Pintadas de verde y escudadas bajo la lucha contra la crisis climática, empresas renovables como Grupo Dragón (Grupo Salinas) e Iberdrola han hecho negocio a costa del desplazamiento y conflictos socioambientales de las comunidades donde se instalan.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan altas tarifas eléctricas hasta de mil pesos, pagos “injustos” de la renta de sus tierras, arrestos o falta de consulta indígena, los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.
Estos casos al sureste y centro mexicano son sólo una muestra de cómo la «transición energética corporativa» —escudada bajo la crisis climática— acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora «pintados de verde», como plantea la organización GeoComunes que mapeó los megaproyectos de energías renovables en el informe “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano” (2020).
Una acumulación que además se da entre sólo un puñado de empresas, detalla el documento. Las 63 centrales eólicas y las 61 solares en operación están concentradas principalmente en la italiana Enel Green Power, las españolas Acciona e Iberdrola, la estadounidense Sempra Energy (IEnova) y la francesa Electricidad de Francia.
En entrevista con «Los Periodistas» en SinEmbargo Al Aire, y a pregunta expresa sobre FEMSA y Bimbo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo, calificó de «atraco» esta modalidad de abastecimiento, legal desde 1992.
Explicó que ese excedente de generación tendría que venderse a la empresa pública, pero se lo están vendiendo entre ellas utilizando la red eléctrica nacional sin pagar por esa transmisión ni por su mantenimiento, lo que representa una pérdida de 50 mil millones de pesos anuales para la CFE, documentó.
«Lo que busca la Reforma Eléctrica es regularlos», dijo Bravo, quien rechazó que este cambio constitucional elimine a la iniciativa privada del sistema eléctrico si es aprobado por el Congreso, como aseguraron representantes del sector renovable.
SIN APOYO PARA LUZ
En mayo de 2012 comenzaron a girar los 16 aerogeneradores del parque eólico Chiapas de Grupo Dragón (Grupo Salinas) ubicado en Arriaga, un municipio de la costa chiapaneca que desde los noventa resiste contra el pago de las altas tarifas eléctricas y el 1.61 por ciento de las viviendas carece del servicio (Coneval, 2015).
Sin embargo, el permiso de autoabastecimiento de la empresa del tercer empresario más rico del país (E/920/AUT/2012) menciona como socias, es decir beneficiadas de la electricidad, a las compañías Grupo Elektra y TV Azteca, entre otras.
Pobladores de Arriaga han dicho al Comité de Derechos Humanos «Digna Ochoa», ubicado a sólo 23 kilómetros del municipio, que no reciben ningún subsidio en la tarifa eléctrica a pesar de vivir tan cerca de las torres con turbinas.
Su director Nataniel Hernández afirmó en entrevista que la instalación del parque eólico, que no resuelve la necesidad energética de la región, se logró a través de ofrecimientos económicos a pequeños propietarios que durante años no podrán entrar al terreno, sembrar ni meter su ganado.
«El Estado no ha planteado un proyecto de energía eólica que reduzca los costos de la tarifa por su consumo. Hay recibos de 500 pesos y otros de mil; no están reguladas en beneficio de la población», afirmó.
Agregó: «El parque eólico no favorece ni siquiera a las instituciones municipales, sino que es un negocio que permite generar ganancias para Grupo Dragón», aseguró.
En enero de 2013, un grupo de campesinos y pequeños propietarios de Arriaga bloqueó el acceso al parque eólico al acusar que la empresa les estaba pagando poco por rentar durante 30 años sus tierras, donde instalaron las turbinas, subestaciones, cables y torres.
César Blanco García, dueño del predio «El Brillante» donde se instalaron nueve aerogeneradores, dijo a la prensa aquel año que muchos firmaron el acuerdo «mediante engaños porque no saben leer ni escribir». Él dijo recibir 30 mil pesos mensuales por 140 hectáreas, pero otros de sus compañeros sólo 4 mil pesos. «Queremos que nos paguen lo justo», lideró.
El campesino también acusó que para instalar la central le tiraron muchos árboles, incluyendo uno que tenía más de 50 años. «Nosotros no hemos visto los beneficios del proyecto, al contrario, nos afecta la deforestación y la contaminación [sonora] que provocan las torres», declaró.
Una semana después, y luego de que la gente ya no quiso rentar más predios para la ampliación del parque eólico, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas desalojaron a los campesinos y detuvieron a César Blanco.
La autoridad lo acusó de despojo por impedir el acceso a los trabajadores de la eólica afectando la producción de Grupo Dragón, que también opera desde 2013 un parque eólico en Ojuelos, Jalisco.
Nataniel Hernández, del Centro «Digna Ochoa», dijo que César fue liberado días después, pero hasta la fecha no le han pagado más como exigía ni recuperó sus tierras.
En junio de 2014, la presidenta de Grupo Dragón e hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, fue señalada de posible conflicto de interés, ya que el brazo energético de Grupo Salinas hacía negocios en el sector mientras ella como integrante de la Comisión de Energía del Senado participaba en las discusiones para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy la contrarreforma enviada al Congreso por el Gobierno federal busca revertir.
«Tengo un trayecto previo y por eso conozco del tema muy de fondo», se defendió la Senadora verde en una conferencia en la Cámara Alta.
“LA LUZ ES MUY CARA”
En mayo de 2019, la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, encabezaron en el Istmo de Tehuantepec —donde hay más de 20 parques eólicos— la inauguración de la central eólica más grande de América Latina al contar con 132 aerogeneradores a lo largo de Juchitán y El Espinal, cuyos pobladores acusan irregularidades en la consulta indígena y falta de pagos por sus tierras.
El parque de Eólica del Sur, de la japonesa Mitsubishi, obtuvo el permiso de autoabastecimiento hace seis años (E/1264/AUT/2015). Entre sus socias están Oxxo y Cuauhtémoc Moctezuma, firmas de FEMSA, propiedad de José Antonio Fernández Carbajal, «El Diablo».
Durante el evento de apertura, una integrante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI-Movimiento de Liberación) exigió con una cartulina en la mano: «Borrón y cuenta nueva: tarifa justa de la luz sin condiciones».
A tres años de operación de esta central, Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo (APIIDTT), expuso vía telefónica que las altas tarifas de luz continúan, sobre todo en época de calor cuando usan ventiladores o aire acondicionado.
«Cada vez la energía eléctrica es más cara para nosotros y de muy mala calidad porque no se hace mantenimiento a las líneas de transmisión [de la CFE] que también usan esas empresas. En ningún momento somos beneficiados, eso es mentira», afirmó. «Hay gente a la que le llegaba el recibo de 200 y de repente sube a 800 o mil pesos. Es muy, muy cara».
Aunque se destacó que este proyecto eólico fue el primero en llevar a cabo una consulta indígena, la participación de la población se limitó a un porcentaje mínimo de sólo 200 participantes en un ambiente de tensión y algunos de los asistentes no entendían el zapoteco, por lo que no fue libre, previa, informada ni culturalmente adecuada.
«Nos querían dizque consultar sobre un proyecto que ya estaba elaborado y sólo querían que se palomeara», afirmó Bettina.
Durante los nueve meses que duró el proceso iniciado desde octubre de 2014 pidieron información sobre el impacto ambiental acumulado considerando que en el Istmo ya había antes 21 parques eólicos más. Pero no les detallaron.
Ante las irregularidades en el procedimiento, la comunidad zapoteca interpuso el amparo 454/2015. En diciembre de 2015 el Juez Isaías Corona Coronado les otorgó la suspensión definitiva, pero en febrero de 2016 fue trasladado de Salina Cruz, Oaxaca, a Victoria, Tamaulipas y el nuevo Juez Carlos Osogobio Barón tumbó el amparo por lo que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aún esperan si será admitido.
Al igual que en Chiapas, los campesinos también tuvieron problemas con la renta de las tierras. La empresa japonesa obtuvo la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) antes de concluir la adquisición o arrendamiento de las parcelas, pero en el documento afirma que «los dueños se beneficiarán con el pago de derecho de vía».
No ha sido así. Además de la muerte de aves por los aerogeneradores y la ruptura del tejido social, a inicios de este año los propietarios de la parcela donde se colocó el polígono del parque eólico en Juchitán bloquearon más de un mes la subestación con piedras y palos, por incumplimiento de contrato y adeudo de pagos.
«Nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras pensando que la empresa era responsable, pero ya vemos que no», afirmó a la prensa local Arturo Martínez Ruiz, representante del comité de propietarios «Xhuba Yachi».
Ante la promesa de miles de empleos, dijo, “a nuestros hijos los siguen teniendo como peones sin basificación y sin prestaciones».
En febrero, Martínez —al igual que el ejidatario César en Chiapas— fue detenido por supuesto despojo. «Cómo van a acusarme de despojo de mis tierras», cuestionó tras ser liberado seis días después luego de una tregua con la empresa.
DEL AIRE A BIMBO Y MODELO
La modalidad de autoabastecimiento legal desde 1992, además de reducir los costos de producción de las empresas, les permite ocultar los impactos socioambientales ligados a sus actividades tras la imagen de «empresas verdes y socialmente responsables», dice la organización GeoComunes.
La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, al suroeste de Oaxaca, para instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga, el cual opera desde octubre de 2012 y abastece (E/823/AUT/2009) con sus 45 aerogeneradores a Grupo Bimbo.
La organización ProDESC documentó engaños y colusión de la empresa con notarios públicos para rentar las tierras, aunque es un terreno comunal. Los contratos firmados de 2006 a 2011 con los locatarios no estaban en zapoteco ni exponían detalles.
En Puebla, la llegada de otra española, Iberdrola, también les ha implicado problemas. Tiene en operación la central eólica Pier II en La Esperanza, Puebla, y desde el 2020 arrancó PIER IV con 84 aerogeneradores en los territorios de Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo para proveer a la cervecera Grupo Modelo (ABInBev).
En abril de 2019, ejidatarios de San Pedro Chapulco y Azumbilla denunciaron en un foro que el parque eólico comenzó a instalarse sin previa consulta indígena. Además, el acuerdo es que pagará tres pesos anuales por uso de metro cuadrado de tierra a los campesinos, quienes hasta 2050 no podrán usarlas, y otros cuatro pesos anuales por ocupación de camino.
Lorenzo Osorio Rosas, presidente del Comisariado Ejidal de San Pedro Chapulco y Luis Cruz Lázaro, comunero de Azumbilla, también afirmaron que la energía generada por el parque eólico no será para ellos, sino para una cervecera, pese a que su construcción implicó la tala de sus árboles en la región que limita con la biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
Ante el daño a flora y fauna, la compañía española reubicó más de 121 mil 500 ejemplares de 40 especies de flora y más de 200 individuos de 21 especies de fauna. Además, se reforestaron 143 hectáreas.
