Las autoridades de Ecuador han culpado de la creciente violencia a las dos organizaciones criminales más grandes de México: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los acusan de estar proporcionando armas y dinero en efectivo a sus socios elegidos dentro y fuera de las prisiones.
Por Chris Dalby
Ciudad de México, 27 de diciembre (InsightCrime).- El aumento de la violencia en Ecuador ha mostrado una trayectoria ya conocida: la presencia de más cocaína significó más dinero en efectivo y más armas para las pandillas. El Gobierno, enfocado en controlar la pandemia de COVID-19, no logró contener el creciente conflicto, especialmente en el hacinado sistema penitenciario del país. La diferencia en Ecuador durante 2021 fue que todo esto sucedió más rápido que en cualquier otro lugar del continente.
Esta espiral inició el 28 de diciembre de 2020, cuando Jorge Luis Zambrano González se encontraba en la cafetería de un centro comercial con su esposa y su hija en Manta, una ciudad en la costa central de Ecuador. El hombre, conocido como Rasquiña, había salido de prisión de manera anticipada seis meses antes, después de pasar casi ocho años tras las rejas por delitos relacionados con narcotráfico.
Desde 2011, a pesar de estar en prisión durante la mayor parte de este periodo, Rasquiña había supervisado el crecimiento de la banda de narcotraficantes más grande y sofisticada de Ecuador, Los Choneros. Desde que surgieron como una pandilla de microtráfico en la ciudad de Chone, al occidente del país, de donde viene su nombre, Los Choneros empezaron a crecer y llegaron a controlar el transporte de numerosos cargamentos de cocaína desde Colombia hasta los puertos de Ecuador en el Pacífico.
A medida que el perfil del grupo fue creciendo, se fue convirtiendo en objetivo de las autoridades. Muchos de sus miembros, entre ellos Rasquiña, fueron arrestados, por lo que se convirtieron en una pandilla carcelaria. Usando sus celdas como cuarteles fortificados, controlaban las acciones en las calles. Las cárceles se convirtieron también en un campo de reclutamiento de nuevos integrantes. Hacia 2020, Los Choneros ya tenían unos 12.000 miembros dentro y fuera de las prisiones.
Pero la ambición de Rasquiña se expandió más allá del control de los cargamentos de cocaína. Las actividades de Los Choneros empezaron a incluir asesinatos por contrato, extorsión, tráfico de armas y otras acciones.
Cuando fue liberado en junio de 2020, Rasquiña sabía que era un hombre buscado. Había pretendientes al trono de Los Choneros. El día de su asesinato en Manta tenía tres guardaespaldas, que se dirigieron al centro comercial en un automóvil aparte. Dos de ellos protegían a su familia, y uno se quedó con él.
Pero aquellas medidas no fueron suficientes. En un momento en que Rasquiña estaba sólo con su guardaespaldas, un asesino le propinó tres disparos.
Cuatro días después, llegaría el 2021, año en que comenzó la desgracia de Los Choneros. Y también la de Ecuador.
LA FRAGMENTACIÓN DE LAS PANDILLAS
Los Choneros eran socios codiciados por quienes pretendían aprovechar la posición de Ecuador como un importante punto de tránsito de cocaína. Si bien su base era originalmente la ciudad portuaria de Manta, la pandilla conformó una fuerte presencia en todo el país, tanto dentro como fuera de las prisiones, con el fin de garantizar la pronta entrega de los cargamentos de cocaína desde la frontera sur de Colombia hasta las ciudades portuarias, como Guayaquil. Desde allí, las drogas eran subidas a contenedores o contrabandeadas a Estados Unidos y Europa. La banda también utilizaba la subcontratación criminal, conformando subgrupos para manejar negocios de manera local, como los Chone Killers en Guayaquil y los Tiguerones en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.
Esta infraestructura fue lo que llamó la atención del Cartel de Sinaloa. Según el Washington Post, Los Choneros podían trasladar cargamentos de cocaína dirigidos al legendario grupo mexicano, desde la frontera con Colombia hasta el puerto de Guayaquil, en sólo seis horas.
Ese flujo no ha hecho más que crecer. Dado que la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord en 2021, lo mismo ha sucedido con las incautaciones en Ecuador. De enero a diciembre de 2021, el país incautó casi 192 toneladas de cocaína, frente a 120 toneladas en 2020.
Pero esta situación generó mucha competencia. Y tras el asesinato de Rasquiña, se derrumbó gran parte de la fuerza unificadora que quedaba al interior de Los Choneros.
Los grupos que antes defendían a capa y espada el territorio de Los Choneros en Ecuador cambiaron repentinamente de bando. Los Tiguerones y los Chone Killers, por ejemplo, se pusieron del lado de Los Lobos para conformar un frente unido contra Los Choneros.
Lo mismo sucedió dentro del sistema penitenciario, especialmente en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que se convirtió en el foco de la violencia carcelaria de Ecuador este año. En febrero, cuando las subpandillas de Los Choneros se rebelaron por primera vez, se presentaron masacres en tres de las prisiones más grandes del país. En el Litoral hubo la mayor cantidad de muertos, 34 en total. En septiembre, 119 más murieron en el Litoral en un sólo día, cuando Los Choneros y Los Lobos se enfrentaron nuevamente. En noviembre, hubo otras 68 muertes.
“Los Choneros como unidad cohesiva ya no existen. Se han fragmentado en cinco grupos, los Chone Killers, los Tiguerones, Los Lobos, los Águilas y los Fatales”, dijo a InSight Crime una alta fuente oficial en Guayaquil, quien pidió el anonimato debido a que no tenía la autorización para hablar sobre el tema.
José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, es el actual líder de lo que queda de Los Choneros y parece tener la lealtad de los Águilas y los Fatales. El problema es que Fito está recluido en el Litoral, al igual que sus peores enemigos. A principios de octubre, Fito presuntamente recibió una herida en el brazo en medio de un motín más pequeño. A mediados de noviembre, su hija y un amigo de ella fueron secuestrados por personas cuya identidad no se conoce hasta la fecha.
Estas tres masacres, en conjunto con otras pérdidas de vidas a menor escala, han llevado a que en el litoral murieran más de 330 prisioneros en 2021.
CULPABILIZANDO A LOS MEXICANOS
No hay un gran secreto que explique el aumento de la violencia en Ecuador. En 2019, el país incautó 79 toneladas de drogas, en su mayor parte cocaína, y 128 toneladas en 2020. De enero a mediados de octubre de 2021, se incautaron 146 toneladas. En tanto la región lucha contra una producción récord de cocaína, Ecuador es una “superautopista” muy conveniente para llevarla por todo el mundo.
Las autoridades ecuatorianas han culpado de esta violencia a las dos organizaciones criminales más grandes de México. Dicen que los dos grupos, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están proporcionando armas y dinero en efectivo a sus socios elegidos dentro y fuera de las prisiones.
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo”, dijo el Presidente Guillermo Lasso en una alocución ante la nación el 15 de noviembre. “Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico”.
Algunos exfuncionarios han hecho eco de estas afirmaciones, señalando fallas oficiales como la causa del problema.
“El nivel de corrupción es tan alto, que el personal y los funcionarios de la prisión son totalmente corruptos y los prisioneros son quienes dirigen la cárcel”, dice Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia militar de Ecuador, en un informe de The Guardian.
Pero la participación real de los principales carteles de México en Ecuador es difícil de comprobar. Está claro que los grupos mexicanos necesitan socios. Además, el armamento de alto calibre que llega a manos de Los Choneros y Los Lobos, así como las conexiones necesarias para mover las colosales cantidades de cocaína que pasan por Ecuador, apuntan a que existe cooperación entre estas organizaciones criminales. Además, antes de la explosión de la violencia, Los Choneros tenían una conocida sociedad con el Cartel de Sinaloa.
También es muy probable que el CJNG hiciera alianzas con los rivales de Los Choneros y les ayudaran a armarse para pelear por el control de las mejores rutas del narcotráfico en Ecuador. Varios informes de medios ecuatorianos señalan que Los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers y los Lagartos aparentemente se han unido bajo el nombre de Nueva Generación, en honor a sus supuestos socios del CJNG. InSight Crime no pudo confirmar hasta qué punto este nombre es realmente utilizado por las pandillas.
“Es claro que hay cierto nivel de cooperación (con los carteles mexicanos)”, dijo una fuente diplomática extranjera en Guayaquil, que pidió mantenerse en anonimato por razones de seguridad. “De Guayaquil están saliendo contenedores con cocaína, y regresan llenos de efectivo y armas”.
Pero estos acuerdos eran flexibles y volátiles. Tomemos el caso de Telmo Castro, el “hombre del Cartel de Sinaloa en Ecuador” que fue clave para la conformación del puente de cocaína entre la organización criminal mexicana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de que Castro fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, en diciembre de 2019, la investigación de InSight Crime descubrió que el Cartel de Sinaloa dejó de recurrir a los operadores que permanecían fijos en Ecuador. Por el contrario, enviaban pequeños grupos de operadores que establecían la logística de tráfico con otros grupos y luego se marchaban. Dejar de hacer esto para respaldar a una pandilla específica y proveerle armas para que librara violentas guerras contra sus rivales, representaría una gran escalada y un cambio de estrategia.
El CJNG podría haber hecho lo mismo, gracias a su alcance y sus finanzas. Los recientes arrestos de ciudadanos mexicanos en Ecuador confirman esas conexiones con el narcotráfico, pero no en la medida que se sugiere en relación con las masacres en las prisiones.
Al igual que en Colombia y Venezuela, la huella del crimen organizado mexicano en Ecuador sigue siendo difícil de determinar. En marzo, algunos agentes del ejército hablaron de 13 grupos a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia que tienen conexiones con el crimen organizado mexicano, pero no dieron mayores detalles sobre el tema.
Para Arturo Torres, periodista local con amplia experiencia en el cubrimiento del crimen organizado en Ecuador, esto no es nada nuevo.
“Las investigaciones policiales no han demostrado de manera concluyente cómo operan las relaciones entre las pandillas ecuatorianas y los carteles mexicanos”, dijo Torres a InSight Crime, agregando que la policía se ha centrado tanto en las incautaciones de drogas que las investigaciones de largo aliento sobre los carteles mexicanos parecen haberse quedado rezagadas.
Las conexiones internacionales se extienden más allá de México. El crimen organizado albanés tiene huellas y vínculos con la violencia en Ecuador, al igual que narcotraficantes de otros países balcánicos, como Serbia, Montenegro y Kosovo. La ‘Ndrangheta italiana supuestamente tiene cierta presencia, mediante la vigilancia de sus propios cargamentos frente a las incautaciones en Guayaquil, aunque probablemente en menor medida que las conexiones en el puerto de Santos, Brasil.
Para algunos expertos, sin embargo, es erróneo considerar que esta situación es completamente nueva. “La violencia en Ecuador no es inaudita. Tuvimos un pico de violencia a principios de la década de 2000 [...] cuando hubo una tasa de homicidios similar a la de México. En ese entonces, hablamos mucho sobre pandillas como los Latin Kings y los Ñetas en ciudades como Guayaquil”, recuerda Carla Álvarez, experta en crimen y seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador.
¿ES HORA DE UN PLAN ECUADOR?
Al Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no le ha tocado jugar con las mejores cartas. Asumió el poder en mayo de 2021, cuando la tasa de homicidios ya venía aumentando, al igual que las incautaciones de drogas en Guayaquil y en otros lugares del país. Para colmo de males, se acababa de imponer un confinamiento debido a la COVID-19, pues el país se había convertido en ese momento en una de las áreas más afectadas del mundo.
Al principio, su respuesta no parecía ser muy diferente de las que se habían dado anteriormente. En el mes de octubre, desplegó a miles de militares y policías para “garantizar la seguridad”. Esa estrategia ya se había intentado antes: en 2019, se suponía que los soldados debían proteger el exterior de las prisiones, mientras que la policía garantizaba la seguridad al interior. Esta estrategia no funcionó.
Las crisis fundamentales permanecen. El hacinamiento en las cárceles es de más del 30 por ciento, lo que facilita el reclutamiento de nuevos miembros. Las prisiones carecen de personal y los guardias son mal remunerados; según informes de prensa, en 2019 sólo había mil 500 guardias para atender a 40 mil prisioneros en todo el país.
Los funcionarios están en lo cierto. En agosto, el Gobierno prometió que invertiría 75 millones de dólares en las prisiones durante los próximos cuatro años, en comparación con los míseros 665 mil dólares en 2020. Los observadores, sin embargo, son incrédulos.
“No pueden solucionar la sobrepoblación carcelaria. Ellos controlan los muros, pero no las prisiones”, le dijo a InSight Crime una fuente del Gobierno.
“Los superan en armas”, afirma Torres, el periodista, refiriéndose al Gobierno. Los Choneros y sus grupos cuentan con 12 mil miembros, según informes de prensa, y Los Lobos y sus aliados tienen otros ocho mil. Recientemente, el Presidente Lasso ha buscado ayuda internacional.
“Necesitamos el apoyo internacional de Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea de manera crucial”, dijo a la BBC durante la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow. “Es hora de un Plan Ecuador”.
El Plan Ecuador hace referencia al Plan Colombia, la estrategia liderada por Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en Colombia entre 2000 y 2015. A dicho plan se le ha atribuido el aumento de la presión sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevó a su eventual desmovilización. Pero este plan también ha dejado una estela de graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos masivos y procesos judiciales muy lentos para quienes cometieron actos criminales de manera generalizada.
“La cooperación de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina se ha caracterizado por un fuerte componente militar y policial. Pero esta no es la forma más eficiente de realizar esta tarea. Si lo fuera, el Plan Colombia y las siete bases estadounidenses ubicadas en ese país habrían terminado con este negocio ilícito [...] Si el Plan Colombia no logró reducir la producción de coca en un solo gramo... por qué habríamos de esperar que lo hiciera en Ecuador”, apunta Álvarez.
Existen preocupaciones similares en torno a este tipo de esfuerzos en Ecuador. En una ocasión, Associated Press descubrió que la policía sabía que los grupos estaban planeando un ataque, después de que este se produjo. El día de la masacre, en horas de la mañana, tres hombres fueron capturados cuando intentaban ingresar armas de fuego, granadas, dinamita y municiones a la Penitenciaría del Litoral.
En noviembre, después de la masacre más reciente en el sistema penitenciario, Lasso reemplazó al jefe de penitenciarías, dijo que el ejército crearía “corredores” dentro de las prisiones, que planeaba liberar a miles de delincuentes menores y que comenzaría la mediación con las pandillas. Además, extendió un estado de emergencia que permite tomar estas medidas y que se asignen más fondos a las prisiones de manera inmediata.
UNA VIOLENTA CORTINA DE HUMO
Para Torres, es comprensible enfocarse en las pandillas carcelarias, pero ello abarca solo una parte de todo el problema.
“Las guerras entre pandillas en las cárceles son una distracción. El fenómeno del narcotráfico tiene otros focos además de la guerra entre Los Choneros y Los Lobos”, explica Torres.
En primer lugar, si bien la mayor parte de la cocaína se confisca en Guayaquil, otra gran parte cruza por otras provincias, dejando un rastro de violencia a su paso.
En Esmeraldas, un punto estratégico tanto en el Océano Pacífico como en la frontera con Colombia, el tráfico de drogas ha trastocado la vida de los residentes, dado que los remanentes de las FARC se han apoderado del territorio que fue abandonado después de la desmovilización de la guerrilla. De hecho, antes de la desmovilización de las FARC en 2016, muchas comunidades de Ecuador ubicadas cerca de la frontera dependían de las economías criminales transfronterizas para su subsistencia. En 2021, hay grupos más pequeños de disidentes de las FARC que les ofrecen alternativas más violentas, y el Gobierno no ha intervenido.
Sucumbíos, una remota provincia en el noreste de Ecuador que también limita con Colombia, se ha convertido en un santuario para los traficantes desde 2019. Por esta apartada frontera con poca presencia estatal fluyen drogas, bienes de contrabando, minerales, combustible, armas y migrantes.
Las incautaciones de drogas de varias toneladas son ya frecuentes tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos.
Esto está en parte relacionado con la situación socioeconómica. Tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos, según estadísticas del Gobierno, cerca de la mitad de la población vive en la pobreza. Los pescadores, por ejemplo, han sido puestos al servicio de las bandas de narcotraficantes para que les ayuden a transportar drogas al mar, a menudo hasta embarcaciones más grandes que llevan los cargamentos hacia el norte.
“¿Qué pueden hacer?”, pregunta Torres. “Si trabajar con los delincuentes es la única forma de ganarse la vida, por supuesto que lo harán”.
