Aproximadamente 70 mil solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en virtud a la política que estableció Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día de gobierno.
Por ELLIOT SPAGAT
San Diego, Estados Unidos, 7 de diciembre (AP).— El gobierno del Presidente Joe Biden restableció el lunes una medida de su predecesor Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en un intento por cumplir con la orden de un tribunal y tras acceder a cambios y adiciones que exigió el gobierno mexicano.
Se reactivó inicialmente en El Paso, Texas, donde a diario se enviará a unos 50 migrantes de regreso a Ciudad Juárez, México, según un funcionario del gobierno federal que habló a condición de guardar el anonimato debido a que los detalles no fueron dados a conocer.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el envío de migrantes hacia el lado mexicano de la frontera comenzó en un lugar y se expandirá a otros seis. Se negó a identificar cuál es esa ciudad y el número de migrantes que serán procesados, argumentando “motivos de seguridad operacional”.
La reanudación de la política “Permanecer en México” llega a pesar de que el gobierno de Biden maniobra para ponerle fin de una forma que salga airosa al escrutinio jurídico. Biden suspendió la medida, pero una demanda presentada por Texas y Missouri lo ha obligado a restablecerla, siempre y cuando tenga la aceptación de México.
¿QUÉ ES LA MEDIDA “PERMANECER EN MÉXICO”?
Aproximadamente 70 mil solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en virtud a la política que estableció Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día de gobierno.
Los cruces fronterizos ilegales disminuyeron drásticamente después de que México, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles más elevados, consintió en 2019 a la rápida expansión de la medida. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de graves actos de violencia mientras aguardaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos de índole jurídica, como el acceso a abogados y a la información de sus casos.
Sólo aproximadamente el 1% de los solicitantes de asilo sujetos a la medida recibieron refugio, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Cerca del 60% de las solicitudes fueron rechazadas o desestimadas, y el resto de los casos continúan pendientes.
Sólo uno de cada 10 solicitantes de asilo contaba con representación jurídica, muy por debajo del promedio en un tribunal migratorio de Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la política fue fundamental para desalentar los cruces ilegales. Alejandro Mayorkas, actual secretario de Seguridad Nacional, dijo que posiblemente la medida contribuyó a un descenso en el número de cruces en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificables” para solicitantes de asilo que quedaron expuestos a la violencia mientras aguardaban en México. Los críticos dicen que la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, hace caso omiso a las leyes federales de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales en materia de asilo, afirmación que Trump llamó “una farsa”.
¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTA NUEVA VERSIÓN DE “PERMANECER EN MÉXICO”?
La versión de Biden expande la medida a migrantes de países del hemisferio occidental, mientras que Trump la limitó en gran medida a las naciones de habla hispana del hemisferio. Los mexicanos continúan estando exentos de ella.
La expansión es particularmente significativa para los haitianos, que formaron un enorme campamento en la localidad fronteriza de Del Rio, Texas, en septiembre. Los brasileños, que en buena medida resultaron exentos durante el mandato de Trump, también podrían resultar sumamente afectados.
Estados Unidos intentará completar los casos en un plazo de 180 días, una respuesta a las inquietudes del gobierno mexicano de que languidecerán sin resolverse en un sistema judicial que tiene 1,5 millones de casos pendientes.
Las autoridades estadounidenses les preguntarán a los migrantes si tienen miedo de regresar a México, en lugar de aguardar a que sean ellos los que expresen cualquier inquietud sin que se les solicite. Si los migrantes dicen tener temor, se les evaluará y contarán con 24 horas para encontrar un abogado o representante.
Los migrantes también tendrán una oportunidad para reunirse con abogados antes de cada audiencia, aseguran funcionarios federales. El Departamento de Estado trabaja de manera conjunta con México para establecer lugares con acceso vía telefónica y por video a abogados en Estados Unidos.
Muchos grupos de asistencia jurídica con sede en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo que aguardan su turno en territorio mexicano dicen que ya no tomarán este tipo de casos. Los activistas se muestran sumamente escépticos de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que probablemente otros abogados se ofrecerán a asumir los casos.
¿QUÉ DICE MÉXICO?
El juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, designado al puesto por Trump en Amarillo, Texas, escribió en su fallo del 13 de agosto que el restablecimiento de la medida dependía de que el gobierno mexicano la aceptara. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó el jueves que permitiría los retornos por motivos humanitarios después de que se efectúen los cambios y adiciones prometidos por el gobierno de Biden.
Todos los migrantes sujetos a la política serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, la cual sólo requiere una dosis. A los menores de edad que sean elegibles de acuerdo a los lineamientos federales estadounidenses se les aplicará la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis una vez que lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.
Durante las negociaciones, las autoridades mexicanas expresaron preocupación acerca del envío de migrantes de regreso a la franja norte del estado de Tamaulipas, una zona fronteriza con Texas particularmente peligrosa y el corredor de cruces ilegales con mayor actividad. Solicitaron apoyo financiero de Estados Unidos para la instalación de más albergues, pero sólo recibieron compromisos en términos vagos.
A la larga la medida será extendida a otras seis ciudades: San Diego y Calexico, en California; Nogales, Arizona, y las localidades fronterizas de Brownsville, Eagle Pass y Laredo, en Texas.
Ya se trabaja en acuerdos para brindar transporte en México desde y hacia la frontera. Los migrantes enviados de regreso a Tamaulipas desde Brownsville, Eagle Pass y Laredo podrían ser llevados a otras partes del interior del territorio mexicano para su seguridad personal.
