El juicio que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene desde el año pasado contra diversas armerías de Estados Unidos de América por fomentar la venta de armas a los grupos de la delincuencia organizada en México ha reactivado el tema del contrabando de pertrechos en la opinión pública, incluso desde una mirada histórica, perspectiva de la que parte este texto.

Efectivamente, el abastecimiento legal e ilegal de armas de EU de agentes estatales y no estatales en México no es nuevo, desde antes de la misma Independencia llegaban armas para los denominados conspiradores. A partir de ese momento y hasta la pacificación del México posrevolucionario, los grupos enfrentados acudían a la Unión Americana, lo mismo para abastecerse de armas que para exigir política y jurídicamente que no se le permitiera adquirir ese tipo de materiales al bando opuesto (no importaba si estuvieran formalmente constituidos en el Gobierno).

Durante la Revolución Mexicana porfiristas exigieron a Washington que se prohibiera adquirir armas a los maderistas, los maderistas hicieron lo propio contra orozquistas y el huertismo hizo idéntica demanda contra carrancistas. EU generalmente sostenía que no podía vedar el libre comercio en su país. En este sentido, en marzo de 1912, el presidente Taft y el Congreso de aquel país proclamaron una resolución en la que prohibían el envío de armas y municiones de guerra a México para evitar que la violencia doméstica en el país aumentara. Esta prohibición contaba con limitaciones y excepciones que el presidente de aquel país era el encargado de aprobar o rechazar. Las excepciones se concedían normalmente a las solicitudes de importación que no tuvieran como fin generar más violencia (de acuerdo con el criterio de Washington), por lo que a un actor al que se le autorizaba la compra de armas era al gobierno mexicano formalmente establecido, quien poseía el uso legítimo de la fuerza.

Por esta razón, el Gobierno legalmente constituido de Victoriano Huerta debía solicitar permiso al Gobierno de EU para poder comprar pertrechos de guerra. Para autorizar las importaciones, el Departamento de Estado les pedía a sus cónsules investigar sobre la solicitud para tratar de comprobar que las armas no tenían como fin dotar de poder de fuego a grupos que no estuvieran dentro de la ley. Asimismo, dicha dependencia tenía cuatro criterios para permitir el envío de armas, uno de ellos, era bajo el cual se le autorizaba a la Administración mexicana comprar este tipo de mercancía: que las solicitudes fueran realizadas por oficiales militares o civiles del gobierno central de México. La costumbre de EU era aprobar casi automáticamente las peticiones que se hacían por medio de la embajada mexicana en Washington. No obstante, el Departamento de Estado reconocía que todas las medidas y criterios no impedían completamente que las armas llegaran a manos de grupos rebeldes.

Woodrow Wilson tomó el poder un año después y siguió el mismo criterio que su antecesor para la autorización de la exportación de armas al país, en especial las dirigidas al Gobierno de Huerta.

Había otros embarcos de material que no eran solicitados por el gobierno mexicano; presumiblemente, estos materiales eran adquiridos por industrias dedicadas a la minería o a la metalurgia y para estadunidenses en el país, lo cual no garantizaba que posiblemente fueran revendidas a los revolucionarios.

Las acciones huertistas para lograr que los revolucionarios no adquirieran armamento en EU fueron permanentes y se recurrió al sistema de justicia de ese país. En 1913, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo en el que declaraba que bastaba “iniciar el embarque de efectos de guerra para México… para que sus autores fueran castigados”. La embajada mexicana y la cancillería recibieron con beneplácito la resolución, sin embargo, la historiadora Berta Ulloa señala que el fallo tuvo poco efecto ya que era difícil probar la culpabilidad de los traficantes. Pero el Gobierno mexicano seguía sin tener control, siquiera plena información, de los materiales que llegaban a territorio nacional. Por ello, Huerta emitió un decreto que prohibía la importación de toda clase de armas de fuego y artículos suplementarios. Estableció que este tipo de importaciones se harían exclusivamente a través de la Secretaría de Guerra, en un esfuerzo por centralizar las compras de ese tipo. Sin embargo, dicha medida no fue acatada por los carrancistas y menos por la Casa Blanca.

Ante este flujo de pertrechos, y el cambio de política exterior de Wilson a Huerta, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de aquel país acordó, finalmente, prohibir la acumulación de armamento en locales de la frontera y la suspensión de permisos de importación para Huerta. Ante estos embates, la diplomacia mexicana acusó algunos legisladores de apoyar a los rebeldes y facilitar financiamiento y armas a su causa. La medida del Senado tuvo efectos y Wilson detuvo los permisos para que el huertismo adquiriera armas aun antes de decretar formalmente el embargo en agosto. El embargo dificultó al huertismo la adquisición de estos materiales. Meses después, Wilson autorizó la compra regular de armas a los constitucionalistas, invirtiendo la balanza en la materia y contribuyendo a la caída de Huerta.

Este ciclo no se detuvo ahí, carrancistas, villistas, delahuertistas, obregonistas, etc. anduvieron el mismo camino y Washington utilizó su normativa interna para favorecer o perjudicar al grupo que le podía convenir y, de paso, su industria armamentista obtenía cuantiosos recursos. A fines del siglo XX, en un contexto en el que los grupos políticos en México no eran los consumidores de armas de aquel país, y la Unión Americana había vuelto prácticamente libre la venta de rifles y pistolas en su territorio, el crimen organizado ha sido el comprador por excelencia de las armerías estadunidenses (además de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad nacionales).

La industria de guerra de EU ha sido una de las históricas beneficiarias de la violencia en México. A este Gobierno le corresponde realizar todas las acciones posibles para detener la criminalidad letal, entre ellas, acciones diplomáticas y jurídicas innovadoras y firmes para detener el tráfico ilegal de armas. La Cancillería mexicana actúa de nuevo con la contundencia de hace más de un siglo, ahora el empuje no es arrebatarle las armas a alguna facción política sino a las organizaciones criminales que violentan a nuestra sociedad.

Erik Del Ángel Landeros

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Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y candidato a doctor en Historia por la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Texas y con el Diplomado Líderes Progresistas por la Fundación Friedrich Ebert. Se ha desempeñado en el sector público y académico. Actualmente es profesor en la carrera de Relaciones Internacionales y Coordinador Ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la SRE.

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