El Centro Prodh señaló que las familias demandan la verdad soportada en evidencia y en nuevas acusaciones, no sólo en una nueva narrativa y reiteró que se debe investigar con decisión a las altas autoridades del sexenio pasado, quienes decidieron cerrar el caso bajo la llamada la «verdad histórica».
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo/EFE).- A tres días de cumplirse siete años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, el Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos en México, sentenció que aún hay seis grandes pendientes en el caso, como el esclarecimiento de los hechos y el paradero de todos los estudiantes.
Mediante un comunicado, el Centro Prodh advirtió que las autoridades deben priorizar la investigación sobre la desaparición, así como intensificar la búsqueda y determinar responsabilidades penales de «perpetradores».
Además, enfatizó que las familias demandan la verdad soportada en evidencia y en nuevas acusaciones, no sólo en una nueva narrativa. Y agregó que incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que su compromiso con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa «está incumplido».
En ese sentido, el organismo pidió investigar con decisión a las altas autoridades del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quienes tomaron la resolución política de cerrar el caso bajo la llamada la «verdad histórica», sin que hubiese evidencia científica para ello.
Asimismo, reiteró que se deben consolidar nuevas acusaciones en contra de perpetradores de la desaparición forzada identificados con prueba lícita y contra actores privados que se encuentran en libertad debido a las irregularidades de la investigación anterior.
También refirió que se deben ejecutar todas las órdenes de aprehensión pendientes, incluyendo a los prófugos de las acusaciones de 2015 y de las presentadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). E indicó que las autoridades deben acelerar la rendición de cuentas del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, considerado uno de los autores claves de la hipótesis de que los restos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, una versión cuestionada por familiares y por la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En cuanto a la información relacionada con la investigación, el Centro Prodh pidió evitar su continua filtración, pues advirtió que «repite patrones de desinformación y revictimización a las familias; pone en riesgo el sigilo de la investigación y el uso de las pruebas ante instancias judiciales, y alerta a probables responsables».
Otro de los pendientes que el Centro destacó fue el resolver los graves retrasos en la asistencia victimal y las cargas desproporcionadas de requisitos impuestos a las víctimas, debido a los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y al desmantelamiento de sus mecanismos presupuestales. «Máxime considerando que dos padres han muerto durante la pandemia», recordó.
Por último, el Centro Prodh recordó que en México las desapariciones continúan y dijo que no son sólo una herencia del pasado, sino que son más de 90 mil desaparecidos, de los cuales 20 mil han sido en la actual Administración, esto, aclaró, «porque en el país se violan derechos humanos».
Este jueves, familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y estudiantes iniciaron las protestas en Ciudad de México con motivo del séptimo año de la tragedia que se cumplirá el próximo domingo. Centenares de estudiantes acompañaron a los familiares ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde entró un comité y el resto tapiaron la puerta principal con láminas de metal de manera simbólica exigiendo que se encuentre a sus compañeros.
«El Gobierno nos obliga a protestar ya que él ha sido injusto durante estos años. (…) Este Gobierno da falsas esperanzas. Han hecho nada más mentiras con estas pobres familias», pronunciaron los estudiantes ante la Fiscalía mientras lanzaban gritos reclamando la «aparición con vida» de sus 43 compañeros desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Después de varias horas de reunión con autoridades de la Fiscalía, los familiares comunicaron que reclamaron que se «ejecuten las órdenes de aprehensión (detención) pendientes» pero que fue poca la información que les proporcionaron.
El viernes los familiares de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa se reunirán con el Presidente López Obrador, para conocer los avances en la investigación y hacer sus reclamos a las autoridades.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.
