El llamado “Culiacanazo” ha quedado para la historia de nuestras infamias públicas y sus imágenes para registrar un pasado ominoso que muestra el fracaso de una política de “abrazos no balazos”. Un Ovidio Guzmán con las manos en alto rindiéndose frente a sus captores, jóvenes alterados que conducen frenéticamente vehículos artillados en las avenidas de la capital sinaloense, funcionarios de seguridad buscando la cuadratura al círculo a la renuncia de captura y un Presidente López Obrador, admitiendo en su púlpito matutino, que la detención fue una operación fallida y, justificando, que la abortó para evitar una matanza mayor a la sucedida aquel mediodía otoñal.

Sin embargo, transcurridos más de dos años y que las autoridades federales y estatales, no hayan enmendado el entuerto deteniendo al liberado o, como mínimo, que haya una investigación para fincar responsabilidades o, mejor, expedientes abiertos y órdenes de aprehensión contra ninguno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo menos que se puede pensar es que ese vacío huele a corrupción y complicidades.

Hoy, lo recordamos, porque el Gobierno estadounidense lanza una oferta de recompensa por información que lleve a la detención de Ovidio y sus hermanos, que de lograr su cometido enmendaría nuestro entuerto largamente postergado y exhibiría nuestras ganas de combatir al crimen organizado.

Y es que, como es del dominio público, cualquier exhibición de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército llevaría al infractor a pasar una buena temporada en la cárcel como ocurre seguramente con infinidad de casos que hoy purgan penas corporales.

Sin embargo, no estamos hablando de la exhibición de un arma, sino del asalto violento a una ciudad, de la captura de su población, donde se hizo ostentación de armas de alto, altísimo, poder, y que para nuestra sorpresa no provocó, ni siquiera por simple formalidad, que se abriera un expediente criminal con nombres y apellidos de aquel operativo que ocurrió luego de que agentes de la DEA habían ido al Triángulo Dorado para constatar la existencia de laboratorios clandestinos. Verdaderamente, para Ripley.

Lo peor es que de no haber aparecido las recompensas de cinco millones de dólares por cada uno de estos jóvenes estaría así por años, probablemente por décadas hasta alcanzar el olvido, cuando está detrás de la exportación hacia los Estados Unidos de toneladas de fentanilo que estarían matando un consumidor cada 15 minutos y habría causado ya la muerte de más de 100 mil ciudadanos norteamericanos y no sabemos las que causa en nuestro país.

El anuncio de la recompensa sacudió la modorra que hay sobre el caso de los hermanos Guzmán y el Presidente López Obrador salió al paso con un discurso a bote pronto, dijo que la detención es tarea de “nosotros” y que no se permitiría que “agentes de otros países” intervengan búsqueda y captura en nuestro territorio con esta afirmación que huele a autoengaño. ¿Cómo evitar que la gente piense mal y este mensaje, se considere más para las autoridades de los Estados Unidos que para la organización criminal a la que pertenecen los llamados “Chapitos”? No hay manera.

Y, menos, cuando el mensaje coincide con la renovación y entrega de visas a agentes de la DEA y en reciprocidad, que agentes mexicanos, se instalen en Estados Unidos, para supervisar el trabajo y control del tráfico de armas hacia nuestro país que muchas de ellas van a manos de sicarios del Cártel de Sinaloa.

Los agentes de la DEA, como ya sabe, vienen a trabajar en colaboración con las agencias mexicanas para lograr decomisos, destruir laboratorios clandestinos o capturar delincuentes de alto rango, como sucedió con la detención, de «El Chapo» Guzmán en los condominios Miramar de Mazatlán, donde llegaron al extremo de vestir ropa oficial de la Marina para ejecutar la aprehensión con la autorización de los altos mandos de nuestro sistema nacional de seguridad.

Entonces, el Presidente López Obrador tiene un problema entre el decir y el hacer en esta política pública. Podrá decirse que los agentes mexicanos sólo pueden ir en busca y captura de los hermanos Guzmán para satisfacer a sus clientelas políticas, pero, están los acuerdos binacionales en materia de colaboración.

No puede evitar la intervención de los agentes de la DEA so riesgo de tensar nuevamente las relaciones entre ambas naciones. Y, menos, argumentar con certeza, bajo el principio de soberanía, que la lucha contra el crimen organizado “es tarea nuestra” porque hay suficientes elementos para contraargumentar desde la supranacionalidad cuando se trata de este tipo de lucha en favor de los ciudadanos de un país.

Los agentes de la DEA seguramente traen la encomienda principal de capturar a los hermanos Guzmán y es muy probable, que tengan información de sus servicios de inteligencia para lograr cumplir este y otros objetivos de seguridad nacional de su país.

Por, lo que, el mensaje presidencial, de no tener efectos prácticos en el mediano plazo, pondría en evidencia, lo que siempre se ha rumorado de que cada Gobierno tiene un cártel de preferencia y, al que se le protege, para garantizar un mínimo de estabilidad -nuevamente, la pregunta, a más de dos años del “Culiacanazo”: ¿por qué ni una orden de aprehensión contra los que tomaron por unas horas la capital sinaloense?–.

En Sinaloa, la noticia de la recompensa cayó como cubeta de agua fría en las altas esferas del Gobierno morenista de Rubén Rocha, le mueve las aguas turbulentas, lo conmina a  salir del letargo, y por ello salieron a declarar que ninguno de los hermanos Guzmán tienen antecedentes penales y, por lo tanto, no cuentan con órdenes de aprehensión y pueden andar libremente por Sinaloa, incluso, operar en los procesos electorales, como se dijo en los medios de comunicación, que había ocurrido en los comicios concurrentes del pasado verano sobre todo en el centro y sur del estado.

Estamos ante un grupo políticamente influyente y empoderado que se traduce en que se le trate como un actor influyente, y basta ver, lo que provocó recientemente el hijo de Aureliano Guzmán, «El Guano», cuando en un bar de Culiacán disparó ante la zozobra de los asistentes y, peor, cuando la policía estatal intentó detenerlo y los municipales que habían presenciado los acontecimientos decidieron no entrar en apoyo de sus compañeros de corporaciones.

Esto es la cotidianidad desde el “Culiacanazo”, por lo que el anuncio de la recompensa y la captura está en chino, demuestra que se hizo al margen del Gobierno mexicano y la apuesta de los norteamericanos es un recordatorio de que nuestro Gobierno no ha hecho la tarea o simplemente no la quieren hacer, por lo que ellos tendrán que hacerlo para evitar más muertes en su país y de ahí esta presión al Gobierno obradorista.

Y el argumento para hacerlo es mayor por la cantidad de fentanilo que está circulando por sus calles, aunque, claro, detener a los Guzmán tendría efectos mediáticos muy importantes, pero, quedaría la máxima de Ismael «El Mayo» Zambada que confió al periodista Julio Scherer: “Si hoy yo fuera capturado o muerto, rápidamente sería sustituido”, porque el cártel, tiene que seguir haciendo su trabajo.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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