El Gobierno de Biden apeló el fallo de tribunales inferiores en los que obligaban al Presidente restaurar la política originalmente instaurada durante el periodo de Donald Trump; "Permanecer en México" obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.
Por Mark Sherman
WASHINGTON, 19 de febrero (AP).— La Corte Suprema de Estados Unidos concederá al Gobierno de Joe Biden una audiencia rápida en su intento de eliminar una política fronteriza impuesta en la era Trump, la cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
El viernes, los jueces acordaron escuchar la apelación del Gobierno a los fallos de tribunales inferiores que lo obligan a revivir la política “Permanecer en México”, que fue instaurada por el expresidente Donald Trump en 2019. La audiencia se realizará en abril y se espera una decisión para finales de junio.
Biden suspendió el programa, denominado formalmente como Protocolos de Protección a Migrante, en su primer día en el cargo, y el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021.
Pero después de que los estados de Missouri y Texas, gobernados por políticos republicanos, interpusieran una demanda contra la medida de Biden, un juez federal ordenó que se volviera a aplicar la política, algo que ratificó un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones.
La política de “Permanecer en México”, reconoció Mayorkas, contribuyó al descenso de los cruces fronterizos ilegales en 2019, pero dijo que la reducción tuvo “costos humanos sustanciales e injustificables” para los solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
Este programa se ha reanudado, aunque de manera lenta. Desde su puesta en marcha en diciembre del año pasado, 572 personas habían sido devueltas a México hasta el 13 de febrero, según la agencia de migración de Naciones Unidas.
Tanto el Gobierno de Trump como el de Biden han utilizado una facultad de salud pública —para evitar la propagación del COVID-19— para expulsar a más de 1.5 millones de migrantes desde marzo de 2020 sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
