Desde el inicio de su mandato, el Presidente de la República, puso en marcha la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral, para conciliar las diferencias y confrontaciones entre trabajadores y empleadores, sin ir a juicio, con el apoyo de mediadores profesionales, en un ambiente confidencial y seguro que privilegie el diálogo y la búsqueda de equilibrios.

“Este acto –dijo el mandatario—significa poner en práctica la reforma laboral que se aprobó el año pasado” y agregó: “suele suceder que se hacen modificaciones en la Constitución y las leyes” que no se aplican ni se llevan a la práctica.

En el Patio Central del Palacio Nacional, el Presidente advirtió que la real justicia laboral no se hace solo con normas jurídicas y procesales, sino, ante todo, con procedimientos democráticos y con base en la justicia social, lo que es un cambio estructural profundo.

La justicia laboral, agregó, va a depender del Poder Judicial, ya no solo de la participación del sector obrero, del sector empresarial y del Ejecutivo. Ahora es un tribunal independiente del Poder Judicial.

A partir de esa premisa, se crearon el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales, que abordan asuntos laborales pendientes en materia individual y colectiva.

El propósito de estos cambios estructurales de la Reforma laboral, tiene dos ejes: fortalecer la democracia laboral, esto es, que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales y aprueben sus condiciones de trabajó a través del voto personal, libre, directo y secreto, sin imposiciones, en acatamiento no solo de la 4t, sino también  a las petición que hicieron Canadá y Estados Unidos durante la firma del Tratado de Libre Comercio, (T-MEC), de consolidar una verdadera justicia laboral.

Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en lo que se refiere a la democracia laboral, garantizar que las y los trabajadores decidan participar en la negociación de sus contratos colectivos y eliminen los contratos de protección, firmados sin su consentimiento, y, junto a ello, su libertad de decidir si se agremia a un sindicato o no, o deciden construir uno nuevo, lo que es sumamente relevante, ya que modifican el panorama sindical y modifican la hegemonía de las centrales vinculadas al corporativismo sindical instaurado desde hace un siglo.

Un ejemplo de ello es la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la cual, ganó el 23 de septiembre el recuento de votos para asumir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni más ni menos, con la empresa NISSAN Mexicana Aguascalientes, y arrebató a la Conferencia de Trabajadores de México (CTM), encabezada durante décadas por Fidel Velázquez, con el apoyo del PRI y el Poder Ejecutivo Federal, de sus presidentes.

Esto fue el segundo descalabro de la CTM este año. El primero, fue en el mes de agosto, cuando los trabajadores de la fábrica de General Motors en Silao Guanajuato, votaron también para poner fin a la representación del Sindicato “Miguel Trujillo López” afiliado a la CTM, por lo que todo indica que a partir de noviembre de este año todos los contratos con la empresa serán individuales hasta que se elija una nueva representación.

El secretario general de la CTM y exsenador del PRI, está con los pelos en punta. Su homólogo, el secretario de Acción Política de CATEM, en una entrevista con Reporte Índigo, dejó en claro que no era una ocurrencia:

“Tiene que ir sucediendo, ya no podemos seguir viviendo con el sindicalismo arcaico, en donde, a oscuras, se arreglaban con el patrón y quienes se decían líderes no eran ni conocidos por los trabajadores. Para muchos resultaba un gran negocio, pero la clase trabajadora se fue marginando de más. De la organización propia de los trabajadores se pueden sacar muchas cosas que no sean siempre a cargo del patrón”.

Coincido. Es trascendental modificar la hegemonía de las centrales sindicales vinculadas al corporativismo de los líderes “charros”. Se requiere fortalecer la democracia laboral.

Pero también acotó: “Que no se entienda que esta libertad es libertinaje y podemos hacer lo que queramos. No, vamos a entrar a un plano de competencias los diferentes sindicatos y centrales obreras”.

Pero no todo es “miel sobre hojuelas”. La política sindical independiente en defensa de los derechos de los trabajadores, es todavía incipiente. Una muestra de ello, es la crisis magisterial que publique la semana pasada, que desafortunadamente nada tienen que ver con la democratización sindical. Por el contrario. Está sujeta aún a la reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto.

Otro caso similar al SNTE, es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo dirigente durante 26 años, Carlos Romero Deschamps, fue pensionado hace dos años, no obstante ser acusado de enriquecimiento ilícito, no se ha elegido un nuevo secretario general hasta ahora, lo que es ilógico, pues dicho sindicato es uno de los más trascendentes para la industria de México.

Recuperar la soberanía y la seguridad energética del país, es uno de los principales objetivos del país. “Nacionalizar la explotación del litio y fortalecer a la CFE frente a la competencia extranjera que “encarece tarifas”, es el objetivo de la reforma energética, anunció el Presidente al Congreso en la conferencia mañanera del sábado 1 de octubre. La explotación de litio sólo compete a los poderes públicos, no a la iniciativa privada nacional y trasnacional.

Como bien informa el periódico de Regeneración de Morena, durante alrededor de 40 años el sector privado y la clase política actuaron en contubernio para enriquecerse con la explotación de nuestras riquezas energéticas.

En ese contexto, el entonces Presidente Felipe Calderón canceló la Compañía de Luz y Fuerza, la cual dijo el muy cínico que “era una empresa cara y poco productiva”, con lo que dejó en desempleo a 44 mil trabajadores.

Para revertir esta privatización del sector energético, el Presidente de la República aprobó el 2 de marzo de 2021, una reforma la Ley de la Industria Eléctrica, para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, que jueces corruptos bloquearon para amparar a empresas privadas alegando “violaciones a la libre competencia”.

En respuesta a ello, AMLO, en la conferencia mañanera del 15 de junio anunció que era necesario consolidar una “reforma total” con blindaje constitucional, para que la CFE se haga cargo del 54% del mercado nacional, que actualmente abastece el 35 por ciento, esto es, 10 por ciento menos que el de la iniciativa privada que cuenta con el 46 por ciento de la energía eléctrica y contratos ventajosos y aumentos constantes de la tarifa del suministro de la luz.

A la par, también en defensa de la soberanía nacional, se reformó la Ley de Hidrocarburos, pare tener que Pemex tenga mayor control al de las empresas privadas y ponga freno a la venta ilegal de combustible robado por huachicoleros.

A la par de esas reformas, se requiere consolidar la democracia laboral, no solo en acatamiento a los acuerdos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sino, sobre todo, a los derechos laborales de los mexicanos, con fundamento en la democracia participativa de los trabajadores.

Veremos y diremos.

Francisco Javier Pizarro

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Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.

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