Con la vinculación a proceso a de Juan Carlos “G” como probable responsable del delito de intervención ilegal de comunicaciones  en agravio de Carmen Aristegui, se suman elementos de información que complejizan una trama mundial que implica violaciones graves a la privacidad, intimidad, libertad de expresión y seguridad de miles de personas. Este avance en  las investigaciones por parte de la FEADLE (FGR) tiene que ver con la participación directa de entidades privadas en el espionaje, sin descartar su mal uso dentro de las instituciones públicas que adquirieron el software Pegasus  fabricado por la empresa israelí NSO Group.

La imputación ante una jueza de control deriva de las denuncias públicas y formales realizadas en el contexto de “Gobierno Espía”, primera investigación que dio cuenta el 19 de junio de 2017  sobre el uso indebido de Pegasus contra integrantes del equipo de Aristegui Noticias, el Centro Prodh, Instituto Mexicano de la Competitvidad, El Poder del Consumidor, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros. A esta lista  se sumarían periodistas de Rio Doce y la propia Griselda Triana, quienes fueron espiados en el contexto del asesinato cometido contra Javier Valdez en Sinaloa.

La imputación realizada por FEADLE cuatro años después de iniciada la investigación, se basa en evidencia que apunta a Juan Carlos “G” como uno de tantos responsables de espionaje ilegal contra miles de personas en México. El hoy imputado trabajaba como encargado de sistemas de una empresa intermediaria comercial y técnica de NSO Group, que tenía como clientes de Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional, lel extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la entonces Procuraduría General de la República. Esta persona trabajaba como encargada de revisar el software y hardware de Pegasus, lo que le permitía tener acceso al malware y por lo tanto intervenir comunicaciones, entre ellas las de la periodista víctima.

Llama la atención que Juan Carlos G está imputado como coautor, por lo que se considera la participación de otras personas a distintos niveles, incluyendo de autoridades que pudieron ordenar el espionaje o realizarlo de forma paralela.

En julio pasado, a través de la investigación conocida como “The Pegasus Project”, Aministía Internacional, Forbidden Stories, un consorcio de 80 periodistas y 17 medios en el mundo, dieron a conocer que 50 mil personas fueron potenciales víctimas de espionaje, de las cuales 15 mil eran mexicanas. Entre esas víctimas se sumaron más periodistas, activistas, opositores políticos, altos funcionarios de diversos gobiernos nacionales  y un sinfín de ciudadanos y ciudadanas.

En México se expuso a través de Aristegui Noticias y Proceso sobre la red de empresas comercializadoras del software espía, conocidas como KBH y filiales. Sobre esta red empresarial de prestanombres y empresas fachada confirmaría el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Por su parte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, daría conocer los contratos celebrados entre la “red KBH” y la extinta Policía Federal, destacando que dichos convenios simulaban la compra y venta de diversos insumos como botas, equipo táctico y cámaras.

Ese punto de quiebre provocó la condena de la Unión Europea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversos mecanismos especiales de protección de derechos humanos de la ONU, Europa y la OEA. A ello se suman las investigaciones penales abiertas en Francia y la reciente inclusión de la empresa NSO Group en la lista negra del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hace tres días, un tribunal federal en California, EUA, rechazó la moción de NSO Group en la que pedía desechar una demanda entablada en su contra por WhatsApp. El litigio fue iniciado por la empresa propiedad de Facebook debido a que descubrió el uso de vulnerabilidades en su plataforma para realizar intrusiones indebidas.

El espionaje a través de uno de los malware más agresivos e intrusivos de la historia está lejos de esclarecerse en todas sus dimensiones. Sin embargo vamos encontrando claves que dan cuenta sobre la necesidad de imponer mayores controles y restricciones en su compra, venta y uso. El golpe fatal que implica para NSO Group la validación judicial de información que apunta a una conspiración en la que sus intermediarios comerciales tuvieron un papel activo junto a actores políticos, debe detonar  una mayor y mejor colaboración internacional entre las instancias de justicia.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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