Bolsonaro enfrenta una difícil senda a la reelección en los comicios del próximo octubre, y la pesquisa es uno de los motivos por los que su popularidad está en mínimos récord. Su némesis, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lidera todos los sondeos para volver al cargo que ya ostentó entre 2003 y 2010.
Por MAURICIO SAVARESE
Sao Paulo, 27 de octubre (AP).— Un comité del Senado brasileño recomienda que el Presidente, Jair Bolsonaro, afronte una serie de cargos penales por acciones y omisiones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Brasil es el segundo país del mundo con más muertos por el coronavirus.
Los 11 miembros del comité aprobaron su recomendación el martes, con 7 senadores a favor y 4 en contra, para poner fin a seis meses de investigación sobre la gestión de la pandemia. Pidieron que Bolsonaro fuera juzgado por cargos desde charlatanería a incitación al crimen para malversar fondos públicos, así como crímenes contra la humanidad.
Más de 600 mil personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
A continuación, un vistazo a lo que espera a Bolsonaro, que niega cualquier mala práctica:
¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES CONTRA BOLSONARO?
El más debatido de los cargos recomendados es el de incitar una epidemia que derivó en muertes. Las penas de prisión por una condena van de los 20 a los 30 años. Gustavo Badaró, profesor de derecho en la Universidad de Sao Paulo, cree que este es un “caso con poca base legal” porque Bolsonaro no provocó la pandemia.
El Presidente también está acusado de violar los protocolos de salud, charlatanería, falsificación de documentos privados, uso irregular de fondos públicos, crímenes contra la humanidad, violación de derechos humanos e incumplimiento del decoro presidencial.
Badaró cree que el cargo más sólido contra Bolsonaro en el reporte final es la acusación de retrasar o frenar acciones requeridas como parte del deber de un cargo público por motivos de interés personal. Las penas de prisión por una condena van de los tres meses a un año, pero como Presidente en el cargo, eso podría bastar para suspender a Bolsonaro de su puesto.
Ricardo Barretto, profesor de derecho en la universidad IDP, señaló que el desafío abierto de Bolsonaro a los protocolos de salud y su defensa de medicamentos que no funcionan contra el coronavirus también están bien fundamentados.
El Presidente apareció varias veces sin mascarilla en aglomeraciones que él había fomentado. También defendió el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como si fuera una cura para el virus.
Los senadores han debatido sobre si deberían recomendar cargos de homicidio y genocidio contra Bolsonaro, pero decidieron no incluirlos en el reporte final.
¿QUÉ OCURRE AHORA?
El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, que en el pasado ha tomado partido por el Presidente y está ampliamente considerado como su protector, tiene que decidir si la pesquisa del Senado justifica que él abra una investigación. Tendría que obtener autorización de la Corte Suprema para seguir adelante porque Bolsonaro es un político en el cargo.
El senador Omar Aziz, Presidente de la investigación del Senado, dijo que tenía previsto entregar el miércoles a Aras las recomendaciones del comité.
Si el fiscal general presentara cargos contra el Presidente, el caso se trasladaría a la Cámara de Diputados de Brasil, la cámara baja del Congreso. Dos tercios de los 513 diputados tendrían que votar para que la Corte Suprema suspendiera al Presidente durante al menos seis meses para el juicio.
Sin embargo, los senadores no esperan que Aras presente cargos contra Bolsonaro.
La investigación también ofrece dos alternativas para castigar a Bolsonaro por sus supuestos crímenes.
El primero es una solicitud de juicio político, que se sumaría a las más de 100 peticiones archivadas por el Presidente de la cámara, Arthur Lira, que ha frenado sucesivos intentos de destituir a Bolsonaro.
El segundo es un caso contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional de La Hayam Holanda, pero no hay detalles sobre cómo o cuándo podría ocurrir eso.
¿QUIÉN MÁS PODRÍA VERSE ACUSADO?
La investigación del Senado recomienda presentar cargos contra un total de 78 personas y dos empresas.
Incluye a los tres hijos mayores de Bolsonaro: el senador Flavio Bosonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro. Los tres están acusados de difundir en internet información falsa sobre la pandemia.
En la lista también están un exministro de salud, el general Eduardo Pazuello, y su sucesor, Marcelo Queiroga, así como otros cuatro ministros del gobierno.
El reporte menciona a Wilson Lima, gobernador del estado de Amazonas, y a su secretario de Salud. La capital de Amazonas, Manaos, sufrió un grave desabastecimiento de oxígeno a principios de año, lo que hizo que muchos pacientes de COVID-19 murieran sin poder respirar.
Se han recomendado cargos contra varios empresarios que apoyan con firmeza a Bolsonaro.
¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS?
Bolsonaro enfrenta una difícil senda a la reelección en los comicios del próximo octubre, y la pesquisa es uno de los motivos por los que su popularidad está en mínimos récord. Su némesis, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lidera todos los sondeos para volver al cargo que ya ostentó entre 2003 y 2010.
El final de la investigación del Senado da algo de alivio al Presidente, que ya no tendrá noticias negativas diarias sobre las pesquisas en los noticieros. Ahora se espera que sus aliados en el Congreso presionen para aprobar reformas y nuevas medidas para combatir otro factor de la impopularidad de Bolsonaro: un brusco ascenso de la inflación que se ha sumado a las dificultades económicas de Brasil, como un alto desempleo.
Barretto, el profesor de derecho de la IDP, señaló que las recomendaciones de cargos contra Bolsonaro podrían afectar a su futuro político aún más si pierde las elecciones.
Una vez haya dejado el cargo, señaló, otras cortes y fiscales podrían procesar al político de ultraderecha por los mismos supuestos crímenes, al margen de lo que decida el fiscal general. También podrían presentar cargos de falta de honestidad administrativa, un delito contemplado en la ley brasileña que conlleva la inhabilitación política de los condenados.
