En 2021 se registró la mayor embestida del Gobierno Federal en contra de bienes del crimen organizado. A través de 60 juicios de extinción de dominio, la FGR pretende quedarse con propiedades de delincuentes. En 2019 y 2020, las autoridades ministeriales apenas habían ejercitado tres y cinco acciones extintivas, respectivamente. Al sumar 75 juicios de extinción de dominio en tres años, el sexenio de López Obrador supera al de los ex presidentes Calderón -42- y Peña Nieto -67-. Actualmente se lucha por quitar bienes a Emilio Lozoya, Rafael Caro Quintero, Miguel Treviño “Z-40”, hackers rumanos y mexicanos, así como ladrones de hidrocarburos.
Por Luis Carlos Sainz
Ciudad de México, 10 de febrero (Zeta).- Después de un inicio opaco del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con muy baja actividad de las autoridades ministeriales para ejercitar acciones de extinción de dominio sobre los bienes de miembros de la delincuencia organizada, en los últimos meses logró revertir la situación, al grado de en poco más de tres años, haber realizado más gestiones que cada uno de los dos presidentes de México que le antecedieron. Previo a ello se fortaleció la unidad encargada de esa tarea en la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial amplió el número de Juzgados especializados para conocer de las demandas.
A la fecha, durante la presente administración ya se ha conocido de 75 juicios de extinción de dominio, divididos de la siguiente manera: tres en 2019, cinco en 2020, 60 durante 2021 y siete casos en el año en curso, que pretenden extinguir el dominio de bienes de miembros de crimen organizado. En cambio, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se creó esta figura jurídica en la legislación mexicana, se ejercitaron 42 acciones, y en el régimen de Peña Nieto, se tuvieron 67 asuntos durante sus seis años.
Aunque todavía los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED) -dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la FGR- cometen algunos errores al presentar sus acciones ante los jueces, lo que les implica tener que realizar correcciones, han mejorado la altura de miras en cuanto a la calidad de personajes y bienes a demandar, pues durante 2019 y 2020 las acciones fueron principalmente en contra de narcomenudistas y casos aparentemente irrelevantes.
A partir del 16 de diciembre de 2020, que se crearon seis Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana en el Primer Circuito, con sede en Ciudad de México. La FGR se hizo más intensa, entablando juicios en contra de personajes como el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin; los narcotraficantes Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, ex líder del Cártel del Golfo, y Rafael Caro Quintero, ex jefe del Cártel de Guadalajara; el hacker Héctor Ortiz Solares y Miahi Ghiata, miembro de la mafia rumana que opera en México; además del ex director de la Policía Municipal de Aguascalientes, Elías Moisés Manzur Constantino, entre otros.
Los aseguramientos sobre los cuales se está procediendo para que sean perdidos por los implicados sin contraprestación alguna van desde casas, terrenos, vehículos automotores, aeronaves, centenarios de oro, dinero en efectivo en dólares americanos y moneda nacional, así como los montos de algunas cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles bajo la administración y supervisión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anteriormente denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Los bienes afectos a estas acciones están relacionados con la probable comisión de delitos contra la salud en modalidades como narcomenudeo, comercio y cultivo de marihuana, posesión de cocaína, transporte de metanfetamina y producción de fentanilo. También operaciones con recursos de procedencia ilícita en hipótesis de transportar o poseer dinero en efectivo que procede o representa el producto de una actividad criminal, delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y, de forma más reciente, delitos en materia de hidrocarburos.
LOZOYA, “PEZ GORDO”
Quizá la acción de extinción de dominio más importante de la presente administración, es la ejercitada el 21 de octubre de 2021 por la FGR ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, admitida hasta el 3 de noviembre en contra de Emilio Lozoya Austin. El asunto se mantuvo silencioso hasta finales de año, cuando, a través de la publicación de edictos ordenados por la autoridad judicial, fue posible conocer que se estaba procediendo en contra del más grande de sus bienes.
Bajo el expediente 9/2021 quedó registrada la intención del MPF de ir en contra de la enorme mansión del ex director de Pemex, ubicada en el Conjunto Habitacional Residencial La Retama, en Calle Ladera número 20, Fraccionamiento Lomas de Bezares, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Dicho inmueble fue adquirido presuntamente por el hombre actualmente encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de la Capital del país, por 34 millones de pesos, según se desprende del acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019.
Luego de analizar la demanda formulada por varios fiscales adscritos a la de la UEMED de la FGR, la jueza Lilia Osorno Arroyo radicó el asunto, notificó del mismo al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para que administre el inmueble y ordenó las notificaciones por medio de edictos a cualquier persona que tenga un derecho sobre el bien raíz objeto de la pretensión extintiva del juicio, a través del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Por su parte, la fiscalía también realizó la publicación de edictos en su página web.
La residencia de Lomas de Bezares está relacionada con la adquisición a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex, bajo la gestión y autorización de Emilio Lozoya. En la compra de dicha compañía de fertilizantes, en 2015, se pagó un precio extra de 200 millones de dólares sobre el valor real de las instalaciones de la planta que se encontraba en condiciones inoperables y era considerada como chatarra. Presuntamente el ex funcionario recibió una mochada de 3.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México, SA (AHMSA).
Por estos hechos, Lozoya Austin es procesado en un Juzgado Penal federal, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. También es encausado en el mismo tribunal por el soborno que realizó la empresa brasileña Odebrecht durante la precampaña del ex Presidente Enrique Peña Nieto. La juzgadora especializada en extinción de dominio otorgó un plazo al demandado hasta el 9 de febrero para que presente sus excepciones a la pretensión ministerial.
CONTRA LOS CARO
Otro caso relevante fue la solicitud y obtención de medidas cautelares de aseguramiento por parte de la FGR en contra de propiedades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y su familia en el municipio de Zapopan, Jalisco, con vías a preparar un juicio de extinción de dominio, en lo que será una disputa por esos bienes entre los gobiernos de México y Estados Unidos. La demanda 3/2021 fue admitida después de una apelación en el Juzgado Cuarto de Distrito especializado en la materia.
La orden de aseguramiento de al menos cinco inmuebles, se decretó el 15 de junio de 2021, luego que un Tribunal Unitario revocó la negativa del juez federal, que el 14 de mayo previo desechó la solicitud del MPF, argumentando que no se podían pedir medidas cautelares sin que se hubiese ejercitado la acción para extinguir dichos derechos civiles. Un magistrado enmendó la plana a la FGR.
Foto: Cuartoscuro.
El 30 de junio siguiente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y militares efectuaron diferentes y simultáneos operativos para ejecutar los aseguramientos autorizados por la autoridad judicial. Las propiedades presuntamente adquiridas con ganancias del narcotráfico y cuyo origen tendrán que explicar los demandados, son dos residencias, dos departamentos y una bodega dedicada al comercio, cuyos actuales inquilinos son ajenos a la imputación, por lo que se les considera como terceros afectados.
Los inmuebles asegurados, que no son los ocho mencionados en 2019 por autoridades estadounidenses, sino cinco, están ubicados en Paseo de los Virreyes número 4283, Villa Universitaria, Zapopan; bodega en Avenida Melchor Ocampo 468, local 21, Mercado de Abastos Norte, en Zapopan; departamentos número 8 y 9 en condominio de Sagitario 5289, Residencial Arboledas, Zapopan; y la residencia de la calle Luigi Pirandello 5397, Fraccionamiento Vallarta Universidad, también en Zapopan. Bienes registrados a nombre de Caro Quintero y sus hijos.
En el escrito de la autoridad ministerial se mencionan otros tres domicilios de las calles Circuito Madrigal y San Gonzalo, Colonia Santa Isabel; y Callejón del Sereno del fraccionamiento Villa Universidad, los tres en Zapopan, Jalisco, donde presuntamente viven los demandados, pero no se solicitaron medidas cautelares contra los mismos. Tampoco en contra de otras presuntas propiedades de los Caro, como la conocida como Rancho Gorupo y el terreno rústico llamado El Tigre o la Salitrera.
DÓLARES DEL “Z-40”
El 3 de septiembre último, los fiscales de la UEMED presentaron demanda para extinguir el dominio en favor del Gobierno Federal de 2 millones 278 mil 125 dólares americanos con 70 centavos que fueron asegurados -en efectivo- al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, durante su captura registrada en julio de 2013. Aunque en diversos medios se dio a conocer la misma cantidad en pesos mexicanos, el edicto publicado por la FGR señala que se trata de moneda estadounidense.
Junto con el ex líder del grupo criminal de Los Zetas figuran como codemandados Abdón Federico Rodríguez García, Óscar Navarro Pérez y Amador Esquivel Orozco, también detenidos y actualmente recluidos actualmente en prisiones federales por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITIA/099/2013. La pretensión de quedarse con el dinero fue admitida en el Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia, con residencia en Ciudad de México, bajo expediente 7/2021.
En su momento, el numerario asegurado fue remitido por el MPF el 26 de septiembre de 2013 ante el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que desde entonces se encarga de su resguardo en una de sus cuentas bancarias administrando sus rendimientos. La jueza Esperanza Arias Vázquez notificó a las personas demandadas en las respectivas prisiones en las que se encuentran.
Actualmente Miguel Treviño Morales está preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 en Comaltitlán, Chiapas, adonde fue trasladado el año próximo pasado tras reportarse una incipiente maniobra para apoderarse del control del penal federal Número 17 en Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán, donde contaba con algunos privilegios y pretendía fugarse, según reportaron servidores públicos adscritos al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
“El Z-40” es procesado penalmente en al menos 19 causas repartidas en Juzgados de Distrito de los estados de Tamaulipas, Estado de México y Jalisco, y a la fecha, desde su captura hace casi nueve años, ha recorrido los Cefereso Número 1 Altiplano en el Estado de México; Número 2 en Puente Grande, Jalisco; Número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Número 11 en Hermosillo, Sonora; y el extinto Número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
MAFIA RUMANA
Dos acciones de extinción de dominio se ejercitaron en dos diversos tribunales especializados en contra de los rumanos Mihai Ghiata y Lulia Lancu, presuntos miembros de la banda internacional liderada por Florian Tudor, quienes operaban en la Riviera Maya defraudando a usuarios de tarjetas bancarias mediante el hackeo de cajeros automáticos, efectuando llamadas telefónicas y enviando correos electrónicos para obtener sus cuentas y quedarse con sus montos.
La primera de las acciones, es conocida en el expediente 12/2021 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana para que se decrete la propiedad de 6 mil 770 dólares americanos y 302 mil pesos en efectivo asegurados durante la detención de la pareja de rumanos el 15 de julio de 2021, tras un operativo realizado en tres domicilios Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Ghiata y Lancu, presos en el Centro de Reinserción Social de La Paz, imputados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de mentafetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de poseerlos, también fueron notificados de un segundo juicio de extinción de dominio, bajo el número 12/2021, pero del Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia, para que un automotor BMX, tipo sedán, modelo 2014, color blanco, placas CZZ-9189 de BCS, pase a ser propiedad del Gobierno de la República. Ambos asuntos fueron incoados en diciembre reciente.
La aprehensión de Miahi Ghiata y su mujer ocurrió en una finca de Duara Residencial, en El Tezal, Cabo San Lucas, donde fueron rastreados por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas, de la Agencia de Investigación Criminal. Se les buscaba como presuntos autores del robo y clonación de tarjetas crediticias, transferencias electrónicas ilegales y hackeo de cuentas bancarias. Durante los cateos fueron aseguradas computadoras, diversos dispositivos de almacenamiento, la suma de dinero mencionada, droga sintética, un lector de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red.
HACKERS DE GUANAJUATO
Otras personas señaladas como hackers, pero de nacionalidad mexicana y también privadas de la libertad, son Héctor Ortiz Solares “El H-1” y/o “El Bandido Boss”, y su esposa Sara Esperanza Arévalo, a quienes se señaló de encabezar la banda “Bandidos Revolutions Team”, que operaba en el Estado de Guanajuato y presuntamente se dedicaba a hackear instituciones bancarias, de las que obtenían ganancias mensuales aproximadas a 100 millones de pesos. Ambos fueron imputados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de posesión.
La FGR accionó en contra de Ortiz Solares, recluido en el penal de máxima seguridad Altiplano, y de su mujer, internada en el penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, en el juicio 2/2021, donde reporta como reclamadas en favor del erario público tres cuentas bancarias. Una abierta en Banco Santander México, donde existe la cantidad de 4 millones 144 mil 195 pesos con 91 centavos; y dos en Citibanamex, con 945 mil 391 pesos y 48 centavos, y otra que resguarda 725 mil 804 pesos.
La captura de la pareja guanajuatense y otros cinco individuos se registró en mayo de 2019, luego que la Agencia de Investigación Criminal ejecutara órdenes de cateo en once inmuebles, donde fueron asegurados 27 automotores de lujo, entre carros camionetas y motocicletas, equipo de cómputo, droga, armas de fuego y dinero en efectivo. Un juez especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones autorizó el rastreo de la organización criminal y de esa forma se dio con su paradero.
