El año se consume dejando un balance de cambios político – institucionales, cuyo impacto trascenderá a largo plazo. Las instituciones no son las de 2018. A través de diversos instrumentos político-jurídicos se han materializado cambios que representan una mayor centralización y concentración en la toma de decisiones, en detrimento de la transparencia, el combate a la corrupción y la construcción democrática.

Hoy existen varios frentes sociales abiertos, que pondrán de nuevo a prueba la capacidad de interlocución de este Gobierno. La confrontación con universidades públicas, con académicos, estudiantes, organizaciones civiles, órganos autónomos y empresarios, advierte un alto riesgo de mayor polarización que puede traducirse en la búsqueda de nuevas opciones políticas en 2024. A ello se suman factores de potencial catarsis, como la pobreza, el alto nivel inflacionario - hoy más de 52 millones de personas viven con ingresos inferiores a la canasta alimentaria, mientras que la inflación rebasa el 7.3 por ciento en noviembre, la peor cifra en 20 años- y la inseguridad.

La publicación del reciente decreto que busca tipificar como de interés público y seguridad nacional a las obras y proyectos de infraestructura nacional, sienta un precedente contrario al principio de Estado de Derecho, más aún el hecho de que la Cámara de Senadores no haya aceptado la controversia constitucional promovida por grupos parlamentarios de oposición.

La acción en sí misma denota dos elementos que marcarán la ruta de las acciones de Gobierno en adelante: por un lado, el constante litigio de las decisiones gubernamentales, que terminará por erosionar la credibilidad y legitimidad de las instituciones; por otro, la fragilidad de los contrapesos que puede mermar los avances democráticos construidos hasta ahora.

¿Qué podemos esperar para este 2022? La resolución de varias controversias constitucionales sobre las atribuciones que se ha dado a las Fuerzas Armadas, el respeto a la autonomía de los órganos constitucionales -incluyendo la del Banco de México-, así como el posible avance de la discusión de la Reforma Eléctrica en el Congreso, posterior al Parlamento abierto, donde se medirán los alcances de negociación de la oposición y la flexibilidad del Gobierno federal para ceder o no aspectos estratégicos de la reforma.

El siguiente año será determinante la consolidación en la relación México, Estados Unidos y Canadá, incluso con los riesgos que implica para el T-MEC. Los paneles de solución de controversias, la reactivación de las cadenas de valor, la evolución del Build Back Better planteado por el Presidente Joe Biden que tendría afectaciones al sector automotriz de México y Canadá. También lo será la política migratoria, el control del tráfico de armas y drogas, así como la continuidad del diálogo de alto nivel.

En ese mismo sentido, la reactivación económica en el contexto de volatilidad que implica la posible aparición de nuevas variables de COVID-19, los precios del petróleo, la evolución de las energías renovables y los desafíos climáticos.

La posible, aunque improbable evolución de la Revocación de Mandato, más allá del alto bono democrático, constituiría una ratificación del Gobierno y la legitimación de un proyecto que actualmente enfrenta varios cuestionamientos.

En términos electorales, en 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas determinarán el balance de fuerzas política en el país, será el parteaguas de lo que suceda con los partidos políticos, las posibles alianzas y los ciudadanos hacia 2024.

En conclusión, el curso que tome el desarrollo democrático e institucional establecerá las pautas de lo que podemos esperar en términos del desarrollo económico. Sin duda, las lecciones aprendidas en 2021 deberán servir para que ciudadanos organizados reconsideren la necesidad de participar activamente en la demanda de mayor rendición de cuentas, transparencia, contrapesos, el respeto al estado de derecho y a la diversidad política, que son los cimientos democráticos. #OpiniónCoparmex

Gustavo Almaraz Petrie

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Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex

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