Imagine usted que alguien, digamos uno o varios elementos de una autoridad investigadora en México, sin que usted haya cometido delito alguno, sin que sea sospechosa en ningún caso de investigación, y realizando día con día su legítima profesión o actividad laborar, de pronto se entera que existe un expediente ministerial abierto que contiene su información detallada.

La indagación incluye intervención telefónica. Acuerdos entre autoridad y compañías de telefonía para rescatar llamadas, audios y tomar capturas de pantalla de los distintos servicios de mensajería en el teléfono celular. De igual manera, en el expediente abierto, están los pormenores de su vida profesional y personal, sus claves civiles, sus contactos, sus referencias, residencia, estancias, un mapa completo de lo que ha sido su vida en los últimos, digamos, dos, tres años.

Por supuesto que su reacción sería primero de asombro, después seguramente de enojo, molestia, coraje, frustración por verse vulnerada, nada más que por el Estado mexicano. Aquella autoridad que se comprometió a protegerla, la ataca, la hostiga, la espía. Han violentado sus derechos humanos, han violado las leyes, para investigarla por hacer su trabajo, sin haber cometido delito alguno.

Eso le sucede hoy día a la periodista Marcela Turatti, y a dos defensoras de derechos humanos. Han hurgado ministerialmente en su vida personal y profesional para conocer los detalles, el origen, de una investigación periodística que ella realizó sobre las fosas de San Fernando. Aquella masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, cuando más de 190 personas fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados en fosas clandestinas.

Es decir, en un hecho delictivo de alta notoriedad por el número de víctimas incluidas, la entonces Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía General de la República, decidió, entre 2015 y 2016, intervenir las comunicaciones de la periodista, y abrir un expediente que incluye transcripciones, ubicaciones geográficas, contactos y capturas de pantalla de conversaciones y mensajería en general.

Si bien es cierto la investigación ministerial sobre la periodista y las defensoras de los derechos humanos fue iniciada e integrada cuando esa capacidad la tenía la Procuraduría General de la República, también lo es que la FGE que encabeza Alejandro Gert Manero no ha cerrado la ilegal indagación que violenta los derechos humanos de Turatti y representa un clarísimo ataque a la libertad de expresión.

¿Cuál fue el delito de la periodista para que la PGR iniciara una investigación sobre ella? Ninguno. ¿Por qué la investigaron? ¿Por qué la espiaron? Porque con toda impunidad pueden hacerlo, porque utilizan el mismo aparato ministerial con el que proveen de impunidad a los criminales, para violentar los derechos de la periodista.

Esta semana, Quinto Elemento Lab, entregará a la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca Villarreal, una carta firmada por más de 900 periodistas, mujeres y hombres que ejercen el oficio del periodismo en 160 países, una carta donde se exige que la “FGR debe detener el acoso y espionaje en contra de la periodista Marcela Turati… (por) la ilegal y abusiva investigación judicial a la que ha sido sometida la periodista mexicana Marcela Turati Muñoz, junto con la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la especialista forense argentina Mercedes Doretti, representa un absurdo jurídico que vulnera su esfera personal y privada y amenaza la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente”.

Cuando, “amparada en el régimen de excepción que rige los delitos asociados a la delincuencia organizada, la hoy Fiscalía General de la República ordenó y practicó de manera ilegal diligencias de investigación mediante las cuales accedieron irrestrictamente a las llamadas telefónicas hechas y recibidas por Marcela Turati, a sus mensajes escritos e incluso a su ubicación geográfica de febrero de 2015 a abril de 2016. En ese lapso, Marcela Turati publicó varios textos que pusieron al descubierto las fallas en la investigación y en la identificación y manejo de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de San Fernando”.

Al final, los periodistas que suscribieron el texto, exigen a la FGE, y a su titular, Alejandro Gertz Manero:

“Que cese el hostigamiento judicial en contra de la periodista e investigue y sancione a los funcionarios que ordenaron ilegalmente las diligencias en contra de Marcela Turati, Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti.

“Que frene la arbitraria investigación en curso, cuyo resultado último es la coacción y amenaza a la libertad de expresión y al derecho a saber de la sociedad mexicana.

“Que excluya de la averiguación previa del caso y destruya la información obtenida de manera ilegal”.

No actuar en consecuencia, confirmaría que la FGR, como la PGR en su momento, está violentando los derechos humanos de la periodista, atacando la libre expresión y vulnerando el Estado de Derecho. Así de sencillo en este terrible caso de espionaje y acoso ministerial. ¿Usted, cómo se sentiría?

Adela Navarro Bello

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