La Fiscalía General de la República solicitaría la colaboración de Interpol para localizar y detener al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a la conductora de televisión Inés Gómez-Mont por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y desvío de recursos.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) podría pedir fichas rojas, que son una solicitud a la Interpol para emitir órdenes de localización y captura internacionales, en contra del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez-Mont por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
De acuerdo con el medio Animal Político, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene reportes de inteligencia que indican que la pareja se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera como prófugos de la justicia.
Este 10 de septiembre se dio a conocer que, por pedido de la FGR, un Juez del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de la conductora y su marido por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según autoridades ministeriales, citadas por Animal Político, la Fiscalía argumentó que la orden de arresto sería necesaria para garantizar que los presuntos implicados se presentarían a los citatorios debido a que tienen un amplio poder económico y capacidad de movimiento.
En dado caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos por el cumplimiento de la ficha roja, podrían enfrentarse a un proceso de extradición cuya duración dependerá del país donde sean detenidos.
SEGOB OCULTÓ CONTRATOS
El medio Animal Político también reveló que un día antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) reservó durante cinco años los contratos adjudicados a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que está vinculada a la pareja Gómez-Mont y Álvarez Puga y es investigada por las autoridades federales por presuntas actividades de desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.
Esta investigación estaría relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a cargo de la Segob, a dicha empresa para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia por un costo de dos mil 950 millones de pesos.
El argumento bajo el cual el Comité de Transparencia justificó la reserva de información fue motivos de seguridad nacional, por lo que no se entregó siquiera una versión pública de los contratos que omitiera datos sensibles o datos personales.
“En ese sentido, al proporcionar la documentación que se solicita se estaría divulgando información de carácter sensible, que fue necesaria revelar al proveedor para llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, tales como normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y características y especificaciones de equipo útiles para la generación de inteligencia para la seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), así como la distribución, ubicación e instalación en zonas estratégicas de dichos bienes dentro del Centro. Asimismo, se darían a conocer los procedimientos y normas de seguridad que son necesarios llevar a cabo para tener control en el acceso, permanencia y salida de personas y de sus pertenencias, como son la revisión y registro en los Ceferesos, incluso en las áreas restringidas, así como las medidas que permiten mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los mismos”, sostuvo la resolución citada por Animal Político.
“Al hacer pública la información relativa a los servicios de inteligencia a realizarse, sus alcances, las fechas propuestas para su inicio y terminación, así como los datos específicos y técnicos de los equipos útiles para la generación de inteligencia, se podría prestar a que cayera en manos de organizaciones criminales, quienes al identificar al proveedor y entablar cualquier tipo de comunicación con sus representantes, tengan acceso a la información específica del proyecto y conozcan los puntos vulnerables en los sistemas tecnológicos de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, potenciando con ello una amenaza a las instalaciones de los Centros Penitenciarios, mediante sabotajes, evasión o ataques que debiliten o anulen las acciones y pronta reacción del personal de custodia y seguridad penitenciaria del Cefereso, poniendo en peligro la vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de los visitantes y de los servidores públicos que se encuentran en los mismos, vulnerando con ello la Seguridad Pública y Nacional”, concluyó la resolución de reserva.
CASO GÓMEZ-MONT
De acuerdo con información del periódico El Heraldo de México, Gómez Mont se había visto involucrada en este problema desde el 2016 por aparente enriquecimiento ilícito. La también actriz evitó anteriormente un juicio por evasión fiscal al pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 10 millones 967 mil pesos por contribuciones omitidas.
El 3 de junio pasado, una jueza federal concedió un amparo a la conductora para evitar que la FGR ejerciera acción penal en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La juzgadora determinó entonces que la dependencia fue omisa en señalar las pruebas que se habían desahogado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017.
La denuncia contra Gómez Mont por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita detonó cuando las autoridades detectaron que en el ejercicio fiscal de 2016 tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), detalló el diario Milenio.
Luego de esa denuncia, en 2018 la conductora pidió la intervención del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de alcanzar un acuerdo reparatorio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En noviembre de ese mismo año se acordó que la conductora de televisión debería pagar 10 millones 967 mil 907 pesos “por concepto de contribuciones federales omitidas” para arreglar la demanda. Sin embargo, el 16 de enero de 2019, el Ministerio Público Federal dictaminó que con ese monto no se había cubierto la totalidad del daño que sufrió la SHCP y se le exigió pagar 2 millones 604 mil 537 pesos más.
