Hace siete años denuncié por corrupción política a César Horacio Duarte Jáquez. En 2014 no se movía ni una hoja en Chihuahua si no era obedeciendo sus instrucciones. El estado que lleva en los blasones de su escudo el emblema de una “tierra valiente, noble y leal” pasaba por un profundo inmovilismo, en parte por una ciudadanía ausente, en parte por la complicidad de todos los partidos políticos y sus ramificaciones en las instituciones representativas, que no lo eran, y porque la prodigalidad selectiva de la misma corrupción todo lo ablanda y adormece y, en el caso que me ocupa, los medios de comunicación no sonaban y mucho menos tronaban.

La denuncia cimbró al estado, pero de ninguna manera lo galvanizó, generando una insurgencia ciudadana de las dimensiones que debieron darse. Hubo, ciertamente, un gran apoyo pasivo que se reflejaba en una pérdida absoluta de confianza que luego se concretó con la derrota electoral de 2016, luego la de 2018, de las que el PRI ya no ha podido levantarse. Hoy es un partido prácticamente marginal y, además, a las órdenes sumisas del PAN en el poder gubernamental recién instalado.

La búsqueda de justicia en el escándalo Duarte Jáquez se hizo bajo una triple divisa: como una apuesta por el derecho en tiempos de gran deterioro del mismo, la esperanza de que el entramado judicial funcionara y lo que parece una idea peregrina: recuperar lo robado. No faltó que me tildaran de ingenuo y aun de padecer la enfermedad del candor. Pero no había más camino.

Lo dijimos en su tiempo, que los sucesos de Ayotzinapa, y con sobrada razón, opacaron una lucha que inició bajo muy buenos auspicios. En muy breve tiempo nos percatamos de que el viento empezó a soplar en contra del Gobernador caciquil. El hecho mismo de que se hubiera abierto un expediente para encauzar la averiguación, con todo lo elemental que es en cualquier país que haya un rudimentario Estado de Derecho, nos acusaba recibo de que algo se movía en Chihuahua para bien de sus habitantes y ciudadanos.

El expediente engordó exponencialmente para superar 100 tomos debidamente cosidos y empastados de 1000 hojas cada uno. La paja la puso Duarte, la sustancia de la comisión de los delitos corrió a cargo del equipo denunciante. Se demostró que el fideicomiso instituido ante Banorte con 65 millones de pesos jamás se justificó con ingresos legales del matrimonio Duarte-Gómez y que la procedencia de ese dinero era ilícita. La violación, por otra parte, de las leyes bancarias y financieras del país estaba acreditada documental y presuncionalmente.

Cuando escribo esto no me estoy refiriendo a un asunto de dimensiones localistas o de cuantías miserables, si comparamos la suma de dinero que otros afamados escándalos tienen. Lo que quiero subrayar es que la corrupción de César Duarte es significativa porque estaba pensada en grande: aspiró a tener una institución de banca múltiple bajo su absoluto control y la Comisión Bancaria y de Valores le autorizó, contra todo sustento legal, financiero y económico, la creación de un banco en el que el operador para el nacimiento del mismo era Jaime Ramón Herrera Corral que desempeñaba a un mismo tiempo el cargo de estratega para la creación del Banco Progreso de Chihuahua y simultáneamente ser secretario de Hacienda de Duarte y además artífice del uso de recursos fiscales para sus aviesos fines.

Narrar esto tiene para mí el mal sabor de que estamos muy lejos de un Estado de Derecho. Pasamos por la experiencia de varios procuradores generales: Jesús Murillo Karam, que luego cayó en desgracia; después vino la modosita criatura de Televisa, Arely Gómez González, y después el inefable Alberto Elías Beltrán. Tres fiscales y nada. Se pensó que siendo cómplice de César Duarte, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón, Luis Videgaray y Jaime González Aguadé, era natural que así pasara.

Luego algunos conjeturaron, y no me cuento entre ellos, que llegando Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y Gertz Manero a la novísima Fiscalía, todo sería diferente. Pero, nada, todo ha seguido igual.

Difícil es luchar contra la corrupción política, pero todo será peor si no lo hacemos con autenticidad.

A siete años, cuatro con Peña Nieto y tres con López Obrador, estamos donde mismo. En cambio, a César Duarte parece que la suerte le sonríe. Veremos.

24 septiembre 2021

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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