Por Paola Alejandra Ramírez González*

“Yo quisiera que mis hijos me llegaran caminando, me llegaran vivos, me llegaran bien. Pero si ya no están aquí, mínimo quiero darles una sepultura digna como siempre lo he dicho, porque si ya me les dieron muerte indigna por lo menos quiero que la sociedad, que las personas que me escuchan, me ayuden para poderles dar una sepultura digna. Porque nuestros hijos no son animales que pueden quedar tirados en la intemperie en cualquier lugar, nuestros hijos necesitan un lugar digno, un lugar donde puedan estar y puedan descansar, y poder descansar también nosotros un poco de esta incertidumbre" (Testimonio de María Herrera)^[i].

El conmovedor testimonio de María Herrera, una madre que busca a cuatro hijos desaparecidos, ilustra uno de los problemas más complejos, oscuros y dolorosos por los que México atraviesa en relación a graves violaciones a los derechos humanos: la desaparición forzada de personas, los sistemáticos hallazgos de cuerpos enterrados en fosas clandestinas y la crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar^[ii].

Resultado de la lucha de las víctimas, el 16 de febrero de 2017 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas^[iii]. Pese a que dicha legislación ordena la creación de instituciones^[iv] y mecanismos que permitan hacer frente al grave fenómeno de las desapariciones en el país, el panorama no es alentador.

La catástrofe humanitaria sigue vigente y se traduce en el drama social de miles de personas que, con amor y dignidad, buscan a sus seres queridos en lugares que nunca imaginaron y que nadie merece recorrer (fosas clandestinas y comunes, fríos pasillos de Semefos y funerarias), con la contradictoria esperanza de reconocer fotografías, objetos, indicios, vestigios que les lleven a localizar a seres queridos.

En este escenario, y dados los impactos psicosociales que producen la desaparición forzada, la búsqueda y la identificación sin vida del ser amado, es que nace el Protocolo Interdisciplinario de Notificación de la Identificación de Personas Desaparecidas y Restitución Digna^[v]. Este documento es producto de la iniciativa de la sociedad civil que incorpora el enfoque psicosocial de manera transversal en los procesos forenses, particularmente en la notificación y entrega digna. Esto con la intención de evitar que durante estos procesos se generen formas de violencia que profundicen los daños.

Dicho enfoque pone en el centro de los procesos a las víctimas, sus necesidades y sus derechos en cada una de las fases de la búsqueda, identificación y restitución digna. De esta manera, garantiza el trato digno y el carácter reparador en las acciones. También comprende que los impactos psicosociales se producen en el contexto de violencia sociopolítica, reconoce las formas de afrontamiento y formas de organización de las víctimas.

Mirar más allá de la ciencia forense

La identificación de cuerpos permite recuperar la identidad de quienes esperan retornar con los suyos. En este sentido, los cuerpos deben ser comprendidos no solo en su dimensión biológica-material, sino como sujetos con nombre e historia, revestidos por los afectos que los vinculan con sus seres amados. Para que los cuerpos-personas puedan regresar con los suyos, la intervención de la ciencia forense es fundamental.

Sin embargo, la correcta implementación de los procesos forenses tiene efectos más allá de este campo técnico-científico: las acciones impactan en la subjetividad y la colectividad de quienes buscan. Es decir, los procesos forenses pueden favorecer o afectar–aún más– a la elaboración subjetiva y comunitaria de la pérdida.

Los impactos psicosociales y emocionales que puedan derivarse de prácticas mal realizadas por quienes intervienen en estas fases, ya sea desde el lugar de autoridades, expertos y acompañantes psicosociales, repercuten –entre otros aspectos– en la posible elaboración de un duelo, en la simbolización comunitaria de la pérdida a través de prácticas rituales, religiosas y espirituales, y construir sentidos del mundo fragmentado por la violencia al resignificar el dolor.

Procesos correctamente realizados, donde el trato digno hacia los muertos y sus familias sea uno de los principios^[vi] transversales, pueden brindar confianza y certezas, elementos mínimos que permiten abrir los márgenes para que los familiares de sepultura digna a sus seres queridos, favoreciendo su tránsito al mundo de los muertos y con ello, sus almas tengan un descanso. Atender afectiva y simbólicamente a quienes retornan sin vida, a su vez, es un bálsamo para apaciguar el corazón herido de quienes le sobreviven.

Dignificar a los cuerpos muertos y a sus familiares durante la identificación y entrega digna, no solo es un derecho sino una política que puede hacer frente a la deshumanización que provoca la crueldad de la muerte violenta. De ahí que, llevar a cabo procedimientos adecuados y prácticas institucionales comprometidas, se torna de carácter urgente.

Instituciones que dignifiquen

En ese tenor, el Protocolo, desde una mirada anclada en la experiencia de las víctimas, busca ser una herramienta que contribuya a mejorar las acciones que las autoridades correspondientes, servidores públicos, expertos forenses y acompañantes psicosociales llevan a cabo. Sobre todo, que puedan comprender la trascendencia de su quehacer y de sus acciones, ya que éstas repercuten más allá de su labor específica.

En el actual contexto de violencia sociopolítica y crisis forense, la suma de esfuerzos y las acciones conjuntas, coordinadas, éticas, responsables y sensibles entre autoridades (Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones locales, entre otras), expertos forenses y grupos de expertos independientes (como el recién instalado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense), organizaciones y equipos de acompañantes psicosociales, serán clave para lograr identificar y regresar con la dignidad que se merecen los cuerpos muertos y sus familias.

Particularmente, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, este 2022 seguiremos trabajando por lograr que las herramientas, los instrumentos y los esfuerzos den frutos en el fortalecimiento y los resultados en el ámbito forense.

Asimismo, apostamos en la construcción de una ruta que permita trazar un horizonte donde la verdad y la justicia no sean utopías, abrir un camino que permita iluminar el oscuro túnel del actual momento histórico en el terreno de la identificación humana y el regreso digno de nuestros muertos.

*Paola es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar @FundarMexico.

^[i] Herrera, M. en: Antillón (et al) (2017). Yo sólo quería que amaneciera. Informe de Impacto Psicosocial del caso Ayotzinapa. Fundar, México. p. 485.

^[ii] Cifra de acuerdo al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos: https://movndmx.org/mas-de-52-mil-personas-fallecidas-sin-identificar-en-mexico/

^[iii] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_200521.pdf

^[iv] El pasado 31 de diciembre de 2021, Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, acompañada por el Centro Prodh, lograron que el Poder Judicial Federal admitiera una demanda de amparo, en la cual se evaluará el incumplimiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), mandatado en la Ley General. Más información en: http://ymlp.com/zdrklD

^[v] El Protocolo nace de la iniciativa en el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, una instancia que reúne a personas y organizaciones que realizan acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Fue elaborado conjuntamente por Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C., y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF). El documento se publicó

^[vi] La dignidad humana de las víctimas es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el segundo de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf

Fundar

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