CFE y Luz y Fuerza de México fueron las empresas del Estado que estaban encargadas de la generación, distribución y comercialización de la energía durante muchísimos años. Sin embrago, no eran empresas productivas, sufrían gran apalancamiento laboral, aunque había ingenieros y técnicos competentes, tenían grandes cargas laborales y compromisos sindicales. Aunque eran dueños únicos del mercado eran ineficientes comercialmente, pues mucha de la energía que producían no se cobraba y se multiplicaban las conexiones clandestinas, los famosos “diablitos”. Hay casos como el de Tabasco en el que prácticamente toda la población no paga sus recibos de luz por una “conquista política”, lo que les generaba grandes pérdidas económicas y, al no ser autofinanciables, estaban muy apalancadas operativa y financieramente; por ello requerían permanentemente presupuesto del Gobierno federal para mantener su operación.

Este contexto no permitía que hubiera un proyecto estratégico e inversiones de largo plazo, lo que impidió la oportuna modernización e inclusión de las mejores tecnologías. Debido al retraso tampoco se podían enfrentar eficazmente los grandes retos de la creciente demanda energética, derivada de que México sea un actor importante en los mercados globales por la gran apertura comercial que obligaban los tratados firmados en todo el mundo, sobre todo el TLCAN. En aquellos años había que programar paros en la industria por falta de energía; además, no había infraestructura suficiente para poder aprovechar las oportunidades y crecer la planta productiva del país.

Este gran desafío estratégico para el país detonó que desde el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo se plantearan iniciativas para que se modernizara y abriera el mercado eléctrico a la competencia global. Felipe Calderón, como Secretario de Energía en el periodo de Vicente Fox y más adelante como Presidente, también buscó hacer reformas en este sentido. Sin embargo, la polarización política y la falta de acuerdos en el Congreso impidieron la posibilidad de que en México tuviéramos una solución a este importante reto del país. Aunque sí se consiguió desmantelar a Luz y Fuerza del Centro, y se le dejó a CFE toda la responsabilidad de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía en todo México.

El Presidente Enrique Peña, y casi todas las fuerzas políticas del país, en el “Pacto por México”, lograron la aprobación en el Congreso de una Reforma Energética que resolvería los grandes retos en esta materia y que le serviría al país en su diseño, como una palanca de desarrollo, a través de los órganos reguladores del Estado como la CRE y el Cenace, quienes garantizarían que las empresas competirían en un entorno justo de beneficio para el país, y por supuesto mejores tarifas y servicio para todos los mexicanos. Pero, lo más importante, que pudiéramos seguir con el desarrollo y crecimiento de la nación sin tener en la energía una restricción.

Desafortunadamente su implementación fue muy poco pulcra y ordenada pues, aunque se han multiplicado de manera muy positiva inversiones de todo el mundo en energías limpias y de alto contenido tecnológico, también se han dado casos de corrupción, lo que llevó a que algunas empresas privadas obtuvieran desafortunados contratos ventajosos y, sobre todo, que hoy se le cuestione en su totalidad y se busque desde el Gobierno federal una completa “Contrarreforma”.

La propuesta de López Obrador que plantea desmantelar la estructura de Control y Regulación Energética por parte del Cenace y la CRE, organismos autónomos del Estado Mexicano, y darle ese control a la CFE que competiría con empresas privadas pero con una garantía del 54por ciento del mercado, le convierte en una política pública monopólica, pues con esto se limita la competencia y se promueve la incompetencia. Además, la reforma no garantiza que CFE sea autosustentable financieramente y que tenga los recursos económicos necesarios para su participación en el mercado energético nacional.

Por otro lado, querer cancelar de tajo los contratos firmados con empresas de todo el mundo significa no respetar el Estado de Derecho. Obviamente, un país en el que no se respeta la ley no es atractivo para las inversiones, siendo éstas necesarias para cumplir con los retos de crecimiento y desarrollo de México.

Por último, lo más grave, hoy por la capacidad de potencia instalada en varias partes del país, sobre todo en el norte o el bajío donde más industrias se han establecido, prácticamente no puede haber más abasto, lo que pone en riesgo el crecimiento industrial nacional y las oportunidades de empleo para los mexicanos. Por ello es que urgen grandes inversiones no monopolizadas en este sector.

No queremos apagones ni inversiones detenidas por falta de energía, necesitamos que se tomen decisiones basadas en información técnica y económica, y no en complejos ideológicos. Esperamos que los legisladores tengan la altura para poder recomponer lo que está mal, pero aprovechar lo que está bien y funciona. Promovamos alcanzar una legislación con visión de futuro y desarrollo, no una de freno a la inversión que mire al pasado y que promueva la incompetencia.

Por eso afirmo: no aceptemos una ideología retrógrada, pues es regresar a un control ya superado. Será mejor poner nuestra energía de forma abierta en beneficio del bien común, priorizando el respeto al medio ambiente, con reglas claras que permitan la llegada de los más capaces y no el anquilosamiento de quienes sólo pretenden construir un coto más de poder. #OpinionCoparmex

Jorge Ramírez Hernández

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Jorge Ramírez Hernández es ingeniero electricista por el Instituto Tecnológico de Monterrey y maestro en admnistración de empresas por la misma institución. Desde 1995 fue invitado al Consejo del Centro Patronal de León. Es Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho y Democracia de la Coparmex

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