Las y los legisladores de Baja California aprobaron la despenalización del aborto en el estado, con lo que se convirtió en el quinto estado de permitir la interrupción voluntaria del embarazo.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Baja California se convirtió en el quinto estado de la República en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semana de gestación durante sesión extraordinaria de la XXIV Legislatura del Congreso local.
En el estado fronterizo, el aborto únicamente estaba permitido por el Código Penal en caso de violación, accidente, peligro de muerte de la madre y la inseminación artificial no consentida. De acuerdo con la legislación, una mujer o persona gestante que se practicara un aborto -de manera personal o asistida- tendría una pena de entre uno y cinco años de prisión.
¡Baja California hace historia! Hoy se suma a la lista de entidades que despenalizan el aborto hasta las 12sdg.Felicidades a todas las colectivas feministas por su incansable trabajo a favor del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.#AbortoLegalBC💚 pic.twitter.com/j9yUF5Xx7X
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Colectivas nacionales y locales a favor del aborto celebraron la decisión de los y las legisladoras con mensajes de apoyo y alegría en redes sociales. "Felicidades a todas las colectivas feministas por su incansable trabajo a favor del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar", indicó la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El debate de la iniciativa -presentada en septiembre por la morenista Liliana Michel Sánchez Allende- se dividió en dos partes: en un primer momento se dialogó una reforma constitucional del Artículo 7, ya que en 2008 el Poder Legislativo del estado lo reformó para considerar la protección a la vida desde la concepción, al considerar que hay un derecho a la vida "desde el momento en que un individuo es concebido". En un segundo momento se consideraron las reformas al Código Penal local, la Ley de Salud Pública estatal y a la Ley de Víctimas.
"La despenalización legal del aborto es un tema que nos incumbe a todos y es un tema de importancia", comentó la Diputada local Julia González, de la fracción de Morena.
Su compañera de bancada, la legisladora Alejandra María Ang Hernández, argumentó a favor de la iniciativa al señalar que la penalización no evita su práctica, y en cambio genera abortos inseguros o peligrosos y niega los derechos reproductivos de las mujeres.
"Es un caso de justicia social, ya que el Estado mexicano debe de estar obligado a ofrecer los servicios médicos a las mujeres que, lamentablemente, en el contexto de la ilegalidad, carecen del acceso igualitario a un seguro sanitario, a un procedimiento médico para finalizar el embarazo. Considero que esta reforma se orienta a la protección eficaz a la vida de las mujeres contra los riesgos que tenemos para la salud física y mental asociados a los abortos inseguros", resaltó.
Los y las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) utilizaron su tiempo en tribuna para posicionarse en contra de la interrupción del embarazo. Además, el Diputado Juan Diego Echevarría Ibarra lamentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde considera "inadmisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección que las personas nacidas".
"Yo me pregunto, en una ponderación de derechos, ¿cuál debe prevalecer? Es evidente que para tener derecho a elegir, primero se debe de tener vida, o ante la duda siempre deberá respetarse en bien jurídico mayor y de nuevo gana la vida", recalcó el legislador de Mexicali.
Baja California ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas 💚✨ #EsLeyBajaCalifornia
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PROTECCIÓN DE LA VIDA NO IMPIDE ACCESO AL ABORTO
La despenalización del aborto en Baja California enfrentó dos retos legislativos este viernes: por un lado, reformar la Constitución local en cuanto a la protección de la vida desde la concepción; por el otro, las reformas legislativas para sacar el aborto como un delito del Código Penal, para contemplar el acceso en la Ley de Salud, y a la Ley de Víctimas.
La primera fue rechazada en la votación del pleno al no lograr la mayoría calificada de votos requerida por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, Stephanie Lomelí de Fondo MARÍA aseguró que esto no supone un obstáculo para el acceso al aborto.
"Esto es muy importante porque, a pesar de que no se logró eliminar la protección a la vida desde la concepción, no es algo que vaya en contra de la posibilidad de despenalizar y de que se brinde un acceso real a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a poder tener procedimientos de aborto seguro", aseguró.
"Durante la sesión también recapitularon lo que se discutió en la SCJN, que abunda en la importancia de reconocer que la vida intrauterina, antes de que pueda nacer el producto, no puede estar por encima. Esta protección a la vida no puede estar por encima de los derechos de las mujeres y las personas gestantes, y es por eso que no es algo que esté contrapuesto y que vaya a ser un obstáculo en realidad para poder acceder al ejercicio de este derecho reproductivo", recalcó Lomelí.
Expuso que el haber generado cambios en la Ley de Salud implica que también haya una regularización del acceso y la implementación real, temas que frecuentemente son olvidados al momento de despenalizar el aborto.
La iniciativa propuesta y votada en Baja California también elimina los plazos máximos de 90 días de gestación para la interrupción de embarazos producto de violencia sexual, y agrega a las causales para no perseguir el delito en caso de que el embarazo afecte la salud de la mujer o en caso de una malformación congénita.
"Lo que se hizo en el caso de Baja California fue quitar, por decirlo de alguna manera, el tope de las 12 semanas que estaba inicialmente para que se pueda acceder más allá de ese tiempo. (...) Destacamos que, particularmente en los casos de violencia sexual, el límite de las 12 semanas es insuficiente porque sabemos que en las situaciones de violencia, muchas veces los embarazos no se detectan en una etapa temprana o hay muchas trabas para tener acceso a los sistemas de justicia y de salud", explicó Lomelí.
