Por Gustavo Almaráz Petrie

Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex

Uno de los factores que determina la correcta operación de las instituciones es la fortaleza del entorno en el que operan; es decir, para garantizar las funciones por las cuales fue creado un órgano u organismo se requiere garantizar su factibilidad presupuestaria, el correcto funcionamiento de sus órganos de dirección y, principalmente, el respecto al Estado de Derecho.

Los órganos autónomos fueron creados y establecidos en la Constitución con atribuciones propias. Tal es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que fueron creados hace ocho años para garantizar y fomentar, entre otras cosas, la competencia sana entre diversos sectores económicos, pero también han servido como contrapesos a las decisiones del Poder Ejecutivo, desde una perspectiva técnica y jurídica.

En septiembre, ambos órganos autónomos cumplieron trece años con múltiples retos, nuevas atribuciones, órganos de Gobierno incompletos y un aumento marginal en sus respectivos presupuestos para el 2022.

Durante los tres últimos años, bajo una lógica de austeridad presupuestaria y reducción administrativa, se ha dificultado la elección de los respectivos comisionados faltantes para completar la integración del Pleno, máximo órgano de decisiones fundamentales para el desarrollo sectorial en México, como las telecomunicaciones y radiodifusión, el energético, financiero, etc.

Hoy el Congreso y el Ejecutivo Federal tienen un pendiente inminente, pues Cofece opera con solo cuatro de siete comisionados que integran el Pleno, mientras que el IFT lo hace con cinco de siete y en febrero de 2022 lo hará con cuatro.  En caso de que alguno de los comisionados se excuse de participar en ciertas decisiones no podrán resolverse algunos asuntos y se determinarán por afirmativa ficta, mermando el ambiente de competencia en ciertos mercados.

Los órganos autónomos permiten el correcto funcionamiento de los mercados, lo cual se traduce en mejores espacios de competencia y de beneficios para la población. Prueba de ello son las decisiones de COFECE para evitar la colusión en la producción, distribución y comercialización de tortillas, la dominancia en el servicio de taxis en el Aeropuerto de la Ciudad de México, además de las decisiones del IFT para eliminar la Larga Distancia Nacional, establecer la tarifa cero en terminación de llamadas, las tarifas y planes con cobro por segundo y el cuidado de los derechos a los usuarios.

El debilitamiento institucional de los órganos autónomos representa un freno a la competencia, atenta contra los flujos de inversión y abre la puerta a una posible penalización por parte de Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, pues el acuerdo comercial incluye un capítulo que obliga a los gobiernos a tener una autoridad de competencia económica funcional.

De ahí la relevancia de promover un sano entorno institucional que les permita operar de manera eficiente y contribuir a mejorar la competencia en los mercados y continuar siendo un contrapeso, a fin de generar un círculo virtuoso que beneficie a toda la sociedad mexicana. #OpiniónCoparmex

Redacción/SinEmbargo

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