En el marco de la discusión sobre la propuesta de Reforma al sector eléctrico (o contrarreforma energética) y los serios alegatos o escándalos de corrupción relacionados con la aprobación de la Reforma Energética del 2013, sus leyes secundarias del 2014 y los desarrollos posteriores (que derivaron en atracos masivos a la nación), es preciso llevar el debate más allá de la decisión del Congreso de la Unión este año. Es necesario recordar varios aspectos que son de gran interés nacional.

No obstante los candados establecidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)—que de forma alevosa y ventajosa promovió Estados Unidos con el liderazgo del expresidente Donald Trump—es quizás posible cuestionar fundamentalmente el marco regulatorio que parece haberse construido y aprobado en el Congreso mexicano mediante actos de corrupción sistemáticos y generalizados. Lo anterior pone en duda todo el esquema regulatorio de la industria energética nacional, así como su arquitectura institucional en lo general.

Esta consideración no es menor y tiene que ver con los alegatos que se han venido discutiendo en los últimos dos años vinculados al arresto e intento de negociación de la Fiscalía General de la República (FGR) con el exdirector de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la primera parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Cabe destacar que dicha negociación terminó en una pifia, que aseguró impunidad por casi dos años (de febrero de 2020 a noviembre de 2021) al exfuncionario y no llegó a buen término. Hasta ahora, la fiscalía ha solicitado únicamente una sentencia de 39 años de prisión para Lozoya y de 25 años para su madre, Gilda Margarita Austin de Solís por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. A Lozoya se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

Cabe destacar que la actuación de la FGR es decepcionante y aún no finaliza el caso judicial—lo que no descarta una reducción considerable de la pena para estos dos personajes o, quien sabe, su eventual exoneración en caso de no haberse integrado bien los expedientes. No sería la única vez que sucede esto. Por otro lado, se puede poner en duda todo el proceso e investigación puesto que no es creíble de ninguna manera que estos individuos hayan delinquido solos. Recordemos todos los reportes de prensa que vinculan al equipo de Lozoya Austin y colegas más cercanos—como Froylán Gracia Galicia y Arturo Henríquez Autrey, entre otros—a escandalosos actos de corrupción [una muestra, de entre muchas otras, se lee aquí: https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cultura/el-expediente-de-froylan-gracia].

Lo más preocupante y delicado de este asunto es la información que se había dado a conocer y que presumía la existencia de pruebas en manos de Lozoya Austin sobre supuestos sobornos otorgados a legisladores en 2013 para lograr la aprobación de la Reforma Energética. Ese escándalo llega incluso a señalar al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y al expresidente del Partido de Acción Nacional (PAN) y excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. Este último se encuentra prófugo de la justicia pues su proceso, que lo relaciona con el caso Odebrecht, ha avanzado y no se presentó a declarar. Mientras tanto, el gobernador tamaulipeco fue desaforado el año pasado por delitos que lo relacionan a delincuencia organizada, defraudación fiscal, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, y actualmente se encuentra amparado.

Este último se retrató con el Presidente de México hace un par de días, en un evento que muchos consideran como una especie de “tregua”. Sin las pruebas que prometía—y que no presentó—Emilio Lozoya será difícil poder sentarles a ambos cargos por actos corruptos ligados al sector energético y a la reforma de 2013. Dichos actos, como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, incluyen el otorgamiento de beneficios extraordinarios y contratos leoninos al sector oligopólico transnacional de la industria energética en perjuicio del pueblo mexicano, su soberanía y sus recursos estratégicos.

Al final, como bien lo ha señalado el Presidente de México y otros críticos del denominado sistema neoliberal (cuando se refieren al sector energético y al eléctrico en particular): quienes participaron en la aprobación de la reforma y en el diseño del marco regulatorio del sector energético de los años 2013 y 2014 hicieron un gran daño al país y se comportaron como “traidores a la patria”. Esto podría comprobarse y documentarse, en caso de que existiera voluntad política para hacerlo. Si el país contara con una Fiscalía General de la República eficiente y lejos de cualquier conflicto de interés—lo cual parece no ser el caso ahora—se podrían sentar las responsabilidades correspondientes por diversos actos corruptos que beneficiaron al gran capital transnacional a costa del pueblo de México y sus recursos naturales.

Cada uno de los procesos en el marco de la aprobación e implementación de la Reforma Energética del 2013/14 tiene responsables y las acciones corruptas correspondientes se pueden verificar—y en su defecto, sancionar. En el tema de la reforma al sector eléctrico esto es mucho más claro gracias a la discusión que ha tenido lugar en los meses pasados. Distintos funcionarios en la pasada administración federal—que trabajaron en PEMEX, Secretaria de Energía o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por nombrar algunas dependencias—tuvieron a su cargo diversas oficinas, y realizaron acciones específicas, incluyendo el otorgamiento de los contratos leoninos. Los responsables tienen nombre y apellido.

Son demasiados los procesos a considerar, pero cada vez existe más claridad al respecto. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental (MIAs) en algunas zonas estratégicas de la República Mexicana y las consultas con las comunidades indígenas para facilitar las inversiones de la iniciativa privada parece se dieron irregularidades mayores que han quedado registradas. Estos hechos han provocado afectaciones a comunidades indígenas y asesinatos de líderes ambientalistas, indígenas y sociales en zonas geoestratégicas de México. Dichos hechos no deberían quedar impunes. También aquí los responsables tienen nombre y apellido.

Si tuviéramos una Fiscalía General de la República “que sirva” [y con esto no me refiero a la que parece que tenemos—que no da una—o la que nos querían dictar los poderes fácticos detrás de las ONGs internacionales], las cosas podrían ser muy diferentes. En caso de poder comprobar corrupción sistemática en la aprobación de la Reforma Energética de 2013/14—con los expedientes bien integrados y las pruebas correspondientes en mano—sería posible comenzar una discusión más allá del sector eléctrico que se lleva a cabo el presente año. No obstante los acuerdos adquiridos bajo el T-MEC, la confirmación del nivel escandaloso de corrupción que alegaba Lozoya cuando llegó a México en febrero de 2020, y el cual se confirma con otros reportes y testimonios—más no con una investigación profunda ni pruebas contundentes—podría justificar un cambio fundamental en la legislación actual. En caso de probarse la existencia de dicha corrupción sistemática y extendida a varios exmiembros del Congreso de la Unión, se podrían sentar las bases para una posible renegociación de contratos con las empresas transnacionales, una reforma parcial a la ya hecha o quizás una cancelación total del marco generado en 2013.

Esta última opción parece radical, pero se justifica pues estaríamos hablando de corrupción estructural y generalizada en todo el proceso. En el contexto general de las cosas parece una acción apropiada y nuestros socios comerciales deberían aceptarla—pues ellos son paladines de la lucha anticorrupción a nivel global y esperaríamos comprendieran lo que eso significa. Bajo las condiciones actuales en una nueva era geopolítica, cabe la posibilidad de negociar una salida digna o alguna renegociación del esquema aprobado en 2013/14 que le devuelva a México la gestión de la mayor parte de sus recursos estratégicos.

Este punto que acabo de mencionar no es menor, pues en el curso de mis investigaciones y atendiendo a los reportes de prensa y diversos testimonios aún no completamente investigados—como el de Lozoya, el corrupto exdirector de PEMEX que negociaba su condena a través de un abogado cercano al actual Fiscal General de la República [véase https://quintoelab.org/project/lozoya-gertz-comparten-abogado]—existe la posibilidad de que la reforma se aprobó para beneficiar a los grandes capitales privados transnacionales de la industria energética y recurriendo a las peores prácticas corruptas y de soborno generalizado.

Después de analizar de forma general lo sucedido en México en la era neoliberal, me parece también preciso revisar con todo cuidado las leyes secundarias de la Reforma Energética aprobadas en 2014. La parte que corresponde a la propiedad de la tierra es en extremo preocupante [véase https://www.bakerinstitute.org/research/land-ownership-and-use-under-mexicos-energy-reform/]. Asimismo, como sabemos, debe revisarse la reglamentación relacionada con los organismos autónomos en todo el sector energético (no sólo en el sector eléctrico), que más bien fungen como protectores de los intereses de una industria transnacional oligopólica. Sus acciones han dejado más bien en la indefensión a las familias mexicanas que estarán sujetas a los designios del gran capital privado que funge como monopolio.

Recordemos la participación de la CRE en la asignación de contratos leoninos en el sector eléctrico el sexenio pasado, así como el papel—aún no claro—del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) relacionado con la explotación de litio en Bacanora, Sonora [véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/17/economia/niega-cofece-haber-entregado-concesiones-para-explotar-litio/]. Estos organismos autónomos en lugar de representar a la sociedad civil, parecen haber representado mucho mejor a los grandes intereses capitalistas—que tienen sus centros de operación fuera de este país.

Finalmente es preciso revisar con todo cuidado la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera que fueron modificadas y aprobadas en el pasado reciente para también beneficiar los intereses extranjeros. Bajo esas normativas, el gran capital transnacional puede ser—y en realidad ya es—el gran dueño de México en todas sus áreas estratégicas. Debemos reformular esas leyes y cancelar los artículos que atentan contra nuestra soberanía y dejan en manos del gran capital nuestros recursos naturales, incluyendo nuestros minerales, tierras y aguas. En pocas palabras, es preciso cancelar el atraco a México.

Guadalupe Correa-Cabrera

https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac/

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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