Personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de México ha denunciado haber enfrentado hostigamiento y hasta acoso laboral luego alzar la voz ante arbitrariedades en procesos o concursos y de exigir transparencia en la asignación de materias.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Recrudecimiento de condiciones de desigualdad y exclusión, hostigamiento e incluso acoso laboral son algunas de las consecuencias que algunos profesores de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han denunciado luego de señalar desigualdades e irregularidades dentro de esta institución, y de que se involucraran en los movimientos que exigen a la máxima casa de estudios del país mejores condiciones laborales.
Profesores de asignatura entrevistados por SinEmbargo indicaron que el personal docente de la Universidad que ha alzado la voz, ha exigido transparencia en la asignación de materias o se ha quejado de arbitrariedades en procesos o concursos, se enfrenta a una serie de tratos diferenciados.
Las formas más comunes, explicaron, pueden ser aspectos sutiles como la ya normalizada exclusión, retiro de materias de manera discrecional y en algunos casos incluso hay denuncias hasta de hostigamiento y violencia de género, como lo hizo la profesora Dora A. Romero Olivera, de la Facultad de Economía.
“Me atrevo a realizar esta denuncia pública porque las autoridades no han respondido a mis denuncias al interior [...] He sufrido represalias por exigir derechos y transparencia y hago responsables al Rector (Enrique Graue) y al Director de la Facultad de Economía (Eduardo Vega López) si en próximas fechas fuese despedida, si se recrudecen las represalias, si se continúa el hostigamiento laboral o si pasan a otro nivel las violencias institucionales hacia lo que consideran una ‘insignificante’ profesora de asignatura. La UNAM tiene con toda una franja generacional que cada año se incrementa y precariza más, sin oportunidades de promoción, sin estabilidad laboral y con historias de hostigamiento y discriminación que es difícil denunciar por temor a represalias”, detalló la docente.
Otra de las formas en la que los profesores de asignatura han sido tratados, de acuerdo con los mismos testimonios, es con discriminación social que se traduce en la exclusión en el acceso a asignaturas y oportunidades para ascender o mejorar su condición laboral.
“Cuando sufrí la tentativa de quitarme otra materia, ya era pública la formación del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM (SITAUNAM), de cual soy miembro fundador, y eso también ha sido motivo de más hostigamiento laboral en contra mía y de otros compañeros y compañeras. Por ejemplo, en mi caso, después de haberme quitado una materia, todavía quisieron quitarme otra sin ninguna explicación, pero esa situación se revirtió con la lucha y el paro que se realizó hace unos meses; en ese caso me parece que sí estaba relacionado con mi participación en el SITAUNAM”, explicó el profesor Andrés Ávila Armella, quien ha fungido como profesor de asignatura desde el 2006 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM.
En otros casos, profesores y maestros son sometido a una implacable y rígida aplicación de medidas y lineamientos que agravan su precarización. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por ejemplo, profesores organizados denunciaron en su cuenta de Facebook que “en contra de toda sensibilidad, dejaron sin grupo en medio de la pandemia a profesores como el docente Jacobo Alavéz Medina, quien tiene 30 años de trayectoria”, aplicándole todo rigor una medida, que no se aplica a profesores de tiempo completo.
HOSTIGAMIENTO
Dora Romero Olivera, profesora de asignatura interina de la Facultad de Economía, explicó que lleva al menos 20 años de antigüedad en la UNAM. Primero fue profesora adjunta durante 16 años, tanto a nivel licenciatura como doctorado. No obstante, por muchos años no pudo crecer, porque “en la UNAM y en la Facultad no abrieron convocatorias para los profesores adjuntos durante décadas”.
La maestra con mención honorífica detalló que hasta hace cuatro años tuvo la oportunidad de formar parte de la planta de profesores de asignatura, es decir, al ingresar al “Programa especial de promoción docente para ayudantes de profesor de la Facultad de Economía, semestre 2017-1”, aunque se trató de un concurso que permitía promocionarse como profesor de asignatura, pero sin acceder plenamente a los derechos como profesora titular.
“Una de las represalias que se mantiene a manera de hostigamiento laboral es que me han negado reiteradamente impartir una materia optativa a pesar de que cuento con antigüedad como profesora, cuento con formación académica idónea y se abrían mis grupos con 23 estudiantes”, platicó.
Por el contrario, denunció, ha habido ocasiones en que le han otorgado dicha materia a un profesor que tenía menor antigüedad, menor calificación que ella.
La doctorante aseguró que es común que a algunos profesores de asignatura les nieguen el derecho a impartir una materia adicional cuando se abren espacios, aun habiendo posibilidad y afirmó que incluso el Consejo Técnico de la Facultad de Economía, jamás ha considerado en la Comisión de Planta tratar el asunto de la solicitud de asignaturas adicionales de los profesores de asignatura, "más bien presiona a ciertas áreas y coloca profesores de tiempo completo adscritos a áreas diferentes a ocupar esos espacios".
Romero Olivera destacó que a raíz de su participación en un intento de Reforma al Plan de Estudios en el año 2018 la “sacaron abruptamente de la planta de profesores”.
“Me sacaron de la planta académica en pleno proceso de inscripción algo que normativamente es una violación, pues no hubo ningún acta de Consejo Técnico que lo avalara, ni ningún documento oficial donde se me hubiese hecho la notificación, además en el momento no hubo explicación alguna. Cuando solicité personalmente explicaciones a las autoridades éstas cayeron en contradicciones, y la Contraloría Interna, se lavó las manos, indicando que no podía atender mi solicitud de investigación de tal irregularidad”.
La catedrática que ahora es profesora interina explicó que, aunque tiene derecho a que se le abra concurso de oposición para lograr la definitividad, ha sido objeto de discriminación —el episodio más reciente fue en el mes de junio— cuando ingresó la solicitud que tardaron en responder y finalmente le dijeron que no cumplía con el requisito de: “impartir un mínimo de nueve horas/semana de clase frente a grupo en las asignaturas curriculares contemplada".
Denunció que desde la convocatoria para tal concurso fue emitida contra los profesores más precarizados ya que contar con tres materias frente a grupo significa ser profesor de carrera, o de tiempo completo, o ser favorecido de alguna manera por las autoridades en turno.
Los profesores de asignatura consideran que tan solo la antigüedad debería de ser motivo para que se le otorgue el criterio de definitividad a los interinos.
Romero Olivera —además de exponer su caso y realizar diversas denuncias de su historia, donde asegura que sólo ha recibido indiferencia, omisión y represalias por parte de las autoridades académicas— es parte de las mesas de dialogo que tienen los profesores de asignatura con las autoridades en las que ha participado activamente.
La profesora destacó que su situación se agrava e incluso acusó ha sido víctima de violencia institucional por parte de las autoridades de la Facultad, pues dijo que por parte de la dirección la han difamado y acusado de que al exponer su caso públicamente pone en riesgo las mesas de negociación.
DISCRIMINACIÓN
El profesor Andrés Ávila Armella imparte clases como maestro de asignatura en la ENES de Morelia. El docente platicó que cuando se abrió este plantel en Michoacán, él ya tenía varios años como docente, estaba por titularse del doctorado y cumplía con las capacidades, pero no sólo no fue considerado para tiempo completo, sino que tampoco fue considerado o aceptado para asignaturas cuyo perfil eran idóneas a él.
Las asignaturas que buscaba, detalló, simplemente o no se concursaban o cuando se concursaban no había criterios claros para determinar por qué se elegían a las personas, detalló.
“Me parece que (en la UNAM) hay, de forma a veces abierta o a veces velada, un clasismo. Hay prejuicios sobre el origen social de los profesores y esa es la forma más común en que son excluidos muchos profesores. Creo que a los profesores de asignatura los ven ajenos a su círculo social”, explicó.
El profesor destacó que su trayectoria, que es públicamente reconocida por haber sido de los profesores que exigen derechos y por ser fundador del SITTAUNAM, ha influido para no ser considerado en la asignación de cursos, incluso no descarta que por ese motivo le hayan retirado clases.
“Me llegó a pasar que incluso impartiendo asignaturas se me dejaron de asignar sin darme una explicación y este es el caso de muchas personas”, detalló.
Ávila Armella explicó que primero le quitaron sin explicación la matera de “Actores sociales”, sin embargo, cuatro años después trataron de quitarle otro grupo.
“De repente me dijeron que ya no la iba a seguir dando porque simplemente decidieron que la iba a dar otra persona y las personas que tomaron esa decisión estaban al tanto y consciente que se estaba formando este sindicato (SITTAUNAM) y me ubican a mí como alguien visible que estaba promoviendo el sindicato”, dijo.
Y añadió: “otro ejemplo de ese hostigamiento es que tratan de generar desconfianza, de que presuntamente hay intereses ocultos por pertenecer a un sindicato, como si pertenecer a un sindicato fuera ser parte de una pandilla o una organización, cuando, además, el SITTAUNAM, y que no hemos lucrado con eso; pero se ha jugado esa carta, de querer estigmatizarnos”.
LEGAL, PERO INJUSTO
El profesor Jacobo Alavéz Medina tiene 28 años de antigüedad en la UNAM. Al académico, al igual que al menos otros diez profesores de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se le retiró uno de sus grupos al aplicarles un reglamento que establece que aquellos cursos con menos de 10 alumnos se cerraban.
“Esta argumentación del Consejo Técnico tienen más de 10 años, pero no se había puesto en práctica porque antes las asignaciones se había defendido que había grupos pequeños, pero ahora esta nueva administración en la FCPyS decidió implementar esta propuesta y el Consejo Técnico fue implacable y todo el personal de asignatura con menos de 10 alumnos se les cerro el grupo”.
El maestro Jacobo Alavéz detalla que él, previo a la pandemia, siempre tuvo grupos de más de 20 alumnos y trató de apelar la decisión, pero su solicitud fue rechazada.
“Yo mandé una solicitud de reconsideración para ese caso, mostré mis actas que, desde hace más de 10 años tengo cursos numerosos de más de 20 alumnos y que reconsideraran mi caso, pero el Consejo Técnico no valió mi petición”, contó.
En entrevista con SinEmbargo, el profesor señala que si bien su caso está dentro de lo “legal” no deja de ser un hecho injusto que —destacó— antes no se había presentado.
“Todo eso es injusto, es injusto porque todo el proceso es discrecional, todos los profesores de asignatura dependen de caerle bien o que se lleven bien con el coordinador de carrera para que este los programe, y puede darse el caso que, aun siendo programados, se generen formas mediante las cuales se limite a los profesores de asignatura su participación, como en mi caso”, dijo.
Es difícil comprobar o decir que este cierre sea porque es parte del movimiento que exige mejores condiciones, reconoce el maestro, pero considera que estas acciones son por su participación y por cuestiones políticas de la directora Carola García.
“La actual directora es del área de comunicación y los sociólogos le estorbábamos . Ella manifestó en varias reuniones su animadversión hacia los sociólogos, entonces, claro que en el proceso de los 12 profesores que fuimos dados de baja por no tener suficientes alumnos, había por lo menos 8 de sociología”, narró.
Y añadió: “la Universidad es totalmente antidemocrática, su personal académico ha sido ninguneado desde mucho tiempo atrás [...] Son las asociaciones de personal académico, lo que se llamaría un sindicato patronal, y éstas siempre han funcionado de esa manera, entonces los trabajadores académicos, aun los de tiempo completo, estamos indefensos de las decisiones de las autoridades. Todos los procesos son discrecionales”.
Luis Jaime Estrada Castro, profesor de la FCPyS, expuso a su vez que los consejos técnicos de cada facultad son los que determinan si un grupo se cierra o sigue abierto, por lo tanto, son sus propios lineamientos los que determinan qué profesores de asignatura con inscripción menor de 10 estudiantes son automáticamente cerrados; sin embargo, recalcó que no porque la situación sea legal, quiere decir que sea justa.
“Nosotros hemos dicho que esto es una injusticia en todos sus términos porque —en contraste— si un profesor de tiempo completo tiene un grupo de dos estudiantes, le respetan ese grupo abierto y un profesor de asignatura que tiene nueve estudiantes le quitan ese grupo”, ejemplificó.
DESIGUALDAD SALARIAL
La plantilla docente de la Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta una marcada desigualdad salarial.
Mientras que los profesores de asignatura ganan entre mil 700 pesos o poco más de cuatro mil pesos; otros maestros, los de tiempo completo, reciben remuneraciones de más 20, 30 o 50 mil pesos, y en algunos casos; la élite, por encima de los 100 mil pesos, como han denunciado maestros de asignatura.
Pero no sólo eso, también denunciaron que tienen que lidiar con una serie de trabas y vicios que obstaculizan que puedan acceder a una plaza o subir en el escalafón que tiene copado la élite de la máxima casa de estudios del país.
Las reglas del juego están hechas de tal forma que a los profesores de asignatura les sea muy difícil poder subir de nivel y aspirar a ser profesores de tiempo completo, aunado a ello, también hay una serie de vicios que obstaculizan las aspiraciones de quienes pertenecen al grueso de la base que imparte clases, señalaron los mismos testimonios.
El pasado 7 de octubre, El Tribunal Universitario de la UNAM reconoció que dentro de la institución había mafias y corrupción. El presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, señaló que era momento de iniciar un proceso de autocrítica en las instituciones educativas para reconocer que la corrupción ha impregnado diversos ámbitos académicos y administrativos.
Las declaraciones de la autoridad académica se vertieron luego de que ese mismo día el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los maestros y estudiantes a oponerse a los grupos de poder que tienen las universidades bajo control del país, y dijo que sólo la resistencia al interior de las instituciones puede resolver los abusos porque el Gobierno federal no puede meterse.
“Con un sentido de autocrítica y de particularidad conocimiento aceptemos que la corrupción también ha invadido los ámbitos académicos. Lo dicho por el Presidente es una realidad que ya no se puede seguir ocultando; las mafias y grupos de poder se han incrustado de manera lamentable en la gran mayoría de las universidades públicas del país”, expuso.
