Gertez Manero cumple tres años como Fiscal General de la República entre acusaciones por no respetar la autonomía de la dependencia, con la apertura de menos carpetas de investigación que la extinta PGR y trae a cuestas la falta de sentencias en casos emblemáticos de corrupción.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– A tres años de la gestión de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República (FGR) la dependencia aún arrastra las deficiencias de la PGR, con una procuración de justicia que evade obligaciones institucionales sobre transparencia y rendición de cuentas, que ha frenado el diálogo con las víctimas, y que es acusada de ser empleada como herramienta política, alertaron expertos en el sistema penal.
Para los especialistas consultados por SinEmbargo, la Fiscalía de Gertz Manero ha incumplido el principio de autonomía, una característica que motivó desde hace años a la sociedad civil a exigir que desapareciera la Procuraduría General. Una muestra de ello, dijeron, es que la Fiscalía General no tiene avances significativos en casos de corrupción que impactan a nivel nacional, como las investigaciones abiertas contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y la exsecretaria peñista Rosario Robles Berlanga; en cambio, la dependencia sí ha acelerado ciertos procesos como el cierre de la investigación contra el General Salvador Cienfuegos, además de obtener órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del Gobierno de Felipe Calderón por su presunta participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
“Hasta hoy no tenemos ni una sola sentencia en casos de corrupción y peor aún, se está politizando. Lo que hemos visto recientemente y que vamos a ver los próximos dos años de cara a las elecciones es el peor escenario que es la politización. Tenemos a un Fiscal que lejos de usar su autonomía para realmente investigar casos de corrupción institucional y ser un contrapeso en el poder está haciendo las veces de persecución política, es decir, está siendo el perro guardián de la Presidencia de cara a las elecciones. Esto quedó muy claro con el anuncio de la investigación por el caso ‘Rápido y Furioso’”, dijo en entrevista Adriana Greaves, cofundadora de la organización Tojil.
Desde el 7 de enero, la FGR anunció que obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante sentenciado en Estados Unidos (EU), el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en el operativo de trasiego de armas. Especialistas en temas de seguridad consultados por este diario digital calificaron la decisión como “un show mediático y sensacionalista”, pero este lunes el Presidente López Obrador celebró que la Fiscalía tome cartas en el asunto.
Para Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia, que ha publicado informes sobre los primeros años de la gestión de Gertz Manero, aunque el Presidente asegura en sus discursos que hay temas en los que él no se involucra, “lo cierto es que en las mañaneras se está pronunciando acerca de qué rumbo deben tomar determinadas investigaciones”. Por ello, aseguró, la forma en la que la FGR ha tratado casos de relevancia nacional parece que atiende directamente a directrices que vienen desde Palacio Nacional, “en lugar de ser una Fiscalía autónoma que asuma los casos con garantías absolutas de objetividad”.
El actuar del Fiscal ha sido tan cuestionado que grupos de la sociedad civil exigieron durante 2021 que sea separado del cargo antes de concluir el periodo de nueve años para el que fue electo en enero de 2019. En contraste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al exsecretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, como aseguró en su conferencia matutina de este lunes donde expresó que confía en él.
A la falta de resultados y las exigencias de la sociedad civil se suma un conflicto personal de Gertz Manero en el que su familia lo acusa de ser el autor de una persecución política. El 5 de enero, Alonso Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán Servín, quien fuera pareja de Federico, hermano del actual Fiscal, denunció en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el titular de la FGR los ha extorsionado y se ha aprovechado de su posición dentro de la dependencia para fabricarles delitos.
Además de estos cuestionamientos, las cifras no dejan bien parada a la administración de Gertz Manero.
De 2019 a noviembre de 2021, en los primeros tres años del Gobierno actual, la FGR inició 119 mil 116 carpetas de investigación por delitos sancionados en el Código Penal Federal, es decir, 58 mil 22 menos que las averiguaciones previas y carpetas abiertas en los primeros tres años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando sumaron 177 mil 138, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las carpetas iniciadas por la FGR no se ven reflejadas en órdenes de aprehensión, como muestra la respuesta a la solicitud de transparencia con folio 0001700280621 que la dependencia respondió a un ciudadano, en ella se informó que de 2019 a agosto de 2021, pese a las más de 100 mil investigaciones que comenzaron, sólo se habían librado 7 mil 587 órdenes para detener a personas que estarían relacionadas.
El año en el que se iniciaron y determinaron menos carpetas de investigación relacionadas con delitos de corrupción fue 2021, con 90 y 16, respectivamente.
Estos resultados han impactado en la percepción que la ciudadanía tiene de la FGR, ya que 54.8 por ciento de la población de 18 y más años en México considera que es corrupta, según los datos obtenidos en 2021 por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De igual forma la gestión de Gertz Manero ha sido señalada por violar derechos y llega hoy a sus tres años con mil 028 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
ADMINISTRACIÓN CUESTIONADA
El caso más reciente que se le cuestiona a la FGR fue la solicitud de órdenes de aprehensión por el proyecto de trasiego vigilado de armas de EU a México conocido como «Rápido y Furioso».
Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, EU, dijo a SinEmbargo que la medida se entiende como una forma en la que la FGR ha tratado de «justificar su trabajo de alguna u otra manera», pues con esta investigación cambia la narrativa de las autoridades mexicanas ya que en las primeras versiones del operativo se relacionaba directamente a los funcionarios estadounidenses por no informar al Gobierno mexicano que habían introducido las armas.
Esta investigación se suma a otro gran pendiente de la FGR: la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. En México ningún político ha sido condenado por beneficiarse de contrataciones públicas, como sí ha pasado en otros países. Actualmente sólo Emilio Lozoya Austin y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury están detenidos por su presunta relación en el esquema de corrupción.
A inicios de mes la Fiscalía General solicitó de 54 años de prisión en contra del exdirector de Pemex, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, antes había pedido detener al exfuncionario por 39 años.
A la FGR también se le ha cuestionado por el proceso que sigue contra Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2019 acusada por uso indebido del servicio público porque habría permitido la subcontratación de servicios por parte de universidades públicas para desviar recursos, ella es la única exfuncionaria de alto rango detenida por este caso.
“Es una profunda injusticia, una persecución que no ha tenido una mínima consideración, sigo siendo la única funcionaria de alto nivel que está en prisión por este caso”, criticó la exfuncionaria el 30 de diciembre, en una audiencia donde se confirmó que deberá seguir su proceso detenida.
La abogada Estefania Medina Ruvalcaba explicó que los casos contra Lozoya y Rosario Robles muestran que la FGR sigue sin investigar las redes de corrupción, por lo que «simula» la búsqueda de justicia.
«Rosario Robles ni Lozoya son los únicos personajes de mayor relevancia involucrados en estos casos, es escandaloso que hoy no tengamos investigaciones ni procedimientos para conocer a todas las personas que pudieron estar involucradas en estos casos de corrupción y no sólo desde el ámbito público, incluso empresas privadas. Esto muestra cómo los casos únicamente se utilizan para mostrar una simulación de justicia porque las redes de corrupción siguen sin ser desmanteladas», enfatiza la también cofundadora de Tojil.
La Fundación para la Justicia, que forma parte del Colectivo vs la Impunidemia junto con decenas de organizaciones, también ha llamado a la Fiscalía a perseguir «redes de macrocriminalidad» y no solo caso por caso, con ello, explica Eduardo Rojas, podrían conseguirse mejores resultados en investigaciones relacionadas, por ejemplo, con la delincuencia organizada.
SIN TRANSPARENCIA
Para las abogadas Adriana Greaves y Estefania Medina otro caso emblemático sobre el actuar de la FGR es la investigación contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, pues este mes la dependencia decidió dar carpetazo al litigio que iniciaron en 2019 desde Tojil para exigir que se les considere víctimas de la corrupción, lo que le permitiría a la organización observar de cerca cómo operan las autoridades y aclarar por qué los fiscales tomaron la decisión de retirarle los cargos de delincuencia organizada e imponer una sentencia menor al exmandatario.
«[En el Gobierno de Enrique Peña Nieto] el mismo Duarte salió a decir que fue extorsionado por los fiscales que en su momento lo investigaban, que le habían pedido dinero para disminuir su pena. Entonces nosotras presentamos una denuncia en contra de los fiscales de la Fiscalía General que investigaban el caso por haber pedido y recibido ese soborno en su momento. Un juez de distrito nos reconoció como víctimas de corrupción en el primer caso, pero posteriormente un Tribunal Colegiado nos negó ese reconocimiento. Nosotras advertimos que evidentemente de manera sistemática, como había trabajado la Fiscalía, le iban a dar carpetazo al caso, como no hay nadie dándole contrapeso ni transparencia, cerraron el caso, como todos los casos de corrupción», acusa Adriana Greaves.
La Fiscalía ha tenido que ser obligada a transparentar información de relevancia nacional, muestra de ello fue que hace unos días publicó la lista de los funcionarios que han sido cuestionados por su participación en el caso de la constructora brasileña Odebrecht y sus declaraciones iniciales recopiladas entre 2017 y 2018 por orden del INAI.
Además de ocultar cómo operó en este caso, organizaciones civiles han denunciado que la FGR no publica informes precisos sobre los resultados de su administración y qué ha hecho para cumplir con la transición de la PGR a la Fiscalía autónoma.
Muestra de este rezago, recordó el abogado Eduardo Rojas, es que a tres años de que se creó la dependencia el Senado aún no instala el Consejo Ciudadano, un grupo de cinco civiles cuya creación está estipulada en la Ley que creó a la FGR para fiscalizar a la autoridad.
A ello se suma que en mayo de 2021, pese a las críticas de la sociedad civil porque no fue discutida, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de la Fiscalía General de la República y limitó la participación ciudadana, por ejemplo, para los nombramientos de la persona que liderará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
DOF -ley fgr«También en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un instrumento para fijar las metas y directrices sobre las que se debe conducir la FGR, en la anterior Ley se garantizaba que en la elaboración debía haber un ejercicio de consulta ciudadana, esto fue eliminado», comentó Rojas.
Al igual que la Fundación para la Justicia, otras 20 organizaciones –entre ellas Artículo 19, Redim y WOLA– se pronunciaron desde el año pasado por la aprobación de esta nueva ley porque consideraron que representa un retroceso para las víctimas y los derechos humanos en México porque condiciona el derecho para pedir la atracción de casos a ciertas circunstancias.
Esto fue leído por la sociedad civil como una estrategia de la FGR para reducir su responsabilidad en materia de búsqueda de personas desaparecidas y acceso a la justicia para personas migrantes al obstaculizar la atracción de casos de las fiscalías locales.
«Vemos a una Fiscalía que sigue operando con la misma estructura, con la misma lógica que la Procuraduría General de la República. No sólo no ha abierto la comunicación con la sociedad civil y las víctimas, sino todo lo contrario, incluso podemos decir que hemos dado un paso atrás en este aspecto», lamentó el abogado Eduardo Rojas.
