No hay ningún acuerdo vinculante en Naciones Unidas sobre productos de consumo como el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco que establece claramente los principios de no negociación y encuentros de los funcionarios públicos y legisladores con la industria del tabaco. Se trata de un producto altamente adictivo que provoca la muerte de más de 60 mil personas en nuestro país cada año, estableciéndose que uno de cada dos fumadores muere por una enfermedad provocada por fumar.

La resolución WHA54.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, establece que «la industria tabacalera ha funcionado durante años con la intención manifiesta de socavar el papel de los gobiernos y de la OMS en la aplicación de las políticas de salud pública encaminadas a combatir la epidemia de tabaquismo».

Por lo anterior, se establece que: “Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) responsables de establecer y aplicar políticas de control del tabaco y de proteger dichas políticas contra los intereses de la industria tabacalera deberían rendir cuentas al respecto”.

En México, desde el 2018, legisladores de Movimiento Ciudadano han estado promoviendo políticas regulatorias en plena coincidencia con Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo que ha venido actuando globalmente contra las políticas promovidas por el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco. El entonces diputado Jorge Álvarez Maynez, actualmente Secretario General de Movimiento Ciudadano, convocó al Foro Reducción de daños y tabaquismo en México involucrando a un representante de la industria del tabaco.

La Fundación Interamericana del Corazón explicó: “el foro viola el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco…la participación de un miembro de la industria en un foro como la Cámara de Diputados tiene dos consecuencias. La primera, se generan interacciones innecesarias entre miembros de la industria tabacalera y los tomadores de decisión, lo cual representa un fuerte conflicto de interés, pues los intereses entre gobierno e industria son completamente opuestos, o deberían serlo. Además, se le permite a la industria un espacio dentro de un debate en el que únicamente deberían de participar la comunidad científica y tomadores de decisión, ya que la industria siempre tendrá una “opinión favorable” sobre sus propios recursos”

La organización Ethos, en un reporte titulado “las ocultas conexiones entre la industria del tabaco y los voceros a favor del vapeo en México” reportó otro evento similar, dos años después, dentro de la Cámara de Diputados:

“El 18 de febrero de 2020, representantes de la Secretaría de Salud federal y organizaciones civiles cancelaron su asistencia al foro “Consumo de nicotina y su regulación”, organizado por el diputado panista Éctor Jaime Ramírez que se realizaría al día siguiente en la Cámara de Diputados. La razón: la participación de representantes “que promueven los intereses de la industria tabacalera”, dijo en conferencia Arturo Sabines, director de la oficina nacional para el control del Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic)”.

Explica Ethos: “Los ojos estaban puestos en dos organizaciones civiles a favor del vapeo (uso de cigarros electrónicos y vaporizadores) en México, las cuales están estrechamente relacionadas con la industria tabacalera. Médicos, científicos y expertos en el control de adicciones recibieron la advertencia vía telefónica, desde la Secretaría de Salud, de no asistir al foro porque podrían violar el artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, el cual establece limitar o inclusive no tener interacción con representantes de la industria tabacalera”.

Este año, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel Gracia, miembro de Movimiento Ciudadano, y miembros de su gabinete se han pronunciado por retirar la prohibición de fumar dentro de espacios cerrados en restaurantes, bares y casinos, argumentando existe una gran corrupción por parte de inspectores que piden moches a los establecimientos. No es de extrañar que venga esta marcha atrás a una de las medidas más importantes para combatir el daño del humo del tabaco que tiene muy graves consecuencias en los trabajadores de estos establecimientos, justamente en el Estado donde residen las oficinas centrales de Philip Morris en nuestro país. El asunto se discute actualmente en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Hace unos días, legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa firmada por el propio diputado Jorge Álvarez Máynes, secretario general de Movimiento Ciudadano, que organizó el Foro en diputados con miembros de la industria del tabaco en 2018, el diputado Sergio Sepúlveda Barrera y el diputado y exsecretario de salud Salomón Chertorivski que destaca por no haber impulsado ninguna política para el control del tabaco, el alcohol y la comida chatarra y por haberse pronunciado en contra de cualquier regulación desde la Secretaría de Salud.

La iniciativa de los legisladores de Movimiento Ciudadano responde claramente a la estrategia publicitaria multimillonaria de Philip Morris que inunda las redes sociales y medios de comunicación de nuestro país, maquillándose como una propuesta que busca la salud de la población tratando de dar alternativas “más saludables” a los fumadores a través de los vapeadores.  En realidad, se trata de una estrategia de reconversión de la industria del tabaco que busca la adicción de niñas y niños a la nicotina a través de los vapeadores.

Como lo comenté en un artículo reciente, el New England Journal of Medicine, publicó una investigación titulada “Tendencias en el vapeo de los adolescentes 2017-2019”, los investigadores indican que entre esos años se registró que el vapeo presentó el mayor aumento en el consumo de una sustancia en los últimos 44 años, desde que existe el reporte Monitoring the Future. Los investigadores mostraron preocupación por el aumento a la adicción a la nicotina que el vapeo estaba provocando entre los jóvenes. Es decir, la evidencia demuestra que estos productos no son una salida, son una entrada a la adicción a la nicotina que las empresas tabacaleras buscan para tener consumidores de por vida. No importa que con este consumo acorten la esperanza de vida de los jóvenes que logran enganchar.

A esto están jugando varios legisladore que deberían ser investigados en sus relaciones con la industria del tabaco y otras corporaciones como las del alcohol y la comida chatarra. Y en esto, varios legisladores de Movimiento Ciudadano, no todos, se están destacando por su enorme y profundo conflicto de interés, volviéndose actores al servicio de las corporaciones en el Congreso, corporaciones que forman parte de los determinantes comerciales de la enfermedad.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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