La organización defensora de derechos humanos señaló que lo que solía ser una práctica de usos y costumbres, se ha desvirtuado y ha perdido la dimensión comunitaria, pues se individualiza y prevalece el criterio mercantil que cosifica a las mujeres como «moneda de cambio”. Los matrimonios forzados de niñas indígenas han sido un escándalo nacional “por el olvido gubernamental y la poca importancia» que le dio el Presidente, al comentar que «son la excepción y no la regla».
Por Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo, 28 de diciembre (ElSur).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró de octubre de 2020 al mismo mes del año actual 28 casos de venta de niñas para matrimonios forzados en esa región indígena y en la Costa Chica de Guerrero, y también contabilizó 26 feminicidios de septiembre de 2020 a octubre de este año.
En el 27° informe de labores Tu nombre que nunca olvido, presentado el 15 de diciembre, se da a conocer que de acuerdo con los datos del Área de Defensa de Tlachinollan de septiembre de 2020 a agosto de 2021 se atendió a 480 personas, el 56 por ciento fueron mujeres, es decir 268, y de éstas el 59 por ciento,
es decir 157 mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia.
Detalló que de las 157 mujeres el 38 por ciento, es decir 59 denunciaron violencia económica que padecieron de sus parejas, y solicitaron asesoría de cómo podían acceder a una pensión alimenticia.
Afirmó que las mujeres no tuvieron la oportunidad de lograr independencia económica ante los roles de género impuestos, pues “algunas mujeres fueron incluso amenazadas por sus parejas cuando plantearon la necesidad de trabajar, esto bajo la premisa de que su única obligación era cuidar de su casa y sus
hijos”.
Aseguró que para las mujeres de la región de la Montaña la opción en muchos casos es la separación o el divorcio, que las vulnera mayormente, porque las pocas fuentes de trabajo remunerado, implica que deben salir de sus comunidades y emplearse como jornaleras, empleadas del hogar o dedicarse al
comercio informal.
Añadió que ejercer el derecho de pensión para las mujeres se convierte en un auténtico viacrucis porque se enfrentan no sólo a la falta de recursos económicos para trasladarse a las ciudades donde están los juzgados o para contratar a un abogado, también cuando logran cubrir lo anterior, sus parejas al no tener un trabajo formal, los jueces fijan el porcentaje de las pensiones en relación al salario mínimo de la zona.
Para la organización defensora de los derechos humanos “salir de un círculo de violencia no sólo depende de la decisión de la víctima, sino también de las acciones del Estado”, agregó que es necesario que se rompa con estos estereotipos y roles de género, pensar en reformas jurídicas que simplifiquen los juicios de pensión alimenticia y que las sentencias que se emitan cuenten con perspectiva de género.
Informó que de las 157 mujeres atendidas el 26 por ciento, es decir 41 mujeres, denunciaron violencia física, quienes no fueron escuchadas por las autoridades comunitarias, sindicaturas municipales y el Ministerio Público; el 19 por ciento, es decir 30 mujeres padecieron violencia psicológica, pues vivieron relaciones en las que no tenían voz ni voto, en medio de infidelidades, abandonos, o incluso donde los suegros las convencían de que podrían sobrevivir solas o que les quitarían a sus hijos.
Agregó que el 4 por ciento de las denuncias recibidas, es decir seis casos, fueron de violencia patrimonial, casos de mujeres despojadas de los bienes obtenidos durante el matrimonio y que tuvieron que pelear legalmente en su comunidad y ante las instancias agrarias para que se les reconociera su derecho, sobre todo cuando sus esposos habían fallecido.
Aseguró que siete casos fueron por violencia sexual, casos de víctimas menores de edad que fueron agredidas sexualmente, entre ellos, cuatro casos de matrimonios infantiles, niñas menores de edad que fueron comprometidas en matrimonio.
En su informe Tlachinollan presentó una tabla de casos de venta de niñas en la Montaña y Costa Chica de octubre de 2020 a octubre de 2021: siete casos los contabilizó en Talcoachistlahuaca y seis casos en Xochistlahuaca que son municipios de la Costa Chica; cinco en Tlapa, cuatro en Xalpatláhuac, tres en
Alcozauca, dos en Metlatónoc y uno en Cochoapa el Grande que son parte de la Montaña.
La organización defensora de derechos humanos recalcó que “lo que antes era una práctica de usos y costumbres, actualmente se ha desvirtuado, ha perdido la dimensión comunitaria, ahora se ha individualizado, y ha prevalecido el criterio mercantil que cosifica a las mujeres, las ha transformado como si fuesen moneda de cambio”.
“Las raíces del matrimonio infantil son complejas, pero lo que está de antesala es la pobreza, la falta de empleos, de educación, la migración interna y hacia Estados Unidos, por lo que es necesario que el Estado garantice también el derecho a la educación, la salud, y al trabajo de las comunidades indígenas y particularmente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”, señaló el organismo no gubernamental.
Destacó que las madres y las niñas indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero este 2021 aparecieron en la escena nacional, por los matrimonios forzados de niñas indígenas que han sido un escándalo nacional “por el olvido gubernamental y la poca importancia que le dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al comentar que son la excepción y no la regla”, y por las altas cifras de los feminicidios que no son adecuadamente tipificados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El organismo también presentó otro mapa de casos de feminicidios en la Montaña, contabilizados de enero a septiembre de 2021, en el que Tlapa es primer lugar con tres casos, en tanto, Huamuxtitlán, Cochoapa el Grande, Xochihuehuetlán y Acatepec con un caso respectivamente, que suman siete casos
de feminicidios en los primeros nueve meses del año según sus registros.
Sin embargo, aseguró que en un recuento de 17 años, de 2004 a octubre de 2021, contabilizó cien muertes violentas de mujeres que han acontecido principalmente en Tlapa y Ayutla de los Libres –que desde el 2017 cuentan con alertas por violencia de género–, le siguen los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá.
Expuso que de septiembre de 2020 a octubre de 2021, se registraron 26 feminicidios en los municipios de Tlapa, Ayutla, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, con localidades con “muy bajos índices en desarrollo humano. La tasa de analfabetismo se incrementa en las mujeres indígenas y el monolingüismo es más alto en ellas que en los varones”.
De acuerdo con Tlachinollan la edad de las víctimas de feminicidio es de 20 a 40 años, aunque también había algunas niñas estudiantes de secundaria y bachillerato, en su mayoría eran mujeres pobres que vivían en colonias periféricas de las principales ciudades y en las cabeceras municipales; los autores en la mayoría de casos eran sus parejas, mientras que en otros están involucrados personajes del crimen organizado, que se ensañan contra las estudiantes y las trabajadoras.
Reprochó que “las autoridades son cómplices de esta violencia feminicida, porque a pesar de las dos alertas contra la violencia de género, no se implementaron acciones firmes en los siete municipios más violentos del estado y más bien, mostraron condescendencia con el crimen, indolencia con las familias que denunciaron los feminicidios e indiferencia ante el dolor y el escarnio de las mujeres ultrajadas y asesinadas”.
Tlachinollan coincide con la denuncia del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), como lo informó El Sur en su edición del 9 de diciembre, ante la falta de cumplimiento de los tres poderes del Estado de Guerrero a la Declaratoria de alerta de Violencia de Género contras las Mujeres por Agravio comparado, dictada a la entidad desde el 5 de junio de 2020, después de que el estado no demostró avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses.
“La violencia, la pobreza y la discriminación son factores que cotidianamente viven las mujeres y la población indígena de Guerrero; la deuda de los municipios, autoridades estatales y federales es histórica por lo que la exigibilidad y el ejercicio de los derechos son la única vía para lograr que las autoridades cumplan cabalmente con sus responsabilidades”, concluyó Tlachinollan.
