López Obrador quiere regularizar millones de automóviles “chocolate” en México, aunque autoridades federales investigan a un “cartel aduanal” que se habría enriquecido con ellos.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Francisco Sandoval Alarcón y Marco Tulio Castro
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– En México hay una nación “chocolate”.
Una nación con millones de vehículos ilegales que son conocidos como “chocolate” que contaminan y sirven a delincuentes.
En México hay quienes llaman “chocolate” o “chueco” a lo ilegal.
La industria automotriz calcula que estos autos tienen un promedio de 13 años, circulan sin placas y carecen de certificados ambientales.
La mayoría no cumplen con las condiciones mecánicas y entraron a México de contrabando, o con un amparo para evitar revisiones y aranceles.
Unos entraron regulados al país, pero su permiso venció y ahora están de contrabando.
Muchos autos chocolate no son aptos para circular porque fueron rescatados de accidentes o inundaciones en Estados Unidos y Canadá, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Son cinco veces más baratos que un auto nuevo y se venden en efectivo, según anuncios publicados en medios de comunicación en los que promocionan su venta.
En México se popularizaron por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) que facilitó adquirir autos usados fabricados en Estados Unidos y Canadá.
Pero entre 2008 y 2013, una quincena de empresas ganaron amparos contra leyes y tarifas nacionales para importar autos usados a escalas nunca antes alcanzadas.
“Aquí en la frontera hicimos un negociazo con eso”, admitió el comerciante de autos Andrés Trillo.
Esta es la historia de la nación chocolate y de cómo un pequeño grupo que amasó fortunas es investigado.
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No todo es caos y destrucción en la nación chocolate.
Familias desplazadas por la violencia en México los usan como transporte humanitario para cruzar a Estados Unidos.
Son baratos y fáciles de conseguir en el mercado, y algunos migrantes los compran para llegar a suelo estadounidense buscando asilo humanitario.
“Tres primos míos se aventaron así, en carro. Y un tío con su familia también en carro. Y por eso fue que nosotros dijimos vámonos en carro”, dijo un desplazado que pidió anonimato y quien ha intentado cruzar dos veces por una de las garitas de Tijuana.
El desplazado huyó con su familia de Sinaloa, donde narcotraficantes se pelean comunidades en la sierra que comparten con Durango y Chihuahua, el Triángulo Dorado.
Irónicamente, los narcotraficantes usan autos chocolates para aterrorizar a familias que huyen, prácticamente, con lo que traen puesto.
Hace dos meses el sinaloense compró en Tijuana dos autos chocolate en 1,600 dólares, pero las dos veces policías de migración lo descubrieron y en México le confiscaron los carros.
Alejandro y su familia son otros desplazados, pero por la violencia en Michoacán.
Llegó a Tijuana y compró un Ford Focus, 2001, para llegar a EU y pedir asilo.
“La situación está muy fea, por eso nos fuimos”.
Los migrantes compran carros chocolates porque creen que las probabilidades de llegar a suelo estadounidense son mayores en auto que si lo hacen a pie, o contratando traficantes.
En agosto, Alejandro y varios paisanos compraron una runfla de autos chocolates de 800 dólares, y se formaron en la garita de San Ysidro.
No recuerda cuántas familias alcanzaron a pedir asilo, “pero éramos varios”, dijo.
Los agentes de migración los entrevistaron y los regresaron a México, sin sus autos.
No está claro cuántos migrantes usan estos autos para ingresar a Estados Unidos.
“No podríamos proporcionar esos números porque se consideran sensibles para las fuerzas del orden público”, respondió por correo electrónico la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Entre mayo y agosto, la policía de Tijuana remolcó 712 autos en la garita de San Ysidro, en operativos de apoyo a autoridades migratorias, aunque la policía no supo decir cuántos fueron usados para buscar asilo.
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En la frontera norte de México la nación chocolate se instauró con la presunta corrupción en las aduanas, algunos jueces y un nicho de empresarios millonarios.
En abril, la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) reveló la existencia de un cartel aduanal en Baja California, que introdujo autos, armas y otras mercancías a México, en presunto contubernio con funcionarios que ya fueron separados de sus cargos.
Uno de los investigados es el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, con patente 1656.
Ruiz está ligado a una de las 14 empresas que, una década atrás, ganaron al menos 18 juicios de amparo para importar autos a menor costo y sin algunos requisitos.
Por esos amparos, nueve jueces y secretarios fueron destituidos, según documentos oficiales consultados para este reportaje.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que jueces y secretarios actuaron con “ineptitud” y una “manifiesta desviación de la legalidad”.
Con los amparos se importaron vehículos con hasta 15 años de uso que quedaron exentos de un arancel de 10 por ciento, previsto en el decreto de 2008, y se les eximió de cumplir la Norma Oficial Mexicana 041 de medio ambiente, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes de los autos que usan gasolina, de acuerdo a las sentencias judiciales.
Cálculos de la AMDA estiman que entre 2009 y 2014, cuando funcionaron los amparos (el último se dio en 2013 pero siguieron activos un año más), se importaron por esa vía unos 2.3 millones de autos.
Finalmente los autos fueron importados y en la actualidad su estatus es legal en México (ya sea porque aún circulan o porque se encuentren en alguna chatarrera o yonke).
Sin embargo, la AMDA los sigue considerando “chocolate” porque ingresaron al país con los amparos otorgados por los jueces destituidos.
“Los amparos no sólo provocaron un fuerte daño al fisco, sino también hubo una afectación al medio ambiente y a las condiciones de seguridad de la población”, dijo Guillermo Rosales, director de la AMDA.
La UIF sospecha que, recientemente, una de las empresas de Ruiz Armas ganó 161 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), por la introducción de autos y armas.
El agente aduanal Ruiz dijo que “es totalmente falso” que pertenezca a un cartel aduanal.
“Jamás se han detectado armas en una importación realizada por el suscrito”, dijo en entrevista.
Sobre las operaciones del cartel, la UIF dijo: “El principal foco del negocio es permitir la introducción de bienes a precios falsos o de plano ilícitos”.
El cartel presuntamente está integrado por cuatro exadministradores de aduanas y Ruiz.
Los exadministradores señalados por la UIF son Alejandro Miramontes Armenta, David Pérez Tejada, Raymundo Jiménez Lázaro y María Viridiana Soria Amador.
Los últimos tres ya fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, bajo el expediente FED/FECC-BC/777/2020.
Se les investiga por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Pérez Tejada dijo en entrevista para este reportaje que en las aduanas donde trabajó no se importaban autos y que no ha sido requerido por ninguna autoridad.
Raymundo y María Viridiana no respondieron a solicitudes de entrevista para este reportaje.
La UIF en su investigación presume que “todos ellos fueron nombrados o confirmados por Peralta en sus posiciones con la intención de que continuarán operando los esquemas de corrupción de los que Peralta presuntamente se habría beneficiado”.
El supuesto “capo” es Alejandro Miramontes, exadministrador de aduanas en Torreón, Ciudad Juárez y Mexicali, de acuerdo con la investigación federal.
Miramontes no ha sido denunciado por estos hechos, pero la UIF planea presentar la denuncia, informó la institución en consulta oficial para este reportaje.
Entre 2004 y 2019, Miramontes Armenta habría participado en operaciones financieras superiores a los 261 millones de pesos, según documentos públicos, pero en sus declaraciones patrimoniales como funcionario sólo reportó créditos por 600 mil pesos.
Miramontes no respondió a dos solicitudes de entrevista.
El exfuncionario Ricardo Peralta dijo en entrevista que desconoce la investigación. “Tengo un año que salí del servicio público y no he sido notificado”.
Investigadores de la UIF no descartan que en aduanas como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, actuaran igual que el cartel aduanal de Baja California.
Hay por lo menos 17 denuncias abiertas contra exfuncionarios aduanales en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, confirmó la institución.
Hoy, las aduanas son administradas por militares, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la creación de la Agencia Nacional de Aduanas.
“Tenemos que combatir el contrabando (...), la introducción de drogas, la evasión fiscal, y limpiar todas las aduanas del país”, dijo el presidente en una conferencia en julio.
Hay señales encontradas en la postura del Presidente López Obrador.
En junio recibió en Palacio Nacional a una comitiva del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para gestionar recursos y hablar de economía, según la minuta.
El único empresario presente fue el importador Ulises Ramírez Loya.
En 2014, importadores protestaron contra él acusándolo de controlar la introducción de autos en las aduanas de Tijuana mediante esquemas de corrupción.
“Es ilógico que alguien controle las aduanas, para eso existe la autoridad”, dijo Ulises en entrevista.
Dos semanas después del encuentro en Palacio Nacional, el Presidente anunció que crearía un programa para regular los autos chocolates.
También al agente aduanal con patente 1778 Arturo Pérez Behr, ha sido acusado de controlar importaciones de autos por las aduanas de Baja California.
“Son difamaciones y calumnias. En 20 años de trabajo, no he sido requerido”, dijo Arturo en entrevista.
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Pero la nación chocolate no parece tener límites. Un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados reveló el crecimiento de estos autos en los últimos 29 años.
De 600 mil autos chocolate que circulaban en 1992, la cifra pasó a 18 millones en 2019.
Esto representa el 36 por ciento del parque vehicular nacional que el Inegi reportó en 50.5 millones de autos hasta 2019.
Y en cuanto al perfil de los conductores de la nación chocolate, la mayoría son personas “humildes”, según el Presidente Lopez Obrador.
“Las empresas que venden carros (nuevos) no te dan la posibilidad de adquirirlo”, dijo Héctor Velázquez, un obrero de la construcción en Tijuana y propietario de dos chocolates.
Velázquez dijo que es más fácil y seguro viajar en uno de estos autos que en el transporte público de Tijuana.
“El transporte está deplorable, no tienen ventilación, son camiones tercermundistas”.
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En la nación chocolate hay autos de lujo afiliados a asociaciones como Anapromex, por unos 75 dólares americanos.
Estas organizaciones ofrecen un amparo colectivo y engomados para no ser confiscados por estar de contrabando en el país.
En la frontera norte los autos cuyos dueños pagan sus registros vehiculares y afinaciones se mezclan a diario con choferes de la nación chocolate.
Es fácil encontrar oficinas de organismos como Anapromex, y anuncios de venta de chocolates, que también son usados por criminales.
En Baja California, cuyas ciudades fronterizas con California y Arizona son la entrada a México de chocolates, 8 de cada 10 homicidios y secuestros se cometen en estos autos.
Aparte, están involucrados en decenas de asaltos y accidentes de tránsito.
“Según la Fiscalía hablan de un 85 por ciento de los delitos”, afirmó Alejandro Velasco, director del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec) en Baja California.
En Mexicali, en diciembre pasado, se reportó un violento asalto donde los delincuentes huyeron en un BMW con engomados de Anapromex.
En agosto, la señora Sandra Garayzar tuvo un percance automovilístico en Tijuana, con la conductora de un carro de la nación chocolate.
“Simplemente no quiso dar nombre, se fue diciendo que no era problema de ella”, comentó la señora.
Para las empresas de seguros, los vehículos chocolates también son un problema.
“Ni siquiera el carro se puede embargar, porque legalmente no está en el país”, aseguró un agente de seguros en Mexicali quien solicitó mantener reservada su identidad.
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En Baja California, donde la nación chocolate cuenta con 800 mil carros según diversas estimaciones, el gobierno busca regularizar autos con hasta 21 años de uso.
Para ello aprobaron una ley que penaliza “hasta por 9 años de prisión a personas u organizaciones que regularicen” los chocolates, y crea el Invec.
El Invec inscribe los chocolates en un padrón por mil pesos (unos 50 dólares), para luego regularizarlos de forma definitiva por cinco mil pesos (unos 250 dólares), dijo el director.
Al cierre de edición, eran 52 mil los vehículos registrados.
El gobierno local espera que el presidente anuncie este mes un decreto para regularlos.
“El decreto es para los autos que ya circulan (En México), no se está hablando de temas de importación, es solamente para vehículos que ya circulan”, dijo Velazco.
Baja California verificará ambientalmente todo auto que circule en la entidad.
Con lo recaudado planean invertir en temas sociales y ambientales, aunque no contemplan recursos para indemnizar víctimas de conductores de chocolates. “Se va a destinar cierta parte a temas de salud, educación y seguridad”, agregó el director de director del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación
Aunque en la nación chocolate no existen leyes, el plan estatal no contempla regular coches de modelo reciente o deportivos, como los amparados por Anapromex.
La última decisión es de López Obrador, que regularía con un decreto a los autos chocolates que han causado víctimas y contaminación, pero también han sido el sustento de familias.
“Mientras yo voy a andar así, hasta donde tope, porque tengo que moverme”, dijo Héctor Veázquez, obrero de la construcción que recorre Tijuana en su auto chocolate.
