El 18 de enero Artículo 19 presentó el informe “Democracia de Papel” sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba. Dicho documento es el resultado de la suma de esfuerzos de personas que apoyaron a documentar violaciones a la libertad de expresión cometidas contra periodistas independientes, artistas, activistas, organizaciones y medios de comunicación que laboran dentro de la isla, incluidos a quienes el acoso y hostigamiento sistemático, aunado a las amenazas de daño a su integridad o a su vida, los forzaron a salir del país.

El informe busca dar voz a las y los periodistas que han sufrido un día y otro, el abuso de poder del Estado con el fin controlar los flujos informativos bajo una sola narrativa oficial y bajo una sola ideología. En Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, en que el partido único absorbe y decide todo sobre la vida de las personas.

La violencia en contra de los medios cubanos se ha relativizado e incluso normalizado por quienes hacen periodismo en la isla y fuera de ella, así como por gobiernos y sociedades a nivel global. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, aun cuando ocurren de manera sistemática y generalizada, se vislumbran como insignificantes frente al alza de asesinatos de periodistas en América Latina. Cuba es un lugar donde las leyes, instituciones  y funcionarios, no matan periodistas, pero sí “han matado el periodismo”,[1] pues existe una política de Estado para violentar y someter bajo asedio constante a las libertades de expresión, de información y de asociación.

Es así que en pos de la defensa de la Revolución, el Estado ha perfeccionado los mecanismos para despojar de la dignidad a periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos, activistas y artistas, estableciendo un cerco legal que elimina cualquier intento por conquistar la libertad de conciencia, social, económica o política; fortaleciendo un aparato estatal que intimida, desprestigia, hostiga, amenaza, criminaliza y persigue coartando libertades y derechos, y estableciendo un clima de terror ante la inconformidad creciente.

Es por eso que en el informe abordamos desde cuatro perspectivas la restricción de la libertad de expresión en la isla:

1. Marco normativo

Aun cuando reconozca explícitamente la libertad de expresión para todas las personas, la Constitución prohíbe la existencia de medios independientes y exige la colegiación obligatoria de periodistas,[2] limitando la pluralidad y la diversidad mediática e informativa, anulando el derecho de acceso a la información para aquellos periodistas o personas que quieren hacer investigación, pero no se encuentren dentro de la oficialidad. Derivado de la Constitución, las leyes secundarias han creado un cerco que limita los alcances de la libertad de expresión a un ejercicio que resulte aceptable para el régimen. Trasponerlo supone una serie de sanciones y penas que, aplicadas de manera sistemática y generalizada, se convierten en graves violaciones a los derechos humanos.

2. Digital

En el caso cubano, encontramos que Internet, aun con sus limitaciones, se presenta como un privilegiado ámbito de expresión y participación en el que participan una diversidad de voces. No obstante, existen constricciones de hecho y de derecho que el sistema y el Gobierno imponen al espacio público y a la comunicación pública en general. Como pudimos ver las horas y días posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021 (11-J), se realizaron apagones generalizados de Internet para evitar que se difundiera información sobre las graves violaciones a derechos humanos.

Desde hace años, el régimen cubano ha tratado de llevar su fórmula represiva al uso de las redes sociales, a través de diversas disposiciones normativas como el Decreto-Ley 370/2018, el cual supedita el desarrollo de las TIC a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Por si fuera poco, a partir de las protestas masivas del 11-J el régimen aprobó nuevos instrumentos legales para coartar la libertad de asociación y la libertad de expresión: el Decreto-Ley No. 35/2021, el Decreto 42/2021  y la Resolución 105/2021, junto con otros instrumentos normativos. El paquete legislativo habilita la persecución de personas que utilizan las TIC con fines ciudadanos y sociopolíticos, además de propiciar la censura de contenidos de interés público en Internet.

3. Agresiones contra periodistas

En 2020, Artículo 19 documentó 681 agresiones en contra de 119 periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos. De éstas, 65 por ciento fueron cometidas contra de periodistas y 36 por ciento contra activistas, artistas y defensores de los derechos humanos que participaron en las protestas de noviembre y diciembre de ese año. Al respecto, es importante advertir que 69 por ciento (472) del total de agresiones fueron cometidas en un lapso de seis semanas (del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020).

La violencia que se desató en contra de estos actores del disenso a finales de 2020, continuó de manera preocupante en el primer semestre de 2021, cuando se cometieron 656 agresiones en contra de 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De éstas, 49 por ciento (321) fueron perpetradas en contra de periodistas.

Durante 2019, ARTICLE 19 había documentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año.[3] En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

El tipo de agresiones perpetradas más comunes fueron los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias, así como las campañas de desprestigio para generar el aislamiento de la persona de su entorno.

4. Derecho a la protesta

Las protestas desatadas en 2020 por el Movimiento San Isidro y el 27N, y la subsecuente represión del estado, provocaron que las expresiones de hartazgo fueron aumentando en 2021. Diversos grupos que antes no hacían patente su molestia hacia las políticas de Gobierno comenzaron a alzar la voz y a pedir a la comunidad internacional ayuda a través de los hashtag #SOSCuba y #SOSMatanzas.

El 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, se inició una protesta pacífica que, tras ser transmitida a través de las redes sociales, se replicó en diversas ciudades a lo largo y ancho de la isla. La represión gubernamental propició más de 900 personas detenidas, entre ellas 45 menores de 18 años. La brutalidad policiaca le costó la vida al ciudadano afrodescendiente Diubis Laurencio Tejeda.

Al término de las protestas del 11 de julio no cesó la represión. Por el contrario, el Estado cubano acumuló toda su capacidad y fuerza para apagar cualquier chispa que diera lugar a otro levantamiento. El dialogo no se vislumbró como opción viable para el régimen pero si el miedo y la persecución.

En conclusión, a partir de lo expuesto en “Democracia de Papel” podemos decir que la situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Cuba no puede pasar por alto para la comunidad internacional. No hay violaciones a derechos humanos “buenas” y “malas”, “justificables” y “condenables”. Esa fórmula es imposible bajo los principios democráticos de dignidad humana universal.

Cada vez más personas, incluidos jóvenes de izquierda (como el Presidente electo de Chile Gabriel Boric) toman distancia de un régimen liderado por una casta burocrático-militar autoritaria, represiva, inoperante, corrupta y que ha perdido la capacidad de imaginar un cambio más allá de la lógica de la Guerra Fría. Como ha señalado Alina Bárbara López: “los sacrificios que impone una revolución son parte de un horizonte de cambio en la vida de las personas, pero los plazos para lograrlo no pueden ser eternos”.

[1] ARTICLE 19, entrevista a Armando Chaguaceda, político e historiador cubano-mexicano, 27 de septiembre de 2021.

[2] La colegiación obligatoria es el deber que se impone a los periodistas de pertenecer a los medios reconocidos por el Estado.

[3] ARTICLE 19, Bajo sentencia…, op. cit., p. 48.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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