La madrugada del jueves 2, un comando armado arribó a una prisión de Tula, Hidalgo, y liberó a nueve reos, entre ellos, a José Artemio Maldonado Mejía, “El Michoacano” y/o “El Rabias”, identificado por las autoridades como jefe de la organización criminal “Pueblos Unidos”, dedicados al robo de combustibles.

El delincuente, uno de los más peligrosos, había sido detenido apenas el pasado 26 de noviembre en Texcoco, Estado de México –territorio dominado por el crimen –y recluido en la cárcel estatal hidalguense.

El golpe dado en la prisión expone que el estado que Gobierna Omar Fayad es ocupado, como otros, por redes criminales, lo que el mandatario ha negado frecuentemente; Fayad , dueño de una historia sucia como funcionario de las aduanas, también está bajo la mira de las autoridades por las causas que originaron la inundación en el municipio de Tula, que dejó graves daños y una lastimosa crisis. Al mandatario se le mira como el principal sospechoso de haber ordenado la apertura de presas que causaron la tragedia.

En el narcotráfico, Hidalgo tiene larga historia. De esa entidad, particularmente del pueblo de Apan, era nativo Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, fundador en 1997 del grupo armado Los Zetas.

Se cuenta que Lazcano arribaba a Hidalgo en un helicóptero y descendía en instalaciones militares para después desplazarse a la casa de su madre; “El Lazca” también era conocido por sus acciones filatrópicas: aportaba dinero a la iglesia católica para construir parroquias, la creencia engañosa lo atenazaba.

En Hidalgo operan varios cárteles, aunque el Gobernador Fayad asegura que esos grupos criminales provienen del estado de México; sin embargo, lo ocurrido el miércoles 2 da cuenta, sin ambajes, de que la entidad tiene una amplia narcodinámica que en parte es tolerada –si no es que protegida –por el propio Gobierno estatal.

Fugas como la perpetrada ese día muestran el mismo modus operandis que utilizaron Los Zetas en Tamaulipas, Zacatecas y la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en tiempos del amplio dominio de ese cártel en buena parte del país. Entonces era común que comandos armados acudían a las prisiones a liberar a sus secuaces. Los gobiernos de esa época, igual que ahora ocurre en Hidalgo, estaban coludidos con el crimen; otros eran impotentes ante el flagelo criminal.

Hidalgo: Los claroscuros de Omar Fayad

A un año de que Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, deje el cargo, el estado está sumido en una guerra entre cárteles de la droga, en su mayoría provenientes del Estado de México y de estados circunvecinos que se han afincado en ese territorio.

Sin embargo, lo que impacta más a la entidad es el robo de combustibles, que explotan los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima, Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo, entre otros, que en Hidalgo tienen raíces profundas: por ejemplo, el fundador de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, como ya se dijo, era oriundo de ese estado. Hasta su muerte vivió protegido por las élites militares.

Hidalgo no tiene propiamente un cártel afincado en el territorio; la mayoría de las organizaciones criminales que operan ahí provienen de la ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, entidades azotadas por la violencia, las extorsiones y los secuestros. Sin embargo, Hidalgo padece un gran vacío legal que propicia el arribo de grupos criminales. Los delincuentes también encuentran enormes facilidades para delinquir, ya que la autoridad tolera sus acciones por complicidad u omisión.

No cabe ningún duda que, dado este escenario de vacío, dichos grupos criminales han hallado en la entidad que gobierna Omar Fayad un extraordinario asidero de impunidad: no se les combate, por el contrario, las policías están implicadas en la protección de al menos una veintena de actividades criminales, según datos oficiales consultados.

El Gobernador hidalguense presume que en su estado sólo hay huachicol, pero no cárteles de la droga. Sin embargo, esa entidad está considerada cuna del cártel de Los Zetas y refugio de otros grupos criminales, como el de Jalisco Nueva Generación, quizá el más peligroso. También operan Santa Rosa de Lima y Los Zetas.

Pero Fayad se defiende. En diversas ocasiones ha dicho: “La Federación nos ha señalado con puntualidad que afortunadamente no tenemos detectado hasta el momento cárteles de la droga que nos debieran de preocupar, pero sí están muy cerca, sabemos que ya andan por Ecatepec”, en el Estado de México.

Fayad también ha negado que se tengan focos rojos en su entidad, aunque reconoció que circunstancialmente pasan cosas que terminan en el estado.

De acuerdo con información revelada por la empresa privada estadunidense Stratfor Global Intelligence, dichos cárteles operan en la entidad, además de que destaca en su informe que también tiene fuerte presencia el Cártel de Sinaloa, rival del Cártel de Jalisco. Ambos grupos, según el informe, ocupan el 80 por ciento del territorio hidalguense.

En esta apreciación coincide también la Administración para el control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas dependencias resaltan, por ejemplo, que el Cártel de Sinaloa, ahora encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada, tiene presencia en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y el Estado de México.

Con sus propios informes y datos confirmados, ambas dependencias desdicen  Omar Fayad, quien en una conferencia mañanera, donde acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en Hidalgo hay fuerte actividad de robo de combustible, pero no hay cárteles, dijo. Y añadió: Aunque están muy cerca, el narcotráfico opera en Ecatepec, en el Estado de México, y los eventos de violencia que suceden en Hidalgo ocurren circunstancialmente en otros lados y recaen en el estado.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo el territorio nacional operan 19 organizaciones criminales.

Con base en el mapeo que estas dependencias han realizado, no existe un solo estado del país que esté libre de grupos criminales, si bien los más críticos, por la fuerte presencia del crimen, son Sinaloa, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, entre otros.

En el caso de Hidalgo, los informes de inteligencia son precisos: en la entidad se ha detectado la presencia de los grupos criminales citados, que lo mismo secuestran que distribuyen drogas; roban combustibles de la refinería de la ciudad de Tula –una de las más importantes del Sistema de Refinación de Petróleos Mexicanos –, cobran derecho de piso a comerciantes y venden protección; también es recurrente el regenteo de giros negros, control de la piratería y hasta la prostitución está bajo su férula.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también tiene sus propios datos. Asegura que los cárteles que tienen su base en Hidalgo son Los Zetas, Cártel de Jalisco y el Cártel del Golfo.

Hace algunos meses, el titular de la UIF, Santiago Nieto, al dar a conocer los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, también informó que en el país están identificadas 19 organizaciones criminales que tienen actividad en la mayor parte del territorio.

De estos 19 cárteles –dijo entonces Nieto –el cártel de Sinaloa y el de Jalisco tienen naturaleza supranacional, es decir, tienen operaciones trasnacionales. En el caso de Hidalgo –sostuvo el titular de la UIF –las tres organizaciones criminales señaladas realizan operaciones financieras de lavado de dinero.

El informe que presentó el funcionario indica, además, que los flujos financieros ilícitos de los 19 grupos criminales han aumentado en los últimos años en México.

Santiago Nieto expuso, por otra parte, que la amenaza más grande de la delincuencia organizada son estos grupos delictivos, por lo que explicó que el combate debe realizarse con base en un programa que, desde su visión, debe incluir cinco ejes:

–En primer lugar, debe hacerse frente a los sicarios y líderes de los cárteles.

–El segundo objetivo deben ser sus estructuras financieras.

–El tercer punto es el combate a la corrupción política que les brinda protección, principalmente en el ámbito local.

–El cuarto es combatir la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera protección jurídica.

–Y el quinto punto es atender la base social que los apoya, a partir de programas sociales bien definidos y de inclusión financiera.

Obviamente, nada se esto se combate en Hidalgo.

Con base en un amplio diagnóstico del mapa criminal del país, las operaciones de los cárteles y la impunidad con la que se mueven, Santiago Nieto explicó que la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas.

Un ejemplo de ello –dijo –es el Cártel Santa Rosa de Lima, liderado hasta agosto pasado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, el cual ha ido ampliando su radio de acción y es uno de los más activos no sólo en Guanajuato sino también en Querétaro e Hidalgo.

Según los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, la UIF y la FGR, ese grupo criminal tiene una base de operaciones en el municipio hidalguense de Huejutla y en la región de Tula-Tepeji. En este segundo territorio dicho grupo criminal opera en alianza con el grupo “Sombra”, el cual incursionó en el tráfico de drogas pero ahora está identificado como una organización dedicada también al robo de hidrocarburos, al secuestro y la extorsión.

De acuerdo con los informes de la UIF, en su momento dados a conocer por Santiago Nieto, la segunda amenaza trascendente del crimen organizado es el alto nivel de recursos que generan. Y se remitió a las cifras: dijo que entre 2016 y 2018, los grupos criminales generaron ganancias hasta de un billón de pesos; la tercera amenaza es la corrupción, dijo, porque al disponer de tantos recursos la capacidad de corromper a funcionarios es muy elevada.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la estrategia contra el crimen organizado se centró en la identificación de 122 objetivos, de los cuales lograron detener y abatir a 116. Sin embargo, el combate al crimen organizado entre los años 2012 y 2018 fue insuficiente.

Expuso el funcionario: “El combate al sicariato y al narcomenudeo no surtirá efecto si no viene acompañado de los elementos que mencionaba durante la explicación anterior.

“Se requiere combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos en razón de que ese es el germen de la delincuencia y la posibilidad de que puedan seguir cumpliendo pagos que tengan ganancias que son incorporados al sistema financiero”.

Hasta ahora, la estrategia del Gobierno de la Cuarta Transformación ha sido ineficaz: las 19 organizaciones criminales que operan en el país están intocadas. En tres años de Gobierno, sólo dos capos han sido capturados: Santiago Mazari, “El Carrete”, líder del Cártel de Los Rojos que operaba en Guerrero y Morelos , así como José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, cabeza del Cártel Santa Rosa de Lima, en otro tiempo azote de El Bajío.

Así, en Hidalgo se consolida la impunidad frente al crimen.

Sin solución, asunto portuario de Veracruz

Hartos de la burocracia oficial, de las promesas para solucionar el conflicto derivado de la requisa perversa que ordenó en 1991 el entonces Oresidente Carlos Salinas –lo que resultó en un enorme negocio privado para beneficio de políticos y empresarios –los trabajadores miembros del sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Estibadores y Checadores decidieron organizar una marcha hacia la ciudad de México en demanda de solución al problema que arrastran desde hace treinta años.

Resulta que en 1991, tras la requisa, los extrabajadores portuarios fueron despojados de sus bienes –edificios, concesiones, cuentas bancarias y maquinaria –; también sufrieron amenazados de muerte presiones para ceder sus propiedades. Luego, cuatro empresas se quedaron con el negocio portuario, los beneficiados fueron Carlos Salinas, Carlos Slim, Dante Delgado, entre otros, quienes operaron para su beneficio aquel despojo obrero que hoy sigue sin repararse.

El miércoles 1, los obreros se organizaron para iniciar una marcha de protesta a la ciudad de México y pedirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención –el Presidente les ha prometido ayuda sin cumplimiento hasta ahora –para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les devuelva sus cuentas bancarias incautadas en 1991; la Secretaría del Trabajo tendría que abrirles el camino para obtener jubilaciones para los sobrevivientes miembros del sindicato de maniobristas y el pago, por parte de las empresas privadas que operan en el puerto, del usufructo de la maquinaria que era propiedad de ese gremio y que les fue robada en 1991, tras la requisa salinista.

La marcha partió de la sede del Sindicato de Maniobristas rumbo a las instalaciones de la APIVER. Ahí tomaron el edificio. Pero cuando ya se disponían a caminar hacia la carretera el abogado Alejandro Pulido Cueto, representante legal de ese gremio, recibió una llamada telefónica. Desde la Secretaría de Gobernación le pidieron frenar la marcha, no exponer a los viejos obreros y esperar a que fueran convocados en la ciudad de México por funcionarios de esa dependencia para darle seguimiento a las demandas, hasta ahora incumplidas.

La decisión de frenar la marcha se sometió a la votación de los agremiados. Muchos de ellos expresaron su inconformidad, pues dicen estar hartos de esperar a que el Gobierno les devuelva lo que les arrebataron hace treinta años.

El abogado Pulido Cueto sostiene que espera que, ahora sí, el Gobierno de López Obrador les haga justicia, ya que llevan tres años solicitando el respaldo del Presidente sin que hasta ahora se haya concretado.

El movimiento de los extrabajadores portuarios, encabezado por el apoderado legal Pulido Cueto, no ha estado exento de polémica. Recientemente surgió una confusión debido a que, en una conferencia mañanera, el periodista Raúl Hernández, del portal Barlovento, al hacer una pregunta extensa al Presidente sobre el tema portuario de Veracruz comentó que el apoderado legal de los maniobristas, Pulido Cueto, presumía que un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores del mismo nombre era su hijo y recurría a él para obtener el apoyo del secretario Marcelo Ebrard en beneficio del movimiento.

Alejandro Pulido –el funcionario de la SER –externó su molestia contra el apoderado legal de los trabajadores portuarios, a quien le atribuyó la versión de que era su padre, lo cual es totalmente falso. El abogado Pulido Cueto negó haber hecho tal comentario y, más bien, lo atribuyó al periodista Hernández, quien en La Mañanera hizo la pregunta al Presidente incluyendo el dato falso, tal como lo muestra el video del 15 de octubre último.

Alejandro Pulido, el de la SER, mostró su molestia contra Pulido, el apoderado legal de los portuarios, pero ignora que el comentario malsano surgió  de otra fuente y no del propio apoderado legal de los maniobristas. Esperemos se aclare esta confusión.

Por lo que respecta al conflicto obrero, Pulido Cueto confía en que el Presidente López Obrador resuelva este grave problema. Lo cierto es que hay varias dependencias implicadas, pero ninguna –dice él –toma la iniciativa de darle solución al problema.

–¿Qué están esperando para resolver el problema? –se le pregunta al litigante laboral.

–Es muy simple: que el Presidente López Obrador de la orden de resolver esto.

–¿Y no ha girado la instrucción?

–Falta que el Presidente se concientice de nuestro asunto, entienda la dimensión de esta injusticia y de la orden de que se resuelva. Cuando esto ocurra los demás funcionarios –SAT, SER,  Gobernación, Hacienda, Marina y Puertos –harán lo propio. Si el Presidente no ordena nada, nada se moverá. Confiamos en que haya justicia.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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