diferencias.
POCO CONTROL DE VACUNAS
Otra revisión de la ASF fue a la adquisición y distribución de la vacuna contra la COVID-19 y en específico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).
La Auditoría detectó que hubo deficiencias en la adquisición, recepción, almacenamiento, y distribución de vacunas contra el virus.
Sobre el almacenamiento de la vacuna Pfizer, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, que fue el encargado de resguardar las dosis de la vacuna, y por otra parte, de la vacuna AstraZeneca existen diferencias en los números de dosis y de lote de la vacuna.
Respecto de la distribución de las dosis de vacuna a las entidades federativas, se encontraron “incongruencias” entre la información proporcionada por 10 Coordinadores de la Brigada Especial Estatales (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora), en el registro del ingreso de lotes de dosis de la vacuna, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo distribuido por BIRMEX.
